Fallo judicial abre la puerta a una fuerte recomposición salarial para trabajadores universitarios
Un nuevo fallo judicial dejó al Gobierno nacional con cada vez menos margen para seguir incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario y abre la posibilidad de una actualización de los salarios de entre el 25% y el 30% para más de 330.000 trabajadores de las universidades públicas, entre docentes y no docentes.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a la recomposición salarial al personal universitario y el aumento de las becas estudiantiles. Con la decisión, el expediente volverá al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 para que avance la ejecución de la cautelar.
De concretarse el cumplimiento de la medida, los salarios universitarios recibirían un incremento adicional de entre el 25% y el 30% sobre la recomposición ya otorgada en la paritaria de mayo, que rondó el 21%. La diferencia representa uno de los principales reclamos que vienen sosteniendo los gremios docentes y no docentes frente al deterioro del poder adquisitivo.
La resolución de la Cámara llega luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar. Los jueces entendieron que, tras esa decisión del máximo tribunal, la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la medida perdió objeto, por lo que ya no existen impedimentos para avanzar con su cumplimiento.
Ejecución inmediata
Desde las universidades interpretaron el fallo como el fin de las maniobras judiciales que habían demorado la aplicación de la cautelar. «El fallo de Cámara significa que ya podemos ejecutar la cautelar que el Gobierno sigue sin cumplir. Mañana mismo vamos a presentar la ejecución», sostuvo el abogado del CIN, Pablo Manili.
El conflicto tiene un fuerte impacto sobre el funcionamiento del sistema universitario. Según el planteo presentado por el CIN, la falta de cumplimiento de la ley afecta a 266.082 docentes universitarios y preuniversitarios, 65.851 trabajadores no docentes, casi dos millones de estudiantes y miles de becarios, además de comprometer la prestación de servicios en hospitales universitarios.
La disputa judicial se originó luego de que el Gobierno de Javier Milei suspendiera la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/25, argumentando que la norma no establecía una fuente de financiamiento específica. Si bien la cuestión de fondo todavía debe resolverse, la cautelar que protege la vigencia de los artículos referidos a salarios y becas rige plenamente.
Denuncia contra Santilli
En paralelo, el diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que el Ejecutivo continúa sin ejecutar las partidas presupuestarias necesarias para cumplir una ley aprobada por el Congreso.
El fallo judicial llega en la antesala del inicio del segundo cuatrimestre en gran parte del país, con los gremios universitarios ya en estado de alerta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y con nuevas medidas de fuerza sobre la mesa.
Redacción Página Gremial
Fuente Clarín