La decisión del gremio se produce luego de que su secretario general, José María “Chechi” Segura, advirtiera a Página Gremial que la iniciativa podía abrir “una situación de conflicto y de confrontación institucional” y cuestionara el intento de eliminar el vínculo entre los salarios judiciales entrerrianos y los aumentos que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proyecto propone derogar el artículo 1º de la Ley Nº 10.068, eliminando el mecanismo de actualización automática. Para AJER, la norma no es solamente una herramienta salarial: está vinculada a la independencia del Poder Judicial y al respeto de la división de poderes.

En sus declaraciones, Segura había calificado la iniciativa como una “decisión desacertada” y advertido que afectaría directamente las relaciones institucionales. También había aclarado que el índice de actualización “nunca ha estado por encima de la inflación” y que durante 2023 y 2024 incluso quedó por debajo.

“El único efecto que va a tener esta iniciativa es generar, donde no la hay, una situación de conflicto y de confrontación institucional”, había alertado el titular de AJER.

Alerta y movilización

Ahora, el sindicato formalizó su postura y se declaró en estado de alerta y movilización “ante la presentación de un proyecto de ley que propone derogar el sistema de actualización salarial del Poder Judicial de Entre Ríos”.

AJER reafirmó su defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales y apeló “a la razonabilidad y al diálogo para evitar un conflicto institucional que afecte el normal funcionamiento de la Justicia”.

La posición va en línea con lo anticipado por Segura a Página Gremial, cuando señaló que el gremio evaluaría junto a otros sectores del Poder Judicial la posibilidad de impulsar una instancia de diálogo, ya sea con la Legislatura o con el Gobierno provincial.

Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, AJER endureció su posición y dejó planteado que seguirá en estado de alerta y movilización en defensa del salario y de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales.

Redacción Página Gremial

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“Esto se viene para el resto de las provincias que no han transferido sus Cajas”, advirtió el secretario general de AJER, José María Segura , y señaló que Entre Ríos podría ser el antecedente de un proceso más amplio de reformas, que responden a una política previsional nacional orientada a reducir el gasto en seguridad social.

En ese análisis, adquiere relevancia el respaldo que manifestaron diferentes organizaciones de trabajadores judiciales del país. “Como parte de la Federación Judicial Argentina (FJA) estamos recibiendo solidaridad, pero también preocupación, porque se está viendo con absoluta claridad la intención de reducir el gasto de la seguridad social a nivel nacional ante un planteo del FMI”, expresó al respecto Segura.

Indicó que, en línea con esa estrategia de apoyo, la FJA presentó una nota formal dirigida a los diputados provinciales entrerrianos para que den marcha atrás con la reforma.

El dirigente gremial hizo este análisis luego de que la Legislatura provincial sancionara la denominada Ley de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, que introduce modificaciones a la Ley 8732 Régimen de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

Convertir la Caja en Anses

Para AJER, las consecuencias de la reforma no se limitarán al sistema jubilatorio. Segura sostuvo que la ley «significa el empobrecimiento de los jubilados» y, al mismo tiempo, «un perjuicio para los trabajadores activos».

Al respecto, rechazó el aporte extraordinario del 3% para los salarios brutos superiores a los tres millones de pesos, que elevaría el descuento previsional al 22%, al considerar que representa “otra disminución de los salarios”. “Eso sumado a la suba de la edad y una serie de decisiones que tiene esta ley, que son todas en perjuicio de los trabajadores”, agregó en diálogo con Página Gremial.

Para el sindicato, el objetivo de fondo consiste en modificar el modelo previsional provincial. “El Gobierno terminó de concretar un objetivo que se propuso desde el principio, que es transformar a la Caja en la Anses: jubilaciones de pobreza y con una actualización que va a depender de la voluntad de cada gobierno de turno”, sostuvo Segura.

El dirigente también cuestionó la actitud del Poder Ejecutivo durante el debate legislativo. “Lamentamos la sanción de esta ley, la necedad del Gobierno de no escuchar el reclamo de los trabajadores y de no tener un objetivo superador a esta situación, pese a las alternativas que planteamos”, afirmó.

La estrategia judicial

Segura confirmó que el sindicato “analizará en detalle la ley para evaluar todas las presentaciones judiciales que se puedan hacer en relación a la inconstitucionalidad de la emergencia y a otros puntos”.

Precisó que los planteos alcanzarán “el aporte del 3% extraordinario, la delegación de funciones en el gobernador para modificar estos porcentajes para arriba o para abajo durante la emergencia” y también la eliminación de la movilidad jubilatoria.

“Hoy dicen que la movilidad es la paritaria del sector público, pero eso elimina la movilidad de una enorme cantidad de sectores que tienen sus propios regímenes. Esto afecta derechos adquiridos, el principio de progresividad. Todos principios generales del derecho previsional y del derecho laboral están amparados por pactos internacionales y por la Constitución”, sostuvo por último.

Redacción Página Gremial

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La Cámara de Diputados de Entre Ríos, en la sesión ordinaria de este miércoles, dio sanción definitiva a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial (18 votos contra 12). Este resultado generó un duro rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER).

En paralelo al tratamiento legislativo, los gremios que integran la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional se movilizaron hacia Casa de Gobierno y permanecieron concentrados durante toda la sesión para ratificar su postura contra la iniciativa. Por su parte, UPCN llevó adelante un paro activo en toda la provincia, con eje en el reclamo por una mejora salarial y en oposición a la reforma previsional.

ATE: “No solo hay que recuperar derechos, sino ir por más”

Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, calificó la modificación de la Ley 8.732 como un “retroceso” y denunció que se trata de un “brutal ajuste hacia la clase trabajadora”.

En esta línea, el dirigente sindical consideró que la aprobación de la iniciativa fue posible porque el gobierno “necesitó quebrar la resistencia ante la oposición” entendiendo que “hubo dos senadoras que fueron cooptadas por el gobierno provincial”. Esto garantizó la sanción inicial en el Senado para que el proyecto avanzara a Diputados y terminara convirtiéndose hoy en ley.

Ante este escenario, Muntes anunció que el próximo 7 de agosto llevarán adelante una jornada nacional de lucha con paro y movilización en todo el país en defensa del Estado y los derechos de las y los trabajadores. La medida será impulsada en la provincia con la Multisectorial, espacio que «defiende no solo la reforma previsional sino también nuestra obra social, los despidos y los cierres de las fábricas en nuestra provincia”, recordó tras señalar: “Nuestro objetivo es que Milei no pueda seguir avanzando”.

El titular de ATE cuestionó la gestión nacional de Javier Milei y al gobierno de Rogelio Frigerio. “No podemos permitir que piensen en administrar lo que deja este gobierno; no solo hay que recuperar derechos, sino ir por más”, concluyó.

Agmer: “El Gobierno profundiza el proceso de empobrecimiento”

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, aseguró que la sanción de la reforma previsional “es un paso más en el proceso de empobrecimiento de parte de Frigerio, que termina ajustando haberes de los trabajadores, afectando derechos y cumple en hacer la tarea de lo que le pide el Gobierno nacional en línea con un pedido del FMI”.

El dirigente informó que el sindicato comenzará a estudiar la norma junto a la Multisectorial. “Vamos a tomarnos unos días, pero empezamos a tener fundamento jurídico como para avanzar en una denuncia de cara a la inconstitucionalidad. En breve estaremos tomando esa definición”, señaló.

Antivero sostuvo que durante el tratamiento legislativo Agmer expuso “casos fácticos donde demostramos que esta iniciativa es un ajuste, que el 82% móvil se desdibujaba y se perdía”, pero cuestionó que “aun así los legisladores terminaron votando a favor”. En contraposición, destacó la postura del diputado Carlos Damasco, «que entendió que era un plan de ajuste, se comprometió a no votarlo y cumplió», y cuestionó a otros legisladores al afirmar que “muchos no habían leído el proyecto” y que “legislan con una irresponsabilidad tremenda”.

El dirigente gremial respondió a las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio sobre el “coraje” para impulsar la reforma. “Coraje hay que tener para ir contra los grupos concentrados de la economía. Venir contra nosotros no tiene nada de coraje”, sostuvo. Y concluyó: “Ese es el ADN del pensamiento del Gobierno; así han construido sentido en la sociedad, tanto Frigerio como los funcionarios”.

Agmer realizará su Congreso provincial el próximo 6 de agosto en La Paz, donde, según adelantó Antivero, “va a surgir un plan de lucha” que incluirá la continuidad del reclamo salarial y el análisis de la reforma previsional.

AJER: “Buscan transformar la Caja en Anses”

El secretario general de AJER, José María Segura, aseveró que el Gobierno “terminó de concretar un objetivo que se puso desde el principio, que es transformar a la Caja en la Anses: jubilaciones de pobreza y con una actualización que va a depender de la voluntad de cada gobierno de turno”.

El dirigente afirmó que la reforma “significa el empobrecimiento de los jubilados” y también perjudica a los trabajadores activos. En ese sentido, cuestionó la emergencia previsional por hasta cuatro años y el aporte extraordinario del 3% para salarios superiores a los tres millones de pesos. “El aporte jubilatorio se iría a 22%. Es otra disminución de los salarios”, sostuvo, y agregó que la ley incorpora “la suba de la edad y una serie de decisiones que son todas en perjuicio de los trabajadores”.

Segura lamentó “la necedad del Gobierno de no escuchar el reclamo de los trabajadores” y confirmó que AJER estudiará “todas las presentaciones judiciales que se puedan hacer”, especialmente por la inconstitucionalidad de la emergencia, el aumento de aportes, la delegación de facultades al gobernador y la eliminación de la movilidad previsional. Y acotó :“Esto afecta derechos adquiridos y el principio de progresividad”.

Finalmente, indicó que el gremio recibió el respaldo de organizaciones que integran la Federación Judicial Argentina y advirtió que la reforma entrerriana forma parte de una estrategia más amplia. “Se está viendo con absoluta claridad la intención de reducir el gasto de la seguridad social a nivel nacional. Esto se viene para el resto de las provincias que no han transferido sus cajas”, cerró.

UPCN: “No es momento de bajar los brazos”

En el marco del paro activo concretado este miércoles, UPCN fijó postura tras la aprobación de la reforma previsional en la provincia. Carina Domínguez, secretaria adjunta del gremio, señaló que la jornada sirvió para debatir y organizar a las bases, al tiempo que remarcó que el resultado era “un final casi esperado” debido a las conversaciones previas del Ejecutivo con la Cámara de Senadores.

A pesar de que el gremio fue crítico con varios aspectos de la iniciativa, como el método de prorrateo para calcular el haber inicial y la cláusula que permitiría trasladar automáticamente un eventual aumento de la edad jubilatoria nacional a la provincia, Domínguez destacó: “Dimos la discusión posible y logramos modificar algunos aspectos. Que no nos hayan escuchado en todo no significa bajar los brazos”, afirmó tras advertir que la reforma “no es integral”.

De cara a los próximos pasos, la dirigente sindical remarcó que la atención estará puesta en dos instancias clave: la reglamentación de la ley y la creación de una comisión de seguimiento que funcione de manera complementaria para evaluar su aplicación.

Redacción Página Gremial

Fotos: La lucha en la calle

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Al mismo tiempo que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto de «Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional» en la Cámara de Diputados, diversos gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja –entre ellos Agmer, ATE, AJER y AMET– realizarán un paro con movilización para expresar nuevamente el rechazo de un amplio sector de trabajadores que considera que la reforma implica un retroceso en materia de derechos previsionales.

La convocatoria prevé una concentración a las 9:30 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y una marcha hacia la Casa de Gobierno, donde docentes, estatales y distintas organizaciones permanecerán mientras se desarrolle la sesión de Diputados, prevista para las 11.

Para Agmer, la movilización representa el último intento de incidir sobre una decisión política que considera prácticamente resuelta. En el comunicado difundido para convocar a la protesta, el gremio sostuvo que los diputados definirán «el futuro de nuestra Ley Previsional» y llamó a manifestarse «contra la reforma, la quita de derechos y el saqueo». También cuestionó que la iniciativa avance «a espaldas del pueblo trabajador» y reclamó a los legisladores que no sesionen sin escuchar los planteos de quienes serán alcanzados por la norma.

El sindicato docente inscribe esta jornada en un proceso de resistencia que lleva más de diez semanas, con paros, carpa, movilizaciones y presentaciones ante la Legislatura. Durante ese período, los gremios insistieron en la necesidad de abrir una instancia de discusión más amplia, pero denuncian que el tratamiento parlamentario avanzó con una velocidad que dejó escaso margen para introducir modificaciones de fondo.

Tratamiento legislativo bajo cuestionamiento

Ese planteo encuentra sustento en el recorrido legislativo de la iniciativa. Tras obtener aprobación en el Senado el 15 de julio, luego de un extenso debate en comisiones, el proyecto transitó por Diputados en apenas dos jornadas de trabajo. Aunque las comisiones escucharon a autoridades de la Caja de Jubilaciones, representantes sindicales, integrantes de la Justicia y funcionarios provinciales, el cronograma se aceleró y finalmente no expusieron el ministro de Economía, Fabián Boleas, ni representantes de entidades empresarias que habían sido convocados.

Horas después de escuchar al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al presidente de la Asociación de la Magistratura, Alejandro Cánepa, el oficialismo firmó el dictamen de mayoría y dejó el proyecto en condiciones de llegar al recinto.

Miradas contrapuestas

Durante ese debate quedaron expuestas dos miradas contrapuestas sobre el futuro del sistema previsional. Desde el Ejecutivo, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, defendió la reforma como una herramienta para garantizar la sustentabilidad del organismo y sostuvo que permitirá aliviar en unos $3.500 millones mensuales el desequilibrio financiero. A su vez, Rodríguez Signes argumentó que, aun si la provincia logra recuperar fondos adeudados por la Nación mediante la demanda que tramita ante la Corte Suprema, seguirá siendo necesario avanzar con reformas estructurales para reducir la brecha entre ingresos y egresos.

Los sindicatos, en cambio, sostienen que el problema financiero no puede resolverse a costa de modificar derechos previsionales. Durante las audiencias legislativas cuestionaron especialmente el cambio en el cálculo del haber inicial, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para reglamentar aspectos centrales de la ley y la posibilidad de que futuras modificaciones de la normativa nacional terminen impactando sobre el régimen entrerriano.

En ese contexto, la secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, advirtió que la reforma «afecta derechos tanto de quienes ya están jubilados como de quienes se van a jubilar» y cuestionó el argumento oficial de la urgencia. “Hay que tomarse el tiempo, no pueden sancionar la ley y lo saben”, sostuvo en diálogo con APFDigital.

La dirigente también denunció que las comisiones trabajaron bajo un cronograma que no garantizó un debate genuino. «Entendemos que hay un apuro y que no están dispuestos a escuchar ni a introducir las reformas que se les están planteando. No hay consenso social para esta ley», afirmó.

Desde AMET se sumaron a la convocatoria a paro y movilización y señalaron que esta acción se enmarca en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y ratificaron su oposición a la reforma previsional.

Los judiciales de AJER, que también adhirieron a la medida, advirtieron que la iniciativa elimina beneficios históricos, modifica las condiciones de acceso a la jubilación y aumenta los aportes para parte de los trabajadores.

La Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos acompañará la movilización. «Estaremos afuera de la Legislatura defendiendo los derechos jubilatorios de los entrerrianos y entrerrianas que merecemos una vida digna», remarcó.

Redacción Página Gremial

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Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi; y de Previsión y Seguridad Social, a cargo de la diputada Érica Vilma Vázquez, comenzaron a tratar esta tarde el Expediente Nº 29.406, proyecto de Ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

Estuvieron presentes la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) y Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

La palabra de los Jubilados

La primera exposición estuvo a cargo de Oscar Pirillo, presidente de la Federación de jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos. Lo acompañó Claudia Vallori, vocal electa en la Caja de Jubilaciones. En el documento, consensuado por la mayoría de los jubilados, consideran que el proyecto de ley carece de fundamentos económicos claros que justifiquen la declaración de emergencia y los cambios propuestos al sistema previsional.

Entienden que debería exigirse, previo a la sanción de la norma, que se haga pública “cuál sería la evolución sucesiva en el tiempo de la situación deficitaria de la Caja, que justifique los números tributarios y finales por la implementación de la nueva ley”.

Entre otros puntos, afirman que es fundamental que la nueva ley “no tenga efecto retroactivo” y garantice los derechos adquiridos de los actuales beneficiarios del sistema previsional de la Ley 8732.

Además, consideran que muchas de las modificaciones “podrían ser objeto de control judicial si se consideran lesivas de derechos previsionales adquiridos o principios constitucionales”.  

Por su parte, Vallori agradeció la invitación y dijo: “Pensábamos que en este tratamiento tan exprés podían omitir que nos convoquen”. Recordó que la Federación de Jubilados tiene más años que la de Caja de Jubilaciones, porque surge en 1949. “Toda la historia de la Federación tuvo que ver con ir conquistando derechos para las personas jubiladas y pensionadas. Y estos derechos quedaron plasmados en la última normativa, que es la ley 8732”, indicó.  

En otro fragmento de su exposición, Vallori enumeró los principales puntos que preocupan al sector y luego manifestó: “Nos encantaría que nos digan si estas reformas realmente merecen el sacrificio que van a tener los trabajadores, los jubilados y pensionados actuales para que realmente merezca que se apruebe como tal”.

“No a la reforma, la caja no se toca”, dijo finalmente tras solicitar a los legisladores “responsabilidad” a la hora de votar.

AMET: “No queremos la reforma”

Luego, fue el turno de Roberto Aguirre, secretario de Gremiales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Agradeció la invitación y expresó: “Esperemos que algunos de los puntos que tenemos como relevantes se tomen en cuenta. No queremos ser meros espectadores”, sostuvo.

Desde AMET se expresó el rechazo a la modificación de la Ley 8732, una norma que constituye un pilar fundamental del sistema previsional. “No queremos la reforma, creemos que la ley está bien como está”, afirmó.

Consideran que la reforma previsional propuesta es perjudicial: aumenta la edad, reduce aportes y genera montos en negro que afectan el salario y la jubilación docente. Entienden que la reforma implica un retroceso en los derechos conquistados. “No es el momento de quitarle más derecho y tampoco quitarle más fondos a los docentes”, cerró el dirigente gremial.

Agmer: “Se trata de un ajuste”

A su turno, Abel Antivero habló por Agmer y también por UDA y Sadop, cuyos representantes quedaron fuera de la convocatoria.

Sobre el argumento de que el proyecto resolverá el déficit de la Caja de Jubilaciones, indicó que el Gobierno “habla en términos empresariales” y que “ningún sistema previsional del país, ni del mundo, da superávit”.

“Cuando se habla de la sustentabilidad de la Caja se habla de tres activos o cuatro activos por un jubilado. Pero ese número se irá reduciendo porque esta gestión no ha generado ingreso de personal al Estado. Hoy en las escuelas faltan cocineros, ni hay designación de ordenanzas”, ejemplificó.

Antivero desmintió que el proyecto respetará el 82% móvil y afirmó que «se mantiene la movilidad atada paritaria de los trabajadores de la Administración Pública, y en base a la forma de mayor cantidad de aportantes del Estado provincial». A la vez se preguntó qué garantías hay de tener incremento salarial para los jubilados cuando las paritarias acaban de fracasar por tercera vez en el año, y cuando se profundiza el pago de montos en negro.

Según Antivero el proyecto genera conflictividad social y no resuelve el déficit. “Se busca cumplir con una tarea mandada por el gobierno nacional, y en esa línea, por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. «Esta reforma previsional no deja de ser un ajuste planificado por el Poder Ejecutivo».

Finalmente pidió a los diputados votar con conciencia, respondiendo al pueblo entrerriano. «Muchos van a tener que volver a su localidad. Para algunos puede llegar a ser el fin de su carrera política, porque no vamos a dejar de señalar a aquellos que voten a favor de este plan de ajuste”.

APLER: “Que el que más tiene, más aporte”

El secretario general de APLER, Gilberto De Vecchio, sostuvo que la reforma previsional debe abordarse desde una perspectiva técnica y no ideológica, y recordó que la Multisectorial presentó una propuesta alternativa para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones mediante la creación de un fondo fiduciario financiado con acreencias de la Anses. En ese marco, planteó que el financiamiento del sistema debe apoyarse en un esquema donde «el que más tiene, más aporte», en lugar de trasladar el costo a trabajadores y jubilados.

El dirigente advirtió que el proyecto se debate en un contexto de fuerte deterioro económico, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de los trabajadores y el ajuste sobre el sector público. Como ejemplo, señaló que el 75% de los trabajadores entrerrianos destinó el aguinaldo al pago de deudas y cuestionó que una eventual suba de aportes previsionales termine absorbiendo los incrementos salariales que puedan acordarse en las paritarias.

Asimismo, De Vecchio afirmó que la iniciativa trasciende al empleo público y tendrá consecuencias sobre el conjunto de la sociedad. Si bien valoró la amplitud de la convocatoria realizada por la Cámara de Diputados, insistió en la necesidad de introducir modificaciones al proyecto para evitar un escenario de alta litigiosidad y sostuvo que profundizar el ajuste «solo deteriora el tejido social y genera más desigualdad», afectando tanto a trabajadores como a pequeños productores y comerciantes.

“Celebro el debate amplio que se está dando y que hayan sido convocados distintos sectores. Pero no podemos perder de vista el contexto de pérdida del poder adquisitivo y de endeudamiento generalizado”, apuntó. Y advirtió: “Si en la paritaria se propone un aumento del 3% y ese porcentaje termina absorbido por mayores aportes, el resultado es más ajuste. Y más ajuste deteriora el tejido social y genera más desigualdad. Eso no le conviene a nadie”.

Judiciales apuntan al contexto de empobrecimiento de los trabajadores

José María Segura de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) pidió debatir la Reforma Previsional en el contexto nacional, donde todas las medidas que se toman “son absolutamente en contra de los trabajadores”. Mencionó la Reforma Laboral, los despidos de miles de estatales, de la no homologación de convenios colectivos.“Hay una línea nacional que el gobienro de la provincia está acompañando”, afirmó y agregó: “Un proyecto social de progreso social, requiere indefectiblemente la mejora salarial. No hay progreso social con disminución de salarios, con empobrecimiento de los trabajadores”.

Mencionó también los despidos por cierres de comercios e industrias. “A esto le van a agregar una reducción de los salarios de los trabajadores activos, porque nos van a aumentar el 3% de aporte extra (…) Aplicada la ley, la eliminación de la movilidad significará una disminución de los salarios de los trabajadores jubilados. Y, los que se jubilen con la ley nueva lo harán con un porcentaje menor, lo que será otra disminución de salario”.

Como parte del contexto dijo que la provincia está siendo ahogada por el gobierno nacional, al cual no se le demadan los recursos que le corresponden por ley, como los de Anses, Fonid, los que se recaudan a través del combustible para reparar las rutas destruidas, enumeró.

Por otra parte vaticinó una “catarata de demandas” contra la inconstitucionalidad de muchos artículos como la delegación de funciones, prohibida por el artículo 45 de la Constitución, y otras cuestiones que quedan en el aire como el cálculo del haber mínimo inicial jubilatorio.

Por último manifestó que, en el marco de la Multisectorial, se abordaron alternativas para el financiamiento de la Caja como la de grabar a sectores de altos ingresos (grandes herencias) o la eliminación de la exención de impuestos a autos eléctricos. “La única solución no puede ser el empobrecimiento de los trabajadores, activos y jubilados”, puntualizó.

Viales piden restituir jubilaciones especiales

Federico Colominas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) interpeló a los legisladores por el artículo 19 del proyecto, que modifica el artículo 37 de la Ley 8.732, y deja fuera a los trabajadores viales de campaña de las jubilaciones especiales.

“El trabajador vial de campaña está en el camino, soporta bajas y altas temperaturas (…) tiene jornadas extensas, duerme arriba de un camión, en campamento o en casillas que no tienen condiciones habitables. Es aquel trabajador que muchas veces descarga los tubos de hormigón a mano porque no hay maquinaria, o aquel que está expuesto a vibraciones de equipos viejos, y otras condiciones de trabajo y salud deplorables por la función que cumple”, describió.

La jornada de trabajo del trabajador de campaña tiene un promedio de 9 horas diarias. “Casi dos días y medio por semana y más de 8 años comparando las jornadas laborales con la administración pública luego de 25 años de carrera, en las condiciones mencionadas», calculó.

Sostuvo que las jubilacioens especiales no son un privilegio para un determinado sector sino que se trata de una consideración por determinados tipo de tareas y que se les ha quitado el beneficio sin ningún fundamento técnico ni presupuestario. “Creo que es la oportunidad de corregir no solo esa injusticia, sino también otras injusticias que conlleva esta ley y es el momento de empezar a considerar propuestas alternativas”, concluyó.

ATE cuestionó el procedimiento y reclamó alternativas al ajuste

“Queremos hacer un llamado a la reflexión sobre la forma en que se están desarrollando estas instancias”, cuestionó el representante de ATE, Esteban Olarán. “Fuimos convocados esta misma mañana, en un contexto en el que ya circulan versiones públicas que sostienen que las posibilidades de modificar el proyecto son escasas o directamente nulas. Eso termina desvirtuando el debate colectivo que esta Cámara debería garantizar”, señaló.

El dirigente criticó que el Gobierno no haya brindado información técnica que justifique la reforma. “Hasta el momento nadie ha podido responder con precisión qué va a cambiar en la Caja de Jubilaciones. No se explicó cuánto se reduciría el déficit, cuál es la proyección financiera a 10, 20 o 30 años, ni qué escenario previsional se pretende construir. Sin esos datos es muy difícil discutir seriamente una reforma de esta magnitud”, expuso.

Olarán planteó que la discusión debería orientarse a buscar fuentes alternativas de financiamiento antes que avanzar sobre el régimen previsional. Recordó que ATE ya había reclamado, tanto a la actual gestión como a la anterior, un debate sobre la estructura productiva de la provincia y propuso gravar a los sectores de mayor capacidad contributiva. Además, advirtió que Entre Ríos ya perdió más de 9.000 puestos de trabajo entre el sector público y el privado, por lo que consideró inconveniente adoptar medidas que profundicen el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

Finalmente, defendió la Caja de Jubilaciones como una política de Estado y reclamó que cualquier reforma preserve los derechos adquiridos. Si bien reconoció la necesidad de abordar el déficit previsional, sostuvo que el Gobierno desestimó las propuestas alternativas presentadas por los gremios y reiteró la disposición del sindicato a seguir participando de una discusión que priorice soluciones estructurales sin trasladar el costo del equilibrio fiscal a los trabajadores activos y pasivos.

UPCN defendió el diálogo y ratificó sus objeciones

Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, defendió la decisión de participar en el debate de la reforma previsional y rechazó las críticas recibidas por esa postura. Sostuvo que el gremio nunca acompañó el proyecto del Gobierno, sino que optó por intervenir en la discusión para defender los derechos de los trabajadores. “Representar a los trabajadores implica sentarse a discutir. Quienes sostuvieron que la ley no debía tocarse, en los hechos abandonaron esa discusión”, afirmó.

La dirigente remarcó que el rechazo a la reforma fue expresado desde el inicio del proceso, pero consideró que, frente a una decisión política ya tomada por el Ejecutivo, la obligación era intentar introducir cambios. En ese sentido, aseguró que el proyecto sufrió modificaciones durante el debate y sostuvo que, de haberse aprobado el texto original enviado por el Gobierno, la reforma habría sido mucho más perjudicial para los trabajadores.

Domínguez ratificó que UPCN mantiene diferencias de fondo con la iniciativa. Entre los aspectos cuestionados mencionó la declaración de la emergencia previsional, el nuevo esquema para el cálculo del haber inicial tomando los últimos 15 años de aportes, la redacción de artículos que consideró ambiguos y con potencial para generar litigiosidad, y la falta de incorporación de propuestas presentadas por el gremio, como una comisión de seguimiento y mayores mecanismos de transparencia.

Tras cuestionar el insuficiente tiempo otorgado a las organizaciones sindicales para exponer sus posiciones, la dirigente ratificó la disposición de UPCN de continuar participando de cada instancia de debate. Por último, adelantó que, en caso de aprobarse la reforma, el sindicato realizará un seguimiento de su reglamentación para defender los derechos de los estatales.

Redacción Página Gremial

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Según informaron desde las organizaciones gremiales, la propuesta tuvo buena recepción y las autoridades asumieron el compromiso de analizar su implementación.

Los sindicatos sostienen que la creación de un Convenio Colectivo representa un avance histórico para el sector, ya que permitiría consolidar derechos, fortalecer la participación de las y los trabajadores en la definición de sus condiciones laborales y dejar atrás decisiones unilaterales en materia de relaciones de trabajo.

Como respaldo a la propuesta, AJER y la FJA entregaron a los integrantes del STJ una copia del Convenio Colectivo vigente en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También la Resolución Nº 2881 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta a los poderes judiciales del país a reconocer el derecho de las y los trabajadores judiciales a negociar colectivamente mediante un convenio.

Durante la reunión se abordó el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones impulsado por el Gobierno provincial, una iniciativa que continúa generando preocupación y debate entre los distintos sectores del Poder Judicial.

La delegación de la Federación Judicial Argentina estuvo integrada por su secretario general, Matías Fachal, y el cosecretario general, Daniel Pérez Guillén.

Por AJER participaron José María Segura y Mariela Besel, quienes remarcaron que avanzar hacia un Convenio Colectivo de Trabajo constituye «un paso fundamental para el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores judiciales» de Entre Ríos.

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