Granja Tres Arroyos: trabajadores se encadenaron por salarios e indemnizaciones: «Hemos dejado la vida por la empresa»
Trabajadores de Granja Tres Arroyos se encadenaron en el Centro Cívico de Concepción del Uruguay. Fotos: La Pirámide
En medio de una profunda angustia laboral, empleados de la firma avícola se movilizaron a los tribunales y a la municipalidad de Concepción del Uruguay. Tras encadenarse en el Centro Cívico, lograron el compromiso de mediación del intendente José Lauritto, mientras la provincia envía asistencia alimentaria y subsidios de emergencia.
Un grupo de trabajadores despedidos de la empresa Granja Tres Arroyos protagonizaron este miércoles una jornada de protesta en Concepción del Uruguay.
La movilización comenzó hacia los tribunales y concluyó frente a la Municipalidad, donde los manifestantes reclamaron el pago de indemnizaciones, salarios atrasados, aguinaldos y vacaciones adeudadas, cuotas alimentarias, además de exigir la reapertura de la planta para retomar sus tareas.
En tanto, algunos de los manifestantes, entre ellos el delegado Maximiliano Zalazara, se encadenaron en la explanada del Centro Cívico para visibilizar la gravedad de su situación y reclamar respuestas de la Justicia y del intendente José Eduardo Lauritto.
Familias desesperadas
La paralización de las actividades de Granja Tres Arroyos comenzó el pasado 22 de mayo, dejando a unos 950 empleados en la calle. Hacia fines de agosto, envió unos 470 telegramas de despido.
El drama social que atraviesan los damnificados se ve reflejado en sus propios testimonios. Durante la concentración, los operarios manifestaron su desesperación ante meses de abandono por parte de la patronal.
«Hemos dejado la vida por Tres Arroyos, y ahora hace 4 meses que ni nos hablan, ni nos atienden. Empezaron a mandar telegramas de despidos, y en el medio, la gente que está sin cobrar desde mayo, está desesperada», expresaron a medios locales.
En el diálogo cara a cara con el intendente Lauritto, un trabajador lo interpeló: «Si el dueño es dueño, nos quiere echar, perfecto, nos echa. Pero ¿cómo no la Justicia, por qué no intima que nos paguen?», cuestionando el rol judicial en el conflicto.
En el mismo tono, le preguntaron: «Usted es un hombre de la Justicia, ¿qué nos sugiere? ¿Qué nos aconseja?». Los damnificados resumieron su reclamo afirmando que «en este momento necesitamos cualquier ayuda. Son demasiadas familias en una situación de angustia absoluta».
Mediación y advertencia
El intendente José Eduardo Lauritto salió a hablar con los manifestantes, Tras mantener este encuentro, los trabajadores que se encontraban encadenados decidieron levantar la medida de protesta.
Lauritto asumió un compromiso activo para mediar ante los propietarios de la empresa: «La situación es muy delicada, estamos a disposición para intentar gestiones, yo mismo intentaré dialogar con los empresarios hoy mismo para trasladar este reclamo genuino: saber si van a recibir el dinero que les corresponde», sostuvo el jefe comunal.
El intendente reconoció el impacto que la crisis de GTA produce a nivel local. «La empresa atraviesa severas dificultades financieras (…) Acá no se trata de buscar excusas y justificaciones o explicaciones macroeconómicas».
Hay 930 familias que quieren saber cómo van a comer hoy, cómo van a pagar sus cuentas hoy, y eso afecta a toda la economía de la ciudad».
A su vez, Lauritto advirtió a los trabajadores sobre la posibilidad de que la empresa ingrese en un proceso de concurso de acreedores, señalando que ese escenario complicaría los plazos de cobro: «Yo creo que ellos donde entren en concurso (…) va a invalidar todo pago».
Módulos alimentarios
Este miércoles comenzó el envío de módulos de comida destinados a los empleados nucleados en el Sindicato de la Alimentación, alcanzando a aproximadamente 700 trabajadores. Para este jueves está previsto que continúe la distribución con la llegada de nuevos módulos para los afiliados de los sindicatos de la Carne y de Molineros.
Por su parte, el Gobierno de Entre Ríos continúa implementando un esquema de contención y asistencia económica y social para las familias damnificadas.
Esta ayuda se suma al otorgamiento de subsidios de $200.000 para los trabajadores afectados, una tarifa eléctrica diferenciada, la refinanciación de las deudas contraídas con la empresa Enersa y beneficios fiscales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor correspondientes al año 2026.
Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que mantienen un acompañamiento permanente mediante el Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Secretaría de Trabajo para gestionar alternativas frente a la emergencia.
Paralelamente, destacaron la medida de embargo dispuesta sobre los dueños de Granja Tres Arroyos, argumentando que este instrumento busca determinar y delimitar las responsabilidades empresariales en el conflicto, diferenciándolas de las acciones de asistencia de emergencia que sostiene el Estado.
Redacción Página Gremial
con información de La Pirámide