El conflicto universitario sigue abierto y la crisis se profundiza
El paro universitario de 24 horas de este miércoles volvió a dejar expuesto un conflicto que el Gobierno nacional intentó dar por cerrado, pero que permanece abierto en las universidades. Así lo plantearon representantes de los dos sindicatos de docentes universitarios entrerrianos, que evaluaron la medida de fuerza y advirtieron sobre el escenario que atraviesa el sector, en declaraciones recogidas por Página Gremial.
Docentes y no docentes confluyeron en una nueva jornada nacional de protesta el miércoles 12 de agosto, para reclamar la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación salarial y la reapertura de las paritarias.
En Entre Ríos, el balance de la jornada dejó en evidencia que el malestar sigue vigente porque no han variado las condiciones salariales y laborales de quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento de las universidades públicas.
“Fue un paro muy importante”, valoró la secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza, quien destacó especialmente la confluencia de docentes y no docentes.
Aseguró que el reclamo central sigue siendo el mismo: que el Gobierno de Javier Milei implemente la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento continúa pendiente. La dirigente también cuestionó el intento oficial de instalar que el conflicto universitario había quedado atrás.
La ley sigue sin cumplirse
La situación salarial es uno de los principales motivos que mantienen abierto el conflicto. Según explicó el secretario general de AGDU, Germán Orsini, si bien hubo una recomposición de haberes, todavía persiste una pérdida cercana al 30% respecto de lo que correspondería recuperar.
Por su parte, la secretaria general de Sitradu apuntó a otro incumplimiento que afecta directamente a las universidades: el aumento del 20% de los fondos destinados a gastos de funcionamiento acordado en junio.
Ese incremento –que debía permitir afrontar gastos básicos como luz, gas y mantenimiento– no fue girado por el Gobierno, situación que ya denunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La respuesta oficial fue que existe plazo hasta diciembre para completar el envío.
“La falta de ese 20% profundiza el desangre, el ahogamiento presupuestario de las universidades”, planteó Cáceres Sforza en declaraciones a Página Gremial. Señaló además que a los estudiantes se les adeuda una actualización significativa de las becas: “Les deben el 300% de aumento”, remarcó.
Trabajar más para llegar a fin de mes
“Hay gente que trabaja siete horas y cobra 800 mil pesos”, expuso Orsini al ejemplificar la crisis. Según explicó, la pérdida salarial se ubica entre el 25 y el 27%, mientras que la inflación continúa deteriorando los ingresos.
Como consecuencia, los trabajadores universitarios docentes y no docentes buscan otros ingresos para compensar la pérdida de poder adquisitivo, lo que también repercute sobre la actividad universitaria.
La situación “no da para más, la gente está agotada”, resumió Orsini.
El 1° de septiembre, fecha bisagra
La convocatoria del Gobierno a paritaria para el 1° de septiembre, luego de meses sin negociación salarial.
Cáceres Sforza sostuvo que la convocatoria llega por la presión de la Justicia, que viene reclamando al Gobierno el cumplimiento de la ley, y expresó dudas sobre la posibilidad de que exista una propuesta concreta.
Orsini definió esa fecha como “un día bisagra”. En diálogo con el programa Cara y Ceca, de Radio UNER, señaló que el interrogante será “si el Gobierno presenta un plan de pago para cumplir con la ley, ofrece una cancelación parcial o directamente no formula ninguna propuesta”.
La protesta continúa
Lejos de cerrar el conflicto, el paro del 12 de agosto funcionó como una nueva señal de alerta. Los gremios universitarios ya tienen definidas nuevas medidas de fuerza para la semana próxima y anticipan acciones de visibilización conjuntas.
Para Sitradu, el objetivo es sostener el reclamo por la implementación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario. “Hoy en la universidad pública argentina, sus docentes, no docentes y estudiantes somos pobres”, señaló Cáceres Sforza.
Redacción Página Gremial