Trabajadores de Granja Tres Arroyos esperan excépticos, mientras se anuncia una mesa de trabajo entre los gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires
Trabajadores de Granja Tres Arroyos, La China, Concepción del Uruguay
Desde Entre Ríos salió la versión sobre la conformación de una mesa de trabajo interprovincial para atemperar, en cada jurisdicción, la crisis de GTA.
El Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) exige no dilatar más el pago de las deudas salariales y rechaza el argumento del artículo 247 (LCT) «Esto no es fuerza mayor, es riesgo empresarial», expresó su secretario general, Julio Chamorro.
La dimensión de la crisis que aqueja a Granja Tres Arroyos (GTA), y que arrastra a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde la empresa aviar es una de las principales fuentes de trabajo, alertó a los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Córdoba, donde GTA tiene ramificaciones.
No es para menos, el foco de conflicto que tiene ocupado al Gobierno de Entre Ríos por el despido de más de 270 trabajadores de la planta La China, es una poderosa alarma para los gobiernos de Martín Llaryora y Axel Kicillof.
Avex, de Río Cuarto; las plantas de Pinazo, en Pilar; Wade I en Ezeiza, y Wade II/CEISA, de Esteban Echeverría, ya tienen las actividades reducidas, atrasos salariales y suspensiones de personal.
La China, paralizada desde mayo, con 930 obreros reclamando sueldos desde abril, puso foco en la situación financiera de GTA con un pasivo de más de 350 millones de dólares, poca demanda y paralización de plantas. Para los Gobiernos implica despidos, desocupación y la obligación de asistir a los trabajadores.
Es por eso que desde Entre Ríos salió la versión sobre la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre los gobiernos de Axel Kicillof, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio con la idea de evitar que la crisis de la empresa afecte sus jurisdicciones.
Pocas expectativas de los trabajadores
La novedad sobre la mesa de trabajo interprovincial fue introducida por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, durante la audiencia de partes realizada el jueves 20 en esa repartición. Sin embargo, no hubo precisiones sobre el temario ni los plazos.
Camoirano solo dijo que es una medida para acercar a las provincias y ver cómo pueden ayudar a frenar la crisis, por el impacto que tiene la empresa en cada jurisdicción.
Sobre las expectativas que esta novedad genera en los trabajadores, el secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA), Julio Chamorro, fue claro: «Ninguna».
“De estas reuniones se han visto muchas. Buenas intenciones, declaraciones a la prensa, pero después, cuando se va a la concreción, hay metodologías que son ineficientes, dilaciones de todo tipo, y los trabajadores esperando”, expresó a Página Gremial.
Demanda de los trabajadores
En la audiencia, que terminó sin acuerdo y con un nuevo cuarto intermedio hasta el día viernes 28, los sindicatos de la Alimentación y Molineros rechazaron las indemnizaciones al 50%, exigieron el pago de salarios adeudados y la reincorporación de los 270 despedidos. Además pidieron, para el próximo encuentro, un representante empresarial con poder de negociación.
“En Concepción del Uruguay hay una urgencia y es que se liquiden los haberes adeudados. Hace cuatro meses que los trabajadores están sin cobrar su salario. Ya decir que estamos bajo el mar es un eufemismo. Estamos en el fondo, a 14.000 metros. Ya no hay manera de solventar nada”, graficó Chamorro.
El secretario general señaló que se pidieron precisiones sobre los 270 despidos arbitrarios. “En qué marco se despide la gente, si tienen la planta parada hace cuatro meses y no se están pagando salarios”. Desde el gremio se preguntan si es el pedido de algún inversor.
Chamorro señala que si ese fuera el caso, y el resultado fuera la reactivación de la planta, el sindicato está para negociar en el marco de la ley, pero primero la empresa debe ponerse al día con la deuda.
En tanto rechaza de plano el argumento del artículo 247 (que invoca «causa de fuerza mayor» en la Ley de Contrato de Trabajo). “Esto no es fuerza mayor, es riesgo empresarial y se está cargando sobre las espaldas del trabajador. No hay un solo fallo judicial que haya dado la razón a este argumento a ninguna empresa”, indicó.
Asimismo, explicó que si tienen que enfrentar despidos, el STIA estará solidariamente con los trabajadores. «Buscaremos en las empresas de alrededor que puedan absorber la mano de obra altamente especializada de La China, que es modelo a nivel latinoamericano, certificada por las BRCGS y la Comunidad Europea. Si se hacen las cosas prolijas se puede reinsertar a la mayoría de los trabajadores», expresó.
Qué se espera al final de la conciliación
Según los plazos legales, la conciliación obligatoria vence el 3 de septiembre. Pero hay una instancia de negociación previa el día viernes 28, al mediodía. «Desde el STIA pedimos el pago de lo adeudado y precisiones sobre los despidos, en cuanto a fundamentos y términos», indicó Chamorro.
También se pide que se presente alguien del directorio con capacidad negociadora genuina a las audiencias: «Cada vez que vamos a una instancia envían un representante sin ninguna capacidad genuina de obligar a la empresa. Entonces se dilatan los plazos, entorpecen el proceso y todo lo que implica», argumentó.
La burocracia y los controles dilatan la ayuda
En números oficiales se entregaron 1.900 módulos alimentarios y se está subsidiando con $200.000 a 1.075 beneficiarios que no cobran desde abril. Además, se incorporó a la tarifa social de energía durante dos bimestres y se habilitó la refinanciación de deudas acumuladas a 525 trabajadores.
A esto se suma un acuerdo con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), que permitirá un alivio fiscal sobre los impuestos Automotor e Inmobiliario con la condonación del 100% de los intereses y multas correspondientes a deudas del 2026.
El beneficio es automático sobre la base del listado remitido por la Secretaría de Trabajo, sin necesidad de que los trabajadores realicen trámites, e incluye la prórroga de vencimientos hasta el 31 de marzo de 2027. En tanto, el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay asegurará la provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados a la obra social sectorial.
Chamorro reconoce que las ayudas alimentarias llegaron todas. Se otorgaron desde el municipio cuatro módulos para más de 750 trabajadores de la Alimentación y los 230 del Sindicato de la Carne.
Sin embargo, el tema de los subsidios de $200.000 está demorando. Al respecto el dirigente gremial tildó de «desprolija» la implementación y se solicitó otra metodología ya que se acredita en la cuenta sueldo y la mayoría de los trabajadores están endeudados con la tarjeta y el banco lo absorbe de inmediato.
Chamorro entiende que las demoras en las ayudas son propias de la estructura del Estado. Primero se hizo un cruzamiento de datos y ahora están en un proceso de auditoría, carpeta por carpeta, y eso dilata los tiempos.
«Hasta el momento se registraron casi 200 subsidios que se dieron sobre una plantilla de 750. Se habló de la posibilidad de dar una segunda ayuda, pero todavía no sabemos qué requisitos tendrá”, adelantó.
Sobre el tema de la tarifa eléctrica, explicó que se hizo un descuento fijo de 500 kW y se irá implementando a los trabajadores una vez que pasen un proceso de auditoría. Hasta el día de hoy el beneficio ha llegado a unos 200 empleados. «Ese es el ritmo de los trámites. Cuando pedimos celeridad se argumenta la necesidad de la transparencia», puntualizó.