Conflicto universitario: cautela gremial ante la oferta salarial del Gobierno
La propuesta contempla una recomposición del 21,33% para junio, una nueva actualización en octubre y el compromiso de reabrir la discusión salarial.
Después de meses de conflicto, paros nacionales, movilizaciones masivas y reclamos por el deterioro salarial, el Gobierno nacional presentó una propuesta de recomposición para los trabajadores de las universidades públicas.
La propuesta, transmitida a las organizaciones gremiales a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), contempla una recomposición del 21,33% sobre los salarios básicos de mayo de 2026, con impacto en los haberes de junio y en el medio aguinaldo del primer semestre. Además, prevé una actualización adicional del 3% en octubre y el compromiso de retomar la discusión salarial. Para los sindicatos, el ofrecimiento representa un primer reconocimiento al reclamo que vienen sosteniendo docentes y nodocentes desde hace meses y podría constituir un avance hacia la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa llega después de un prolongado conflicto en el que los trabajadores universitarios denunciaron una fuerte caída de sus ingresos frente a la inflación. Las federaciones gremiales sostienen que los salarios del sector acumulan una pérdida superior al 34% desde fines de 2023 y habían planteado la necesidad de una recomposición cercana al 52% para recuperar el poder adquisitivo perdido. En ese contexto, las organizaciones intensificaron las medidas de fuerza y reclamaron de manera reiterada el cumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso.
La presión sindical fue uno de los factores centrales que modificaron el escenario. Paros nacionales, clases públicas, campañas de visibilización y multitudinarias Marchas Federales Universitarias instalaron el conflicto en la agenda pública y lograron articular una demanda común entre docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores y autoridades universitarias. Todos coincidieron en advertir sobre las consecuencias del ajuste presupuestario en el funcionamiento de las universidades públicas y en la calidad del sistema educativo.