El Gobierno provincial reconoce la crisis industrial
El secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, señaló que la provincia atraviesa un escenario diferente al de años anteriores, con conflictos que dejaron de concentrarse en pequeños comercios para instalarse en grandes empresas industriales. La situación compromete a más de mil puestos de trabajo, refleja un deterioro que impacta sobre el entramado productivo provincial y obliga al Estado a seguir de cerca cada caso.
Hasta hace poco, la mayor parte de las intervenciones de la Secretaría de Trabajo estaban vinculadas a cierres de pequeños comercios, desvinculaciones individuales o acuerdos entre partes. Ahora, según admitió el propio Camoirano, comenzaron a multiplicarse los conflictos en compañías de mediano y gran tamaño, un fenómeno que modifica la escala del problema y sus consecuencias sociales.
“Lo que estamos viendo es, quizás, una cadena de conflictos que son de mediano tamaño. Antes predominaban los conflictos del pequeño comerciante y las desvinculaciones acordadas; hoy aparecen un par de empresas grandes atravesando situaciones complejas”, sostuvo el funcionario.
En las últimas semanas quedaron expuestas las dificultades que atraviesan empresas como Unión Bat, Fademi y Laboratorios Pyam, en Gualeguaychú, mientras que en Concepción del Uruguay continúa la incertidumbre en torno a Granja Tres Arroyos. En conjunto, estos conflictos involucran a más de mil familias entrerrianas.
Aunque todos los casos desembocan en conflictos laborales, Camoirano advirtió que no responden a un único origen. “Hay empresas que arrastran problemas propios de gestión y otras que están afectadas por la situación económica o por la caída del consumo. En algunos casos cambió la pauta de consumo y en otros directamente disminuyó la demanda, impactando sobre la actividad”, explicó en declaraciones a Radio Plaza.
Polo industrial bajo presión
Otro dato que destacó el Secretario de Trabajo es la concentración geográfica y sectorial de los conflictos. Gualeguaychú reúne actualmente varios de los casos más relevantes, que además pertenecen a un mismo segmento industrial.
“Nos llamó la atención que casi todas las empresas grandes con conflictos pertenezcan al rubro químico o petroquímico. UnionBat y Fademi producen baterías y Laboratorios Pyam también está vinculado a la industria química. A eso se suma Granja Tres Arroyos, que presenta una situación distinta pero afecta a casi mil trabajadores de Concepción del Uruguay”, señaló al respecto.
El desafío del Estado
Cuando estas situaciones se producen en industrias que emplean a cientos de personas, la dimensión que alcanzan obliga a intervenir para amortiguar sus efectos sobre las economías locales.
En ese sentido, Camoirano señaló el rol del Estado: “Tenemos que seguir de cerca cada uno de los conflictos, sobre todo cuando afectan de manera tan importante a determinadas localidades, e ir acompañando cada uno de esos procesos”.
Redacción Página Gremial
Con información de Plaza Web