“Le hemos pedido a la Intendenta una mesa de negociación salarial, dado que los dos últimos aumentos han sido decretados unilateralmente”, expresó Levrand. La dirigente sintetizó el planteo sindical con una definición: “Los salarios se discuten con los trabajadores, no se decretan”.

Más de la mitad cobra el mínimo garantizado

Levrand afirmó que más de la mitad de los trabajadores municipales percibe el salario mínimo garantizado de $800.000. Advirtió además sobre las dificultades para afrontar los gastos cotidianos con esos ingresos.

“Obviamente, si uno tiene una familia, si tiene que afrontar un alquiler, pagar impuestos, los servicios, es un sueldo muy bajo”, sostuvo. La titular de APS también señaló que existe “un descontento generalizado” entre los trabajadores municipales.

“Gestión tras gestión, nuestra lucha ha sido por el colectivo, por todos los trabajadores y en defensa de un salario digno”, afirmó.

Además de la discusión salarial, Levrand indicó que el gremio solicitó explicaciones al Ejecutivo por designaciones y ascensos. Según denunció, éstos se habrían realizado por fuera de las normas. Sostuvo que estas situaciones afectan la carrera de los trabajadores municipales.

A la espera de una convocatoria

La dirigente gremial expresó que ahora aguardan la convocatoria del Ejecutivo municipal a una mesa de negociación a la brevedad. El objetivo de ese encuentro será discutir una recomposición que pueda alcanzar a los salarios de octubre.

“Las dos últimas fueron sin diálogo salarial”, reiteró Levrand al referirse a las actualizaciones dispuestas por decreto.

Redacción Página Gremial
Fuente: Elonce

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En diálogo con Página Gremial, la secretaria general de la Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, detalló los motivos del reclamo: «Nos vamos a dar cita los trabajadores y trabajadoras municipales en rechazo al aumento otorgado por la intendenta Rosario Romero, de un 3,5% decretado unilateralmente, sin ninguna convocatoria a mesa salarial, sin ninguna discusión que llevara a ese porcentaje».

En esta línea, la dirigente consideró que la falta de diálogo por parte el Ejecutivo municipal es «continuo y constante». Y denunció además los «incumplimientos de acta que se habían comprometido a devolver lo adeudado del 2023 y hasta el momento no se ha cumplido con ese cronograma de recupero».

Sueldos por debajo de la canasta básica

La situación económica de las familias municipales se torna cada vez más crítica frente a la escalada inflacionaria. «Nuestros sueldos ya están a mitad de la canasta básica; hoy un trabajador con ese aumento del 3,5% llega a 800.000 pesos, que obviamente está muy lejos de la realidad que nos atraviesa y del contexto socioeconómico que estamos viviendo. Y aparte porque hemos constantemente reclamado el diálogo salarial para poder empezar a recuperar el poder adquisitivo», remarcó.

Un contexto de ajuste e impacto en los derechos

Las decisiones de la administración local se enmarcan en un escenario más amplio que afecta a la mayoría de los trabajadores. «Se sufren recortes a nivel nacional y provincial, hemos perdido nuestra ley de jubilaciones que vulnera los derechos de los trabajadores. Hemos perdido la obra social, pero también acá en el municipio se han vulnerado derechos que han sido conquista de los trabajadores municipales», aseveró al respecto.

Ante este panorama, desde APS convocan a todos los trabajadores y trabajadoras a sumarse masivamente al plan de lucha. «Este miércoles estaremos en la Plaza 1° de Mayo mostrando nuestra realidad y manifestando nuestro descontento», ratificó Levrand recordando que «la dignidad se defiende con organización, unidad y lucha en las calles».

Redacción Página Gremial

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En la capital entrerriana, la convocatoria reunió a la comunidad universitaria con una importante presencia de sindicatos, agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales y políticas. La concentración comenzó en la Plaza 1° de Mayo y desde allí las columnas marcharon hacia la Casa de Gobierno.

Una vez que todas las columnas arribaron a Plaza Mansilla, los manifestantes entonaron el Himno Nacional de espaldas a la Casa Gris. Luego, se dio lectura al documento que reunió los principales reclamos de la jornada.

A la presencia de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), la Federación Argentina de Docentes de las Universidades (Fagdut) y la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), se sumaron numerosas organizaciones sindicales.

Estuvieron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), tanto a nivel central como de la Seccional Paraná; las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) –de los Trabajadores y Autónoma–, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Camioneros, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), La Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma), el Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (Aputn), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Fuerte reclamo por empleo

La crisis del empleo, los salarios, la precarización laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores ocuparon un lugar central en el documento leído durante el acto de cierre de la quinta Marcha Federal Universitaria en Paraná, que contó con una importante presencia de sindicatos.

El texto vinculó el desfinanciamiento de la educación pública con el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, y cuestionó las políticas del gobierno nacional y de la administración provincial de Rogelio Frigerio.

Bajo la consigna “La universidad pública y la soberanía no se venden”, el documento planteó la necesidad de unificar las luchas del movimiento universitario, las organizaciones gremiales y los movimientos sociales frente a lo que definió como un proyecto de ajuste y pérdida de derechos.

Uno de los ejes fue la situación del mercado laboral, con la enorme pérdida de empleos formales y el cierre de empresas. En Entre Ríos, consignó una caída del 2,6% de la actividad industrial en los últimos dos años, la pérdida de 12.506 puestos de trabajo privados registrados y el cierre de 1.202 empresas entre fines de 2023 y mediados de 2026. Como ejemplos de la crisis industrial, se mencionaron los cierres de Granja Tres Arroyos, Fademis, UnionBat y Valentinuz.

El texto cuestionó, además, la apertura de importaciones y las políticas de flexibilización laboral, a las que vinculó con la destrucción del empleo y el deterioro del mercado interno.

Salarios de pobreza

Asimismo, el documento cuestionó los salarios de pobreza de docentes y estatales entrerrianos, el vaciamiento de las paritarias y las restricciones a las asambleas escolares. También reclamó una recomposición salarial para docentes y nodocentes y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ante la deuda salarial y el ajuste sobre el sistema científico y universitario.

Por otro lado, el texto rechazó las disposiciones del DNU 70/23 que afectan derechos laborales y sindicales, como la huelga y las asambleas. Además, advirtió sobre la precarización docente en la Uader por la falta de concursos y cuestionó la ausencia de políticas de empleo, obra pública y apoyo a las cooperativas, así como las dificultades de quienes sostienen comedores comunitarios.

También cuestionó la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y el reemplazo del IOSPER por la OSER, al que vinculó con dificultades para acceder a prestaciones y cobertura de salud. Se expresó, además, solidaridad con los jubilados que se movilizan semanalmente y se denunció la represión contra sus reclamos.

Unificar las luchas

El texto convocó a fortalecer la articulación entre sindicatos, estudiantes, trabajadores, jubilados y organizaciones sociales frente al ajuste. Entre sus principales demandas, incluyó la recomposición salarial, la defensa de las jubilaciones y la salud, el respeto al derecho de organización sindical y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Universidades en crisis

La declaración cuestionó principalmente el desfinanciamiento de las universidades públicas y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, con consecuencias sobre los salarios docentes y nodocentes, las becas, la investigación y los gastos de funcionamiento. En ese marco, reclamó una recomposición salarial y más recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario y el derecho a estudiar.

El documento completo

Redacción Página Gremial

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El gremio ratificó su pedido formal para que se convoque de manera urgente a la Mesa de Negociación Salarial. Tras la falta de respuestas a la primera presentación (Expediente Nº259-2026 TDI del 15 de septiembre), el sindicato conducido por Alejandra Levrand presentó una nueva solicitud registrada bajo el Expediente Nº1573/26 TDI.

Desde la conducción de APS cuestionaron la postura del Ejecutivo municipal por liquidar de manera unilateral una suba salarial del 3,5%, la cual calificaron como “insuficiente”, al tiempo que remarcaron la falta de diálogo institucional y de ámbitos de negociación colectiva.

«Frente a la sostenida pérdida del poder adquisitivo, resulta inadmisible que las decisiones relativas a los ingresos de los trabajadores municipales se tomen de forma inconsulta y sin la debida discusión con las organizaciones representativas de los mismos», expresaron.

“El salario de las y los municipales se discute con los trabajadores, no sin ellos”, afirmaron desde el gremio instando a las autoridades locales a convocar de forma inmediata un ámbito de diálogo formal que permita destrabar el conflicto y atender la pérdida del poder adquisitivo del sector.

La nota

Redacción Página Gremial

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Asimismo, la entidad cuestionó el mecanismo utilizado por la administración local para determinar la pauta salarial. «El problema no es solamente cuánto se aumenta: también es cómo se decide», señalaron en el comunicado al que accedió Página Gremial.

«No aceptamos que una cuestión tan fundamental como el salario se resuelva entre cuatro paredes, sin una verdadera instancia de diálogo y negociación democrática con quienes representamos a las y los trabajadores», afirmaron.

En este contexto, la APS confirmó la presentación de un pedido formal para institucionalizar la negociación. «Entendemos que los salarios no pueden definirse sin los gremios. Una negociación seria y respetuosa requiere convocar, sentarse a discutir, analizar la realidad salarial de quienes sostienen todos los días el funcionamiento del Municipio, escuchar las propuestas y consensuar los aumentos. Y eso, una vez más, no ocurrió», advirtieron.

«El salario no se comunica: se discute»

Por otra parte, el gremio desestimó la convocatoria recibida para el pasado 24 de septiembre en la Secretaría de Hacienda, al considerar que no constituyó un ámbito legítimo de concertación. Para la APS, dicha reunión «no es una Mesa Salarial, no es negociación, no es participación».

«El salario no se comunica: se discute», sentenció el sindicato al ratificar la necesidad impostergable de entablar una discusión salarial efectiva y participativa.

Redacción Página Gremial

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El reclamo apunta a la necesidad de garantizar una salida laboral para los 123 tarjeteros y tarjeteras ante los cambios que traerá la implementación del SEM. Mientras el Municipio mantiene suspendida la instancia de diálogo, las familias vinculadas a la actividad continúan sin certezas sobre su futuro.

En ese sentido, los trabajadores señalaron la responsabilidad del Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano del Municipio, Kevin Bolzan, cuya área tiene a cargo la implementación del nuevo sistema y debe dar respuestas sobre la situación de quienes durante años sostuvieron esta tarea en la ciudad.

La implementación del nuevo sistema, que fue adjudicado a una empresa privada, provocó una movilización de los trabajadores el miércoles 26 de agosto.

Desde el sector advirtieron que la incorporación de tecnología y nuevas herramientas no puede convertirse en un argumento para desplazar trabajadores ni desconocer los derechos laborales construidos alrededor de una actividad que durante años tuvo presencia en las calles de Paraná.

También recordaron los compromisos asumidos oportunamente por el Municipio y exigieron que sean respetados. Por eso, reclamaron que se retome de manera inmediata la mesa de trabajo y que el proceso avance hacia una solución que garantice la inclusión y continuidad laboral del sector.

“El trabajo no se suspende. La organización tampoco”, subrayaron en un comunicado enviado a Página Gremial.

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El artículo 9º de la Ordenanza Nº 7215 establece que las promociones deben concretarse automáticamente el 1º de enero del año siguiente. Por ese motivo, desde la organización sindical exigieron que el Ejecutivo avance sin más demoras con su aplicación.

“Los ascensos automáticos no son un beneficio ni una concesión: son un derecho establecido por ordenanza y debe cumplirse”, sostuvieron desde APS.

El gremio de trabajadores municipales jerarquizados remarcó que el reclamo apunta no sólo al reconocimiento de las categorías correspondientes, sino también a evitar que los trabajadores continúen percibiendo salarios inferiores a los que les corresponden de acuerdo con la normativa vigente.

“Exigimos el cumplimiento de la Ordenanza 7215 y la inmediata efectivización de los ascensos automáticos”, plantearon desde APS. A la vez, reafirmaron su postura de defensa de los derechos laborales y salariales de los trabajadores municipales.

“Nuestras convicciones las hacemos saber: los derechos se cumplen, los salarios se defienden y lo que corresponde, se reclama”, concluyeron.

Redacción Página Gremial

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El primer encuentro presencial organizativo de la “Marcha de la Bronca” se realizó este miércoles. Fue tras participar el sábado de una reunión federal virtual que nucleó a más de 250 personas de todo el país.

El espacio reunió a referentes de diversos sectores políticos, sindicales combativos, ambientales, estudiantiles, feministas, jubilados y autoconvocados.

Se trata de una convocatoria que unifica el rechazo a las políticas de ajuste de los gobiernos nacional y provincial. Lleva la consigna “Gran marcha de la bronca: en camino a derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general”.

La «Marcha de la Bronca», prevista para el 19 de septiembre, busca darle continuidad a la coordinación que se consolidó en la movilización del pasado 6 de agosto contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esa jornada fue calificada como “un gran triunfo del pueblo movilizado que impidió que se siga entregando la soberanía de los territorios”.

Con el objetivo de articular el descontento, canalizar los reclamos y avanzar hacia un plan de lucha nacional orientado a la huelga general, el espacio mantendrá su carácter abierto. Para extender la acción a otros puntos de la provincia, se definió una nueva reunión organizativa virtual para el próximo jueves 3 de septiembre a las 19:00.

Redacción Página Gremial

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Los tarjeteros denuncian que el Municipio no los convocó a ninguna instancia de diálogo ni les brindó precisiones sobre cómo continuará su actividad. Concretamente, quieren saber de qué manera se los integrará al nuevo esquema.

“La transición hacia el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido debe comenzar con información clara, presencia del Estado y participación de los trabajadores”, señalaron los tarjeteros a Página Gremial.

Además advirtieron que “de los 130 que actualmente realizan la tarea, solo 47 tendrían lugar en el nuevo esquema”. En ese marco, la incertidumbre volvió a hacerse visible este miércoles frente al Palacio Municipal, donde los trabajadores reclamaron respuestas.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunciaron que el Municipio avanzó en la adjudicación a la UTE SAEM – IT S.A. a través de la licitación 44/2026 sin haberlos convocado a una mesa de negociación previa.

Por eso reclamaron que la intendenta Rosario Romero garantice la continuidad laboral de quienes actualmente cumplen la tarea y respete la normativa vigente.

En ese sentido, exigieron que se cumpla la ordenanza que establece la continuidad de los trabajadores que ya se desempeñan como tarjeteros.

Redacción Página Gremial

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Juan Salazar y Ángeles Furlán encabezan la Lista Naranja, que el 2 de octubre competirá en las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Paraná. Se enfrentarán al oficialismo encabezado por Daniel Ruberto, secretario general del gremio desde el 16 de noviembre de 1987, casi 39 años ininterrumpidos.

La opción opositora está conformada por la unión de dos listas que participaron separadas en la elección pasada, en 2022: la Naranja y la Comercio 2.0, y tiene el foco puesto en la necesidad de una renovación dirigencial y generacional.

“Recambio y transparencia”

“La propuesta nace con el objetivo claro de recuperar un sindicato cercano y transparente, que vuelva a representar los intereses de los trabajadores”, difunden en sus comunicados.

En diálogo con Página Gremial, el candidato a secretario general, Juan Zalazar, enumeró algunas de las líneas en las que se trabajará, en caso de conseguir la conducción del sindicato. “La representación del trabajador con presencia y escucha, la modernización y extensión de prestaciones de la obra social y un espacio efectivo para la mujer en el ámbito gremial, entre otros puntos”, confió.

Zalazar es trabajador de un hipermercado ubicado en calle Larramendi, Furlán es empleada de un negocio de rodamientos. El resto de la lista, al igual que ellos, está conformada por trabajadores en actividad. Ésta -dicen- es una de las fortalezas de la propuesta, representar a los empleados en sus problemas cotidianos como salarios, transporte, alquileres, deudas y la merma de los sueldos debido a la inflación.

«Sanear Osecac”

La Lista Naranja considera que la obra social es deficiente y cada vez tiene menos prestaciones. “Solo hay atención en los sanatorios Del Niño y La Entrerriana, pero muchas veces está cortada”, indicó Zalazar.

En tanto subrayó que todo está centralizado. “Si querés una orden tenés que venir hasta el centro. No hay posibilidades de sacarlas online. Tampoco hay convenios con prestadores de San Benito, Colonia, Oro Verde o Cerrito”.

Al respecto, no dudó en responsabilizar a Daniel Ruberto quien, a nivel nacional, ocupa el cargo de vicepresidente de Osecac.

Necesidad de renovación

La oposición reconoce la estructura, el edificio de la sede y el camping, pero aseguran que, en la actualidad, los afiliados demandan presencia y renovación. “El señor Daniel Ruberto, no ha tenido la grandeza o la escucha para consensuar con la oposición. Decir a las diferentes agrupaciones ‘sentémonos y veamos qué tenemos en común y cómo podemos trabajar juntos’. Al contrario eligió dividir”, expuso el candidato naranja.

Para Zalazar la actual conducción no ha promovido la apertura del sindicato: “Creo que tiene que ver con el ejercicio de la conducción. Hoy vemos un sindicato vertical, y nosotros creemos que debe ser horizontal”.

Por otra parte consideró que “estar 40 años al frente de un sindicato es poco democrático. Si bien, ha habido elecciones cada cuatro años, durante siete periodos hubo lista única. Nosotros nos consideramos nuevos dirigentes y queremos nuestro espacio”, expresó.

Sin padrón

Otro de los reproches a la actual gestión es la negativa a entregar el padrón de afiliados.

Según la Lista Naranja, la Junta Electoral del SEC no les ha proporcionado una copia para poder trabajar y hacer llegar sus propuestas a los trabajadores.

El padrón habilitado para votar es de unos 4.500 afiliados. “Hoy se hace muy difícil llegar al votante o que se enteren que habrá elecciones y que se podrá optar entre dos listas. Se priva al trabajador de conocer las distintas propuestas. Se está coartando la democracia sindical”, recriminó.

En cuanto a las urnas contó que seis estarán en la sede de calle 9 de Julio, de las cuales cinco serán para afiliados activos y una para jubilados. Luego habrá otras 14 urnas volantes en distintos puntos de Paraná y en Cerrito.

“Habrá urnas en Chango Más de Calle Brown, y el Hiper de Larramendi, otra en Diarco, varias en la sede y una en Cerrito”, sintetizó.

Qué demandan los trabajadores

“La situación es muy crítica y el trabajador vive en una incertidumbre. El consumo ha bajado, ha ganado lugar la venta online y la apertura de importaciones indiscriminadas. El salario ha caído y con eso caen las ventas. Frente a esta situación, el trabajador nos reclama un gremio presente para contenerlo y asesorarlo», explicitó.

Por otra parte indicó que «todavía hay empleados trabajando un regimen de ocho horas, pero solo cuatro “en blanco” o trabajando horas extras sin que se las abonen. Frente a distintas circunstancias y eventualidades, el trabajador necesita del gremio en la calle”.

En ese sentido, Zalazar ejemplificó que los horarios de atención del SEC coinciden con los de los empleados, lo que hace dificultosa su atención. «Creemos que el sindicato tiene que ir al trabajador, no el trabajador al sindicato. Para eso, tenemos que mejorar los canales de diálogo”, expresó.

Secretaría de la Mujer y aprovechamiento del camping

La lista opositora tiene la intención de organizar actividades recreativas y deportivas para las afiliadas, además de promover sus derechos y abrir el espacio para reclamos laborales y de género. En ese sentido la Secretaría de la Mujer mediará para la participación plena de las mujeres trabajadoras.

Otro sector que se pretende jerarquizar es el de los pasivos: “Tenemos que comprometernos con nuestros jubilados, promocionando y reforzando lo recreativo, con un programa serio, que ocupe las instalaciones y el camping con diversas actividades”.

Finalmente Zalazar mencionó el proyecto de la escuela de iniciación deportiva para los hijos de los afiliados, una demanda de las mujeres trabajadoras.

Educación y capacitación

Lucas Flores, trabaja en una pinturería. En la lista Naranja se candidatea a ocupar la Secretaria de Educación.

Apuesta a capacitar a los nuevos dirigentes para la renovación constante dentro del gremio. Otro de los puntos propuestos será la modernización. “Nuestra agrupación, Comercio 2.0. que va unida con la Naranja, pretende un gremio moderno y democrático, en el que se discuta, por ejemplo, la inconveniencia de tener una lista de 90 cargos, además de otros temas.

“Hay que llamar al empleado de comercio para que participe y para que opine durante todo el año. Queremos un gremio abierto que escuche a los trabajadores y que, en función de eso, actúe”, resumió el candidato a Radio La Red Paraná.

Buenas expectativas

Para cerrar, Juan Zalazar se mostró esperanzado del eventual cambio en la conducciòn del SEC: “Veo con entusiasmo esta oportunidad y somos optimistas porque creemos que la gente, las empleadas y empleados de comercio, esta vez van a dar una oportunidad a la renovación. Es momento de nuevos actores”, puntualizó.

Redacción Página Gremial

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