El Gobierno intima a empresas y sindicatos a renegociar 150 convenios colectivos vencidos
Worker cutting metal with plasma equipment on plant.
En el marco de la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo notificará formalmente a los sectores productivos para actualizar las condiciones laborales y aportes sindicales, eliminando la vigencia automática de los acuerdos expirados.
A partir de este lunes, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos. Esta medida, impulsada a través del Decreto 407 publicado recientemente en el Boletín Oficial, busca que los acuerdos se adapten a la nueva reforma laboral, enfocándose en la actualización de cláusulas sobre condiciones de trabajo y contribuciones obligatorias.
El fin de la «ultraactividad» y los cambios en las cláusulas
Uno de los pilares de esta decisión es la modificación del principio de ultraactividad, que permitía que un convenio siguiera vigente indefinidamente tras su vencimiento hasta ser reemplazado por uno nuevo. Bajo la nueva normativa:
- Cláusulas normativas: Aquellas que definen las condiciones de trabajo mantendrán su vigencia para proteger los derechos adquiridos.
- Cláusulas obligacionales: Los aportes especiales y las cuotas solidarias pactadas entre empresas y gremios caducarán automáticamente al vencerse el convenio si no son renegociadas.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó la medida señalando la existencia de convenios con más de 50 años de antigüedad, firmados por partes que a veces ya ni existen. Por su parte, la Secretaría de Trabajo planea sumar más convenios a esta convocatoria a medida que se cumplan sus fechas de vencimiento.
Productividad y salarios dinámicos
La reforma introduce herramientas técnicas para las nuevas negociaciones, destacando el concepto de «salario dinámico». Este modelo permite incorporar componentes retributivos adicionales —fijos o variables— basados en el mérito personal del trabajador o en la situación específica de la organización, alejándose de los aumentos automáticos por inflación para centrarse en la productividad.
Asimismo, se abre la posibilidad de negociar beneficios a nivel de empresa individual y no solo por actividad de rama, lo cual desafía el modelo tradicional de negociación centralizada en Argentina.
El rol del Estado y la reacción gremial
El Gobierno se reserva el derecho de no homologar aquellos convenios que, a su criterio, generen «distorsiones económicas graves» que afecten el interés general. Aunque desde el Ejecutivo se asegura que no se «apurará con el almanaque en mano» y se busca fomentar el diálogo privado antes de la presentación oficial, la medida ha generado fuertes cruces.
Desde la CGT, los representantes legales advierten que esta medida busca la «aniquilación de los derechos» y fomenta la precarización laboral al permitir negociaciones «a la baja». En contraste, la administración libertaria sostiene que estos cambios son decisivos para la generación de nuevo empleo y la modernización del mercado de trabajo