Reforma Procesal Laboral: avanzan las consultas, sin representantes de los trabajadores
La Cámara de Diputados de Entre Ríos continúa el análisis del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley Nº 5.315, Código Procesal Laboral. La consulta hasta ahora incluye a organismos vinculados con los riesgos del trabajo, entidades profesionales y empresarias, pero no se informó la participación en esas instancias de sectores que representen a los trabajadores.
En el análisis de la Reforma Procesal Laboral, la composición de las reuniones adquiere relevancia porque algunos de los cambios propuestos podrían incidir en los reclamos judiciales de los trabajadores, como la eliminación del depósito previo del capital de condena para que los empleadores puedan apelar una sentencia y modificaciones en los honorarios de peritos y auxiliares de justicia.
Hasta el momento se llevaron adelante dos reuniones de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena.
Primera reunión de comisión
En la primera, realizada el 14 de octubre, participaron representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), del Instituto de Derecho del Trabajo de esa entidad y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer), además de funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Diputados.
El Cpceer expuso sus objeciones a los cambios previstos para los honorarios de los peritos contadores. La entidad pidió revisar la modificación del artículo 39 para preservar la valoración del trabajo profesional y las garantías de cobro de quienes intervienen en los procesos judiciales.
Desde el ámbito de la abogacía también se incorporaron aportes profesionales al análisis de la reforma. En esa instancia, el director del Instituto de Derecho del Trabajo del CAER, José Ruiz, participó junto con el presidente de la entidad, Santiago Esquivel.
Por el Poder Ejecutivo intervinieron funcionarios del área legal de la Gobernación. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, había sido invitado, pero no pudo asistir por razones de agenda.
Segunda reunión de la comisión
La segunda tuvo lugar el martes 20 de octubre, cuando expusieron la presidenta del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Myriam Clerici; la jefa de Asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Carolina Díaz; y el gerente de Administración de Comisiones Médicas, Ignacio Subizar. También participó Mauricio Benitende, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP).
Clerici respaldó la reforma porque, según sostuvo, permitiría reducir las diferencias entre respuestas judiciales ante situaciones de siniestralidad similares. Subizar, por su parte, planteó la necesidad de crear un cuerpo de peritos especializados en valoración del daño.
Los representantes vinculados con el sistema de riesgos del trabajo pusieron el foco en la litigiosidad por accidentes laborales y enfermedades profesionales, los criterios para determinar incapacidades y las diferencias en el cálculo de las indemnizaciones. El objetivo que defendieron es avanzar hacia evaluaciones médicas más uniformes y criterios técnicos comunes.
Entidades empresarias respaldaron el proyecto
Antes de estas reuniones, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) habían expresado su respaldo a la iniciativa.
Las entidades consideraron que la reforma puede contribuir a una justicia más previsible, con criterios técnicos claros y mayor seguridad jurídica. También apoyaron la creación de un cuerpo de profesionales médicos dentro del Poder Judicial y los cambios en el sistema de honorarios periciales.
En relación con las apelaciones, defendieron la eliminación de la exigencia de garantizar previamente la totalidad de la condena, al sostener que ese requisito puede dificultar el acceso a una revisión judicial para pequeñas y medianas empresas. A la vez, señalaron la importancia de preservar mecanismos que aseguren el cobro de los créditos laborales.
Advertencias de abogados y contadores
distintos actores cuestionaron aspectos de la reforma, especialmente por sus posibles consecuencias para los derechos de los trabajadores y el acceso a la Justicia.
En diálogo con Página Gremial, el abogado laboralista de Paraná Alfredo Britos sostuvo que la iniciativa se inscribe en un proceso de cambios normativos que perjudica a los trabajadores. Entre otros puntos, advirtió que la modificación de los honorarios de los peritos podría desalentar la participación de profesionales y dificultar la producción de pruebas necesarias para acreditar accidentes, enfermedades laborales e incapacidades.
Por su parte, José Ruiz, presidente del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, cuestionó la eliminación de la garantía de cobro que representa el depósito previo del capital de condena. Señaló que el cambio podría dejar desprotegidos a trabajadores que obtuvieron una sentencia favorable y deban esperar la resolución de una apelación.
Además, rechazó que la litigiosidad laboral se explique por una supuesta industria del juicio. Sostuvo que una de sus causas centrales son los incumplimientos patronales, como la falta de pago de indemnizaciones o la registración deficiente de las relaciones laborales.
Los cuestionamientos también alcanzaron a los honorarios de los peritos contadores. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer) objetó el límite en la regulación de honorarios. La entidad advirtió que podría desalentar la inscripción de profesionales en las listas judiciales y generar demoras en la producción de pruebas.
El gobierno defiende los cambios
Desde el Gobierno provincial, en cambio, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, defendió la iniciativa con el argumento de que busca reducir la litigiosidad, unificar criterios para determinar incapacidades y evitar que los costos de los procesos pongan en riesgo la continuidad de pequeñas y medianas empresas.
También sostuvo que el acceso a la apelación no debería depender de la capacidad económica del empleador y afirmó que la reforma apunta a mejorar la imparcialidad de las pericias.
La voz de los trabajadores, pendiente
Entre los sectores mencionados en las reuniones y en la información acerca de próximas convocatorias, no aparecen representantes de sindicatos ni organizaciones que intervienen en defensa de los trabajadores en los conflictos laborales.
Para el próximo encuentro, cuya fecha aún no se dio a conocer, se convocó a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (Amfjer), el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (Cieer), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y el Centro Comercial e Industrial de Paraná.
Redacción Página Gremial