Extrabajadores de El Diario denuncian dilaciones judiciales y reclaman indemnizaciones

A casi ocho años de los despidos masivos en la empresa editora de El Diario de Paraná, más de 80 ex trabajadores continúan sin percibir las indemnizaciones que les corresponden, pese a contar con sentencias firmes a su favor.

Extrabajadores de El Diario de Paraná reclamaron al Superior Tribunal de Justicia una revisión urgente de los plazos y mecanismos de ejecución de las sentencias firmes vinculadas al pago de indemnizaciones, al denunciar que el conflicto se arrastra desde hace años sin soluciones efectivas y con consecuencias sociales cada vez más graves.

A través de un pronunciamiento público, los despedidos remarcaron que “el paso del tiempo resulta elocuente. Cuando comenzó este conflicto, el país se preparaba para un Mundial de fútbol. Luego pasó otro. Hoy, un nuevo torneo global vuelve a convocar la atención colectiva, lo que referencia el paso del tiempo y las deudas siguen intactas”.

Según indicaron, durante estos años los extrabajadores denunciaron reiteradamente que la empresa no destinó los fondos de su recaudación al pago de las indemnizaciones, tal como correspondía. También señalaron que distintos nombres vinculados a la conducción o propiedad de la firma se sucedieron sin resolver la situación, entre ellos la familia Etchevehere, Walter Grenón, Ramiro Nieto y, actualmente, Gustavo Scaglione.

En paralelo, cuestionaron el desarrollo del proceso judicial, al que describieron como marcado por demoras difíciles de justificar pese a la existencia de fallos firmes. El expediente se encuentra en el Juzgado de Concursos y Quiebras Nº 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, sin que hasta el momento se haya traducido en una resolución efectiva del conflicto.

Los extrabajadores también recordaron que en su momento se habilitó el cobro de un pronto pago que posteriormente dejó de cumplirse, lo que agravó la incertidumbre y generó nuevas demoras que calificaron como particularmente sensibles para quienes ya atravesaban situaciones económicas críticas.

En el documento, advirtieron que la prolongación del conflicto ha tenido consecuencias irreparables. Señalaron que algunos trabajadores fallecieron sin haber percibido lo que les correspondía y que otros se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad económica e incluso en situaciones cercanas a la indigencia.

Asimismo, cuestionaron el impacto institucional de la falta de ejecución de las sentencias. “¿Qué puede esperarse de un sistema en el que es posible incumplir durante tanto tiempo, bajo la mirada atenta y pasiva del Poder Judicial? Cuando una sentencia no se ejecuta en un plazo razonable, el derecho reconocido pierde sentido y la confianza en las instituciones se deteriora de manera inevitable”, plantearon.

En ese contexto, solicitaron al Superior Tribunal de Justicia que adopte medidas concretas y eficaces para garantizar el cumplimiento de lo resuelto por la Justicia, y reclamaron que no se generen nuevos perjuicios para quienes vienen sosteniendo sus reclamos desde hace años.

Por último, recordaron que la empresa había planteado en su momento la posibilidad de negociar sus deudas, aunque esa alternativa no derivó en soluciones reales para los despedidos. En ese sentido, insistieron en que la situación exige respuestas inmediatas, no sólo por los trabajadores afectados, sino también por la credibilidad del sistema judicial y el respeto efectivo a las decisiones de los tribunales.