La organización sindical señaló que la crisis pone en riesgo una de las principales fuentes laborales de la zona y remarcó que tanto los trabajadores despedidos como quienes todavía permanecen vinculados a la empresa deberán presentarse como acreedores para reclamar los salarios, indemnizaciones y demás obligaciones pendientes.

“Estamos conociendo la noticia que no queríamos conocer: convocatoria de acreedores a empresas del Grupo Granja Tres Arroyos, lo que significaría el cierre definitivo de nuestra principal fuente laboral en Concepción del Uruguay y la región”, expresó el MOSU.

Trabajadores a la espera de cobrar

Desde el movimiento obrero señalaron que la convocatoria de acreedores abre un proceso judicial en el que los trabajadores deberán disputar el reconocimiento y cobro de las deudas laborales junto con el resto de los acreedores.

El MOSU puso el foco en los tiempos de ese procedimiento frente a la urgencia que atraviesan las familias. Advirtió que los trabajadores ya llevan meses sin contar con ingresos suficientes para sostener sus hogares y que los plazos judiciales no se corresponden con esas necesidades inmediatas.

“La convocatoria de acreedores significa que los trabajadores despedidos y no despedidos serán un grupo más de acreedores que deberá cobrar sus deudas”, planteó la organización.

Para el MOSU, el problema no termina en los puestos de trabajo que se pierden dentro de la empresa. La caída de la actividad avanza sobre los ingresos de las familias trabajadoras y repercute sobre otros sectores de la economía local.

Una crisis que golpea a toda la región

El movimiento obrero sostuvo que la crisis de la actividad avícola tendrá consecuencias sobre el comercio, la construcción y otras actividades que dependen del movimiento generado por la industria.

“Industria que genera riqueza y mueve la economía, trasladando su actividad al comercio y a la construcción”, señaló el comunicado.

En ese sentido, el MOSU advirtió que el deterioro de la actividad productiva termina impactando primero sobre los trabajadores, a través de despidos, suspensiones y pérdida de ingresos, y luego sobre el conjunto de la economía regional.

Reclamo por trabajo y producción

La organización atribuyó la crisis a un modelo económico que, según planteó, deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores y reduce el consumo interno. Desde esa perspectiva, cuestionó que la caída del consumo termine afectando a las empresas y profundizando la pérdida de puestos de trabajo.

El MOSU también vinculó la situación de Granja Tres Arroyos con el deterioro de las condiciones de vida de trabajadores estatales, docentes, jubilados y otros sectores, además del abandono de obras y servicios públicos.

Ante este escenario, llamó a los trabajadores y a las organizaciones sociales y sindicales a sostener una respuesta colectiva frente a la pérdida de empleo y el deterioro de los ingresos.

“Nadie se salva con este modelo”, sostuvo el MOSU, que reclamó organización y resistencia frente al avance de la crisis sobre el trabajo y la producción.

Redacción Página Gremial

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La movilización comenzó hacia los tribunales y concluyó frente a la Municipalidad, donde los manifestantes reclamaron el pago de indemnizaciones, salarios atrasados, aguinaldos y vacaciones adeudadas, cuotas alimentarias, además de exigir la reapertura de la planta para retomar sus tareas.

En tanto, algunos de los manifestantes, entre ellos el delegado Maximiliano Zalazara, se encadenaron en la explanada del Centro Cívico para visibilizar la gravedad de su situación y reclamar respuestas de la Justicia y del intendente José Eduardo Lauritto.

Familias desesperadas

La paralización de las actividades de Granja Tres Arroyos comenzó el pasado 22 de mayo, dejando a unos 950 empleados en la calle. Hacia fines de agosto, envió unos 470 telegramas de despido.

El drama social que atraviesan los damnificados se ve reflejado en sus propios testimonios. Durante la concentración, los operarios manifestaron su desesperación ante meses de abandono por parte de la patronal.

«Hemos dejado la vida por Tres Arroyos, y ahora hace 4 meses que ni nos hablan, ni nos atienden. Empezaron a mandar telegramas de despidos, y en el medio, la gente que está sin cobrar desde mayo, está desesperada», expresaron a medios locales.

En el diálogo cara a cara con el intendente Lauritto, un trabajador lo interpeló: «Si el dueño es dueño, nos quiere echar, perfecto, nos echa. Pero ¿cómo no la Justicia, por qué no intima que nos paguen?», cuestionando el rol judicial en el conflicto.

En el mismo tono, le preguntaron: «Usted es un hombre de la Justicia, ¿qué nos sugiere? ¿Qué nos aconseja?». Los damnificados resumieron su reclamo afirmando que «en este momento necesitamos cualquier ayuda. Son demasiadas familias en una situación de angustia absoluta».

Mediación y advertencia

El intendente José Eduardo Lauritto salió a hablar con los manifestantes, Tras mantener este encuentro, los trabajadores que se encontraban encadenados decidieron levantar la medida de protesta.

Lauritto asumió un compromiso activo para mediar ante los propietarios de la empresa: «La situación es muy delicada, estamos a disposición para intentar gestiones, yo mismo intentaré dialogar con los empresarios hoy mismo para trasladar este reclamo genuino: saber si van a recibir el dinero que les corresponde», sostuvo el jefe comunal.

El intendente reconoció el impacto que la crisis de GTA produce a nivel local. «La empresa atraviesa severas dificultades financieras (…) Acá no se trata de buscar excusas y justificaciones o explicaciones macroeconómicas».

Hay 930 familias que quieren saber cómo van a comer hoy, cómo van a pagar sus cuentas hoy, y eso afecta a toda la economía de la ciudad».

A su vez, Lauritto advirtió a los trabajadores sobre la posibilidad de que la empresa ingrese en un proceso de concurso de acreedores, señalando que ese escenario complicaría los plazos de cobro: «Yo creo que ellos donde entren en concurso (…) va a invalidar todo pago».

Módulos alimentarios

Este miércoles comenzó el envío de módulos de comida destinados a los empleados nucleados en el Sindicato de la Alimentación, alcanzando a aproximadamente 700 trabajadores. Para este jueves está previsto que continúe la distribución con la llegada de nuevos módulos para los afiliados de los sindicatos de la Carne y de Molineros.

Por su parte, el Gobierno de Entre Ríos continúa implementando un esquema de contención y asistencia económica y social para las familias damnificadas.

Esta ayuda se suma al otorgamiento de subsidios de $200.000 para los trabajadores afectados, una tarifa eléctrica diferenciada, la refinanciación de las deudas contraídas con la empresa Enersa y beneficios fiscales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor correspondientes al año 2026.

Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que mantienen un acompañamiento permanente mediante el Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Secretaría de Trabajo para gestionar alternativas frente a la emergencia.

Paralelamente, destacaron la medida de embargo dispuesta sobre los dueños de Granja Tres Arroyos, argumentando que este instrumento busca determinar y delimitar las responsabilidades empresariales en el conflicto, diferenciándolas de las acciones de asistencia de emergencia que sostiene el Estado.

Redacción Página Gremial

con información de La Pirámide

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Durante el periodo que abarca desde el lunes 3 de agosto y hasta el domingo 30, “inclusive”, en Pilar no se harán actividades operativas ni de faena. Con la suspensión con goce de sueldo, los trabajadores solo percibirán 65% del salario.

La medida fue votada por los mismos trabajadores como una manera desesperada de salvar la fuente de trabajo, tras un acuerdo entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA).

En tanto, los trabajadores de la planta ex Cresta Roja de Esteban Echeverría que hoy controla la firma Wade, subsidiaria de GTA, que venían de un esquema rotativo con 200 operarios desde abril, tendrán vacaciones forzadas. Solamente realizarán tareas cinco personas de Recursos Humanos y dos empleados del kiosco. Al plantel se le adeudan dos meses de sueldos y el aguinaldo, a lo que se agrega el pago en cuotas.

Concepción del Uruguay: incertidumbre e incomunicación

“No hay nada concreto, solamente parches”, definió el secretario general del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, Sergio Vereda, al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), respecto a la situación de los 930 trabajadores de la planta La China.

Si bien se valoraron las gestiones que realiza el gobierno provincial, hay mucha desazón entre los trabajadores que aguardan la reactivación de la planta, o al menos cobrar los sueldos adeudados.

El sindicalista deslizó que “la foto es la foto” pero el auxilio económico solo alcanzó a 40 operarios. De la reunión con el gobernador sacó en claro que se están buscando inversores pero el trabajador debe seguir esperando. En ese marco, lamentó que ningun representante de la empresa acudió luego de dos meses de conflicto y 930 familias que lo están pasando realmente muy mal.

Con la empresa ausente tras dos meses de conflicto y una cadena avícola «cortada», los trabajadores enfrentan entrevistas sociales inquisitorias por parte de asistentes sociales para acceder a recursos mínimos, dijo en referencia al pago de una ayuda de $200.000.

“Los trabajadores estaban muy molestos por esa entrevista que se les hizo porque parecía que los investigaban y hasta les preguntaron cuántos baños tenían en la casa, cuántas habitaciones. Es muy difícil porque el trabajador la está pasando mal y venir a una entrevista, cuando tenemos los CBU de todos los trabajadores y demás datos”, argumentó.

Ante un Estado nacional ausente y sin planes de contingencia, como el Repro, el sector se siente «a la deriva» y teme represalias por visibilizar su desesperante situación, según expresó Vereda. “Lo que la gente necesita es saber si va a tener continuidad laboral”, expresó.

Falta de comunicación

Por su parte, Maximiliano Zalazar, delegado de la empresa en Concepción del Uruguay, denunció una preocupante falta de comunicación e integración tras la asunción de la nueva gestión gremial en Alimentación, señalando que los trabajadores deben informarse por medios externos o canales propios ante la desaparición de las asambleas informativas conjuntas que se realizaban junto al Sindicato de la Carne.

En ese sentido, aseguró que los trabajadores perciben una falta de transparencia en las negociaciones y el manejo de la ayuda estatal, que llega de forma dispar entre los sindicatos de la Alimentación y de la Carne.

GTA demandada

Al conflicto laboral en GTA, también se le suman demandas impulsadas por empresas proveedoras de bienes y servicios por lo que la firma enfrenta una creciente presión judicial por parte de acreedores y proveedores, mientras intenta cerrar una compleja negociación para reestructurar una deuda estimada en 350 millones de dólares.

En medio de estas negociaciones hay varias presentaciones judiciales que solicitan la declaración de quiebra. Entre éstas la de una firma proveedora de insumos que reclama más de $133 millones de una deuda por cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.

Hay también un reclamo de Prevención ART, que exige el pago de más de $4.200 millones correspondientes a cuotas adeudadas por la cobertura de los empleados entre octubre de 2024 y marzo de 2026, e intereses por mora.

En la lista también se agregan proveedores de indumentaria y elementos de seguridad industrial, má s empresas de logística y almacenamiento frigorífico que reclaman facturas impagas por servicios prestados.

Según datos del Banco Central, la empresa acumula más de 3.200 cheques rechazados por un valor superior a los $54.300 millones. A lo que se suman centenares de cheques sin fondos emitidos por sociedades vinculadas al grupo empresario.

Redacción: Pagina Gremial

Con información de Radio Plaza y La Pirámide

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Por otra parte, y a falta de respuestas del grupo empresario, solicitaron al Sindicato de Industrias de la Alimentación (STIA) activar el Fondo de Huelga, un palitaivo económico que se destina durante las medidas de fuerza por sueldos cesantes.

Maximiliano Zalazar, trabajador de la empresa adelantó a medios locales que, si desde el STIA no activan el mecanismo, los propios empleados organizarán y administrarán un fondo solidario.

Qué es el fondo de huelga

Se trata de un fondo financiero solidario creado y administrado por las organizaciones sindicales para sostener económicamente a los trabajadores durante un conflicto laboral. Su objetivo es mitigar el impacto de los descuentos salariales por los días no trabajados o descontados.

En Argentina, este instrumento es de naturaleza sindical y no está tarifado ni regulado de manera específica en la legislación laboral, sino que se ampara en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (Art. 14 bis) y la Ley de Asociaciones Sindicales (Nº 23.551).

En su artículo 5, inciso «d», esta norma contempla el derecho de los sindicatos a adoptar medidas de acción directa. El fondo de huelga es la herramienta gremial para ejercer y sostener dicha acción sindical. Cada sindicato, en sus estatutos y convenios colectivos regula la recaudación y distribución de estos fondos.

En el sector de la industria de la alimentación está regulado por la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y los sindicatos locales (STIA). El fondo de huelga opera bajo las mismas pautas de autonomía sindical mencionadas, pero con características específicas de su dinámica gremial.

En este caso no está pactado con las cámaras empresarias en los convenios colectivos generales (como el CCT 244/94 para procesamiento de alimentos o el CCT 434/06). Es decir que se trata de una herramienta interna, solidaria y de resistencia colectiva. Se gestiona por fábrica o seccional ante un conflicto prolongado.

La comisión interna de delegados y la filial del STIA correspondiente son quienes deben coordinan de forma independiente la recaudación de dinero que se compone de aportes voluntarios de los propios afiliados, colectas de solidaridad de otros sectores, y recursos genuinos de las cuentas de la entidad sindical, según indica la jurisprudencia.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) decidó intervenir activamente en el conflicto para apoyar a los más de 900 trabajadores en vilo por la paralización de la planta y sin respuestas concretas por parte de la empresa.

Durante el Encuentro Regional El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional, que congregó a más de 1.600 referentes en Concepción del Uruguay este fin de semana, se llevaron adelante reuniones estratégicas entre los legisladores peronistas, los sindicatos y la participación del triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo.

Reactivación incierta

Entre los temas debatidos se hizo hincapie en la situacion financiera de la empresa avìcola, sumida en deudas millonarias, y las posibles acciones en pos de una solución, entre estas legislativas.

En el duro diagnóstico trazado sobre la situación de la empresa señalaron que la deuda estructural asciende a más de 350 millones de dólares y la reactivación depende de una inversión de 8 millones de dólares «a gestionar».

En ese contexto se denunció que la firma adeuda salarios, aportes patronales y de seguridad social. Es más, se afirmó que podría estar utilizando la coyuntura política para evitar el pago de indemnizaciones.

Contexto nacional

Destacaron que el conflicto de Granja Tres Arroyos se da en un contexto nacional de marcado deterioro de la capacidad productiva, de una cisis sostenida del empleo, de perdida de capacidad insdustrial, y en un modelo de país que prioriza lo especulativo y financiero por sobre la producción y la industria.

Desde los sindicatos de la Industria de la Alimentacion y de la Carne, destacaron que la presencia de la CGT en Concepcion del Uruguay, le otorga a la lucha de los trabajadores de GTA, respaldo sindical de alcance nacional.

Foto: Arriba Noticias

Mesa sectorial para destrabar conflicto Granja Tres Arroyos

Jerónimo propuso crear una mesa sectorial en la CGT sede de Azopardo, en CABA, A FIN DE exponer la gravedad de la crisis avícola a nivel nacional; exigir a Granja Tres Arroyos que cumpla con sus obligaciones salariales con los trabajadores, y sobre todo, un dialogo multisectorial con gremios de Molineros, UATRE, Alimentación e Industria de la Carne.

Mientras se gestiona esta mesa de diálogo, los trabajadores mantendrán las movilizaciones en reclamo de salarios adeudados y la reapertura de los sectores paralizados.

Además se sumará a legisladores nacionales para aportar análisis y debate de proyectos de ley destinados a preservar el empleo en el sector avícola, actividad fundamental para la economía regional de Entre Ríos, “buscando fortalecer las cadenas de valor de producción de alimentos que se ven amenazadas por las políticas económicas actuales”.

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