La entidad gremial remarcó que “las escuelas son espacios de encuentro, contención y cuidado” y destacó la importancia de los vínculos que se construyen cotidianamente entre docentes y estudiantes, sostenidos “en el afecto, el acompañamiento y el compromiso”.

Sin embargo, advirtió que “esos vínculos no siempre alcanzan para proteger a nuestros gurises de las situaciones de vulnerabilidad a las que se encuentran expuestos en su vida cotidiana, como consecuencia de las complejas circunstancias que atravesamos como sociedad”.

En ese sentido, Agmer Uruguay consideró “imprescindible y urgente que los organismos gubernamentales correspondientes asuman su responsabilidad”, fortaleciendo el acompañamiento a las comunidades educativas “mediante políticas públicas integrales de educación, salud y desarrollo social, acordes a las problemáticas que atraviesan hoy nuestras escuelas”.

Finalmente, la Seccional Uruguay reafirmó su compromiso con “una escuela pública que cuide, acompañe y garantice derechos” y sostuvo que continuará reclamando “las condiciones necesarias para que docentes y estudiantes puedan transitar estos momentos con el respaldo y la contención que merecen”.

Redacción Página Gremial

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El secretario general del Sindicato de Petroleros y Químicos de Gualeguaychú, Martín Gómez, cuestionó el accionar del organismo laboral. «Pedimos la extensión de la conciliación obligatoria y desde la Secretaría de Trabajo ni nos contestaron. Es una falta de respeto total», afirmó ante medios locales.

El conflicto se había iniciado cuando la empresa comunicó el despido de 11 empleados. La conciliación obligatoria permitió su reincorporación provisoria mientras se desarrollaban las audiencias, pero en la última reunión la firma ratificó las cesantías y, al vencer el plazo sin acuerdo, los trabajadores dejaron de prestar servicios y los despidos quedaron efectivos.

Unionbat: Se extiende la conciliación

La resolución contrasta con lo ocurrido en Unionbat, también de Gualeguaychú, donde la misma Secretaría de Trabajo decidió extender la conciliación obligatoria hasta el 4 de agosto. Allí continúan comprometidos 101 puestos de trabajo y los empleados mantienen un acampe frente a la planta desde que la empresa anunció los despidos.

Según denunció el sindicato, aunque la conciliación ordenó retrotraer las cesantías, la empresa mantuvo cerradas las instalaciones e impidió el regreso efectivo de los trabajadores a sus puestos. Gómez también aseguró que Unionbat adeuda la primera quincena de julio y pagos correspondientes a acuerdos por cambios de turno, lo que agrava la situación de las familias afectadas.

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Redacción Página Gremial

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Fuente: Infogremiales

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La resolución judicial cierra un proceso que se extendió durante más de tres años y despeja la incertidumbre que pesaba sobre el futuro de la cooperativa. La decisión llega, además, en un momento clave: el pasado 30 de junio vencía el plazo otorgado por la Justicia para que los trabajadores continuaran ocupando las instalaciones.

La propuesta aceptada contempla un pago inicial y la cancelación del saldo en cuotas mensuales durante cuatro años. De esta manera, la cooperativa no solo asegura la continuidad de la actividad productiva, sino que pasa a ser propietaria de la planta que mantuvo en funcionamiento desde la quiebra de la empresa.

Historia del rescate

La historia de esta recuperación comenzó en 2022, cuando el cierre de Cotapa dejó en riesgo decenas de puestos de trabajo. Frente a ese escenario, los trabajadores optaron por organizarse bajo la figura de una cooperativa y asumir el desafío de volver a poner en marcha la producción, recuperando el espíritu cooperativista que dio origen a la firma.

Lejos de limitarse a sostener la actividad, durante estos años la cooperativa impulsó un proceso de crecimiento. Incorporó maquinaria y equipamiento, realizó inversiones para modernizar la planta, amplió su capacidad productiva, generó nuevos puestos de trabajo y fortaleció su presencia comercial con cuatro locales propios en Paraná, ubicados en Villaguay 711, Almafuerte 1251, la Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud. Además, anunció la próxima apertura de un nuevo punto de venta en el Mercado de calle Perú.

“Esta resolución representa el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la tenacidad de los trabajadores. También es una demostración de que el modelo cooperativista es eficiente y puede permitirnos crecer bajo valores como la solidaridad”, expresó el presidente de la cooperativa, Carlos Strada. “Con mucha emoción, hoy podemos decir que la fábrica que recuperamos también es, definitivamente, nuestra”, subrayó.

En el mismo sentido, el jefe de Producción, Fabián Russian, recordó: “Vivimos años de incertidumbre, de angustia, pero siempre poniendo el corazón, el cuerpo y la esperanza. Estamos felices y agradecidos”.

La resolución judicial se conoce a pocos días de un nuevo aniversario de la empresa, ya que el 12 de julio cumplirá 62 años de historia.

Redacción Página Gremial

Con información de UNO Entre Ríos

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Según informó el organismo laboral, representantes de la empresa y del sindicato manifestaron voluntad de diálogo para intentar destrabar el conflicto que estalló tras el despido de un centenar de trabajadores de la planta de Gualeguaychú.

Sin embargo, la reunión no arrojó respuestas inmediatas: concluyó con un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de julio, cuando las partes se encontrarán en Paraná.

La conciliación obligatoria comenzó a regir a las 14 del miércoles 1 de julio. Dictada por el Gobierno provincial por un plazo de 15 días hábiles en el marco de la Ley 14.786, la medida ordena retrotraer la situación al momento previo a los despidos comunicados el 26 de junio. En ese sentido, la Secretaría intimó a UnionBat a reincorporar de inmediato a todos los trabajadores cesanteados y a abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalia durante la vigencia de la medida.

Asimismo, dispuso que el sindicato y los trabajadores dejen sin efecto todas las medidas de acción directa que estuvieran llevando adelante o tuvieran previstas, debiendo prestar tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación obligatoria.

La resolución también advierte que el incumplimiento de las intimaciones dirigidas tanto a la empresa como al sindicato podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la legislación laboral vigente.

Redacción Página Gremial

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La conciliación obligatoria implica la suspensión de las medidas de acción directa mientras dure el proceso de negociación y obliga a ambas partes a participar de las instancias de diálogo convocadas por la autoridad laboral.

Según trascendió, entre los empleados afectados por la medida se encontrarían integrantes de la comisión interna y delegados vinculados al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas.

Ante esa situación, el gremio realizó una denuncia formal y solicitó la inmediata intervención de las autoridades laborales. Minutos después, personal de la Secretaría de Trabajo se hizo presente en el establecimiento para llevar adelante una inspección que constató los despidos.

Esta situación se suma al cierre de la fábrica de baterías Unión Bat, que dejó sin trabajo a más de 100 operarios, y abre un interrogante acerca del futuro de la actividad industrial en la ciudad de Gualeguaychú.

Redacción Página Gremial

Fuente: R2820

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Sin embargo, desde el sector advirtieron que la continuidad laboral aún carece de certezas y reclamaron respuestas concretas de las autoridades municipales. «Cada renovación representa la posibilidad de seguir llevando el sustento a nuestras familias, pero seguimos sin la previsibilidad que necesitamos para trabajar con tranquilidad», manifestaron.

En ese sentido, exigieron al secretario de Movilidad Urbana que avance con los compromisos asumidos con las y los trabajadores. «Le pedimos al secretario Kevin Bolzan que les dé continuidad y forma a los compromisos asumidos. Necesitamos reglas claras y garantías para quienes todos los días sostenemos este servicio en las calles de Paraná«, expresaron.

A pesar del escenario de incertidumbre, los tarjeteros continúan desempeñando sus tareas con normalidad, por lo que solicitan el acompañamiento de la comunidad. «Seguimos trabajando con responsabilidad porque sabemos la importancia que tiene este servicio. Por eso también pedimos a la ciudadanía que nos acompañe y respete el sistema», señalaron.

Finalmente, remarcaron que el Sistema de Estacionamiento Tarifado continúa plenamente vigente y desmintieron versiones sobre una eventual suspensión. «El sistema no ha sido suspendido. Sigue funcionando y les pedimos a los automovilistas que respeten la normativa vigente y colaboren con las y los trabajadores debidamente identificados», concluyeron.

Redacción Página Gremial

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De acuerdo con la información que trascendió, la empresa dejaría de producir en Gualeguaychú y concentraría toda su actividad en su planta de San Martín, provincia de Buenos Aires, por lo que la pérdida de los puestos de trabajo sería definitiva.

Ante la decisión empresarial, delegados del Sindicato de Químicos y Petroquímicos viajaron a la ciudad para acompañar a los trabajadores despedidos y participar de la asamblea en la que se resolverán las acciones gremiales a implementar. Desde el sector calificaron la situación como «angustiante» y advirtieron sobre la incertidumbre que atraviesan las familias afectadas.

Redacción Página Gremial

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El sindicato argumenta que la fabricación de baterías implica el contacto directo con plomo, ácido sulfúrico, humos, polvos contaminantes y otros agentes de riesgo que afectan su integridad física y psicológica. En el documento presentado ante la cartera laboral –al que tuvo acceso Página Gremial– detalla que la exposición se produce en prácticamente todas las etapas del proceso productivo, desde la fundición y molienda del plomo hasta el llenado y ensamblado de las baterías.

Por tal motivo entiende que la actividad reúne las condiciones para ser considerada insalubre de acuerdo con la legislación laboral vigente y cita antecedentes normativos que históricamente identificaron como tareas de alto riesgo la fundición, laminado y fabricación de derivados del plomo. Además, remarca que los trabajadores pueden sufrir enfermedades derivadas de la inhalación de partículas tóxicas, el contacto con sustancias corrosivas y la manipulación permanente de materiales peligrosos.

Entre los riesgos señalados figuran la intoxicación por plomo, afecciones neurológicas, renales y cardiovasculares, problemas respiratorios, quemaduras químicas provocadas por el ácido sulfúrico, trastornos musculoesqueléticos derivados de la manipulación manual de cargas y la exposición a ambientes con altas temperaturas, ruido y gases inflamables. El escrito advierte incluso sobre el impacto psicológico que genera en los trabajadores la posibilidad de desarrollar enfermedades vinculadas a la actividad.

La solicitud también pone el foco en la necesidad de verificar las condiciones de seguridad e higiene de la planta, el cumplimiento de los controles médicos periódicos, las mediciones ambientales, la actuación de la ART y la implementación efectiva de medidas de prevención. Para ello, reclama una inspección detallada de todos los sectores de la fábrica, incluyendo la evaluación de los niveles de contaminación por plomo y ácido sulfúrico.

Qué implicaría la declaración de insalubridad

Si la Secretaría de Trabajo accediera al pedido, una de las principales consecuencias sería la reducción de la jornada laboral para los trabajadores alcanzados. La legislación nacional establece que quienes desempeñan tareas declaradas insalubres no pueden trabajar más de seis horas diarias o treinta y seis horas semanales, sin que ello implique una reducción salarial.

Además, la declaración obligaría a reforzar los controles sobre las condiciones laborales, incrementar las medidas de prevención y profundizar los monitoreos ambientales y sanitarios.

En sus conclusiones, el sindicato sostiene que los riesgos presentes en la fabricación de baterías son «objetivos, inevitables e inescindibles» del proceso productivo y que la exposición permanente al plomo y al ácido sulfúrico coloca a los trabajadores en una situación que justifica la intervención del Estado.

Inicios del conflicto

El conflicto en Fademi ya lleva más de dos años: desde mayo de 2024, cuando los trabajadores iniciaron reclamos por seguridad e higiene y la empresa respondió con suspensiones y despidos, lo que hizo escalar la situación.

En enero de 2025 la justicia ordenó la reincorporación de 25 trabajadores, medida que hasta el momento no se ha cumplido. En este contexto, la empresa permanece casi paralizada y arrastra una deuda millonaria de salarios.

Redacción Página Gremial

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