Milei despidió al personal civil de Olivos y delegó las tareas en las Fuerzas Armadas
El Gobierno dispuso que la Casa Militar controle de manera integral la residencia presidencial. Desde ATE se declararon en alerta, exigieron la reincorporación de los despedidos y solicitaron un examen psicofísico para el Presidente.
El Gobierno de Javier Milei resolvió desplazar al personal civil de la Quinta de Olivos e iniciar una transición para transferir de forma integral el funcionamiento del predio a las Fuerzas Armadas.
La medida alcanza a los trabajadores abocados a las tareas de cocina, limpieza, mantenimiento y servicios generales dentro de la residencia presidencial, cuyas funciones quedarán bajo la órbita directa de la Casa Militar.
La decisión provocó el rechazo inmediato de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se declaró en estado de alerta y anticipó posibles medidas de fuerza. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la resolución del Ejecutivo y exigió la reincorporación del personal cesanteado.
“¿De verdad algunos siguen pensando que no está loco? ¿En serio va a despedir a los trabajadores de la Quinta Presidencial?”, cuestionó Aguiar a través de sus redes sociales, al tiempo que confirmó que el gremio evalúa los pasos a seguir ante el conflicto.
De civiles a militares
La medida trascendió durante la tarde del jueves, aunque los cambios comenzaron a ejecutarse en las 48 horas previas.
Al menos 12 trabajadores habrían sido desplazados bajo la sospecha de haber filtrado información reservada. En tanto, el resto del personal civil desplazado de la residencia presidencial sería reubicado en la Casa Rosada, se informó.
A partir de la decisión presidencial, las tareas que hasta ahora realizaban trabajadores civiles quedarán progresivamente en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas. Mozos, cocineros, personal de limpieza y trabajadores encargados del mantenimiento de la residencia pasarán a depender de la estructura militar.
La medida no se limita a la seguridad de la residencia. El Ejecutivo comunicó que la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral sobre las funciones de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.
Hipótesis y versiones en torno a los despidos
Tras el desplazamiento del personal civil, se multiplicaron las especulaciones sobre las razones de la decisión presidencial. Una de las versiones señala que uno de los perros del Presidente habría sufrido una intoxicación, episodio que desató la sospecha de un intento de envenenamiento y aceleró la purga del personal.
Otra hipótesis vincula los despidos con la filtración de una supuesta compra de carne para la Quinta Presidencial por un monto cercano a los 500 millones de pesos. Asimismo, trascendió que al menos 12 empleados habrían sido señalados de manera directa por filtrar información reservada.
Ante la escalada de trascendidos, el Gobierno emitió un comunicado en el que atribuyó la decisión exclusivamente a razones de seguridad nacional.
La versión oficial: «seguridad» y la visita papal
A través de un comunicado, el Ejecutivo informó que «la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia».
Según el Gobierno, el objetivo es «fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos».
La medida fue argumentada en la «escalada de la inseguridad a nivel global» y en la preparación ante la visita del Papa León XIV. El traspaso a la órbita militar se completará en un plazo máximo de 60 días.
Asimismo, se anunció la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos para «reducir la estructura formal y la cantidad de personal». Pese a la explicación oficial, el texto no detalla los motivos del desplazamiento del personal civil ni da precisiones sobre las presuntas filtraciones de información.
ATE en estado de alerta
La reacción sindical fue inmediata. Rodolfo Aguiar ratificó que ATE se encuentra en estado de alerta y no descartó un paro en las próximas horas. «Nos preocupa la militarización del Gobierno» dijo tras considerar que la democracia se encuentra completamente debilitada en la Argentina.
En ese marco, el dirigente volvió a exigir un examen psicofísico para el Presidente y cuestionó el avance sobre la estabilidad laboral en el sector público.
“Queremos que se cumpla la garantía de estabilidad del empleado público para evitar que quienes confunden discrecionalidad con arbitrariedad condenen por capricho a trabajadores a la desocupación”, sostuvo Aguiar.
Tras responsabilizar al Gobierno por la escalada del conflicto, el gremio exigió dejar sin efecto las cesantías.
De este modo, mientras el Ejecutivo justifica la medida como un reordenamiento de seguridad, el sindicato concentra sus baterías en la defensa del personal civil desplazado.
Definiciones de Aguiar
Fuente: Data Gremial
Redacción Página Gremial