La actividad de la construcción atraviesa un escenario de fuerte retracción todo el país, evidenciado en una marcada caída del empleo registrado. Según los datos de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Entre Ríos, en tres años cayeron unos 5.000 puestos de trabajo en la provincia.
La vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Claudia Vallori, señaló que la transición entre la histórica ley 8732 y la nueva normativa previsional requiere un proceso de aprendizaje colectivo. Además, advirtió sobre un déficit operativo ante la salida de personal experimentado que se jubiló.
Según el organismo, hubo 12 de las 16 ramas industriales que registraron bajas. Maquinaria y equipo, electrónica, textiles y calzado, entre las más afectadas. Preocupación por el impacto en el empleo del sector.
¿Llegará la marea feminista hasta los sindicatos para empujar un proceso profundo de democratización?, se preguntaba en 2018 la doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet Tania Rodríguez. ¿Hasta qué punto en ese momento las mujeres habían logrado permear o transformar las estructuras organizativas de los sindicatos o simplemente esa oleada era una expresión en las movilizaciones? “Ocho años después, el debate sobre la participación de las mujeres y las diversidades en las conducciones gremiales continúa vigente”, señala hoy Rodríguez, en diálogo con Página Gremial.
Según datos procesados al mes de julio de 2026, la morosidad en el sistema financiero tradicional de la provincia se ubica por debajo de la media nacional. Entre Ríos ocupa el 21° puesto sobre 24 jurisdicciones. Por edad, el 69,6% de los deudores morosos se concentra entre los 25 y 54 años.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela el impacto del modelo anti industrial sobre el entramado productivo: 100.000 puestos de trabajo menos y más de 4.000 fábricas cerradas en medio de un aluvión importador, entre otros indicadores de crisis.
El próximo mes los haberes jubilatorios tendrán un incremento del 2,1%. Sin embargo, la licuación del bono extraordinario de $70.000, congelado desde hace más de dos años, arrastra a los sectores más vulnerables a una caída real frente a 2023 y en la comparación interanual.
Hay una diferencia de más de 700% entre el salario mínimo actual, establecido en $376.000 para un máximo de 48 horas semanales de trabajo, y del índice FRESU, cálculo del Frente de Sindicatos Unidos.
Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), revela la profundización del deterioro en el tejido productivo y laboral entrerriano.
El aumento de la capacidad instalada en la industria (UCII) de junio refleja, en parte, el empuje de los sectores vinculados a la energía y la agroindustria procesadora, que lograron compensar las caídas en bienes de consumo durables y maquinaria.
Por vigésimo mes consecutivo, la mora en los créditos volvió a subir entre los deudores nacionales, alcanzando 17,5% del monto total otorgado. En Entre Ríos subió 7,8 puntos porcentuales en el último año, la cantidad de personas que no pueden afrontar sus deudas.
La provincia cerró marzo de 2026 con un retroceso generalizado en la ocupación formal. El transporte, el comercio y la docencia lideran los datos de la caída.