ATE responde a la denuncia penal y habla de “animosidad y desidia”
El Consejo Directivo Provincial de ATE rechazó de manera categórica la denuncia penal presentada por el Gobierno provincial contra integrantes de la organización sindical a raíz de la movilización realizada este martes en la Dirección General de Recursos Humanos. El gremio sostuvo que se trató de una protesta pacífica y legítima para reclamar respuestas sobre derechos laborales, trámites demorados, carrera administrativa, salarios y la urgente apertura de paritarias.
Desde ATE señalaron que los reclamos fueron dirigidos precisamente a las áreas que tienen responsabilidad sobre esas cuestiones, como la Dirección General de Recursos Humanos y la Secretaría de Trabajo, y cuestionaron que, frente a la falta de respuestas, el Gobierno opte por recurrir a una denuncia en lugar de resolver los planteos de los trabajadores.
“Cuando un Gobierno no brinda respuestas para los trabajadores en tiempo y forma, y estos reclaman fervientemente por ello, no puede pretender reemplazar el diálogo y la solución de los conflictos por la criminalización de quienes demandan respuestas”, sostuvo el gremio.
Además reivindicó el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades y a ejercer la protesta sindical. En ese marco, afirmó que la movilización cumplió con los requisitos legales y se desarrolló de manera “firme, contundente y enérgica, pero pacífica”.
ATE rechazó además las acusaciones de acciones intimidantes, amenazantes o dañosas contra personas y bienes y sostuvo que “en ningún momento” se produjeron hechos de esas características. También señaló que los responsables de las áreas donde se desarrolló la protesta no se encontraban en sus lugares de trabajo, incluida la funcionaria que radicó la denuncia.
Críticas a la política sindical del Gobierno
El gremio vinculó la denuncia con lo que definió como una política de “animosidad y desidia” del Gobierno provincial. En particular, cuestionó lo que considera una decisión política de privilegiar el vínculo con otra organización sindical.
“Esta actitud no es inocua: busca deliberadamente debilitar la representación que ejerce ATE de sus trabajadores, generando desigualdades sindicales y perjudicando al colectivo de trabajadores que necesita una verdadera defensa de sus derechos laborales”, afirmó.
También inscribió el conflicto en el escenario nacional y provincial. Cuestionó las políticas impulsadas por Javier Milei y Rogelio Frigerio, a las que atribuyó el deterioro de los salarios, las condiciones laborales y el empleo público, además de un avance sobre derechos conquistados.
“Frente a esas políticas de desguace y debilitamiento, la organización y la protesta pacífica de los trabajadores no son violencia: son una respuesta legítima y necesaria”, sostuvo.
“No vamos a aceptar que se criminalice la protesta”
ATE Entre Ríos manifestó que se pondrá a disposición de la Justicia para aportar los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido y determinar la verdad de los hechos.
El gremio ratificó que continuará reclamando por los derechos laborales y por la apertura de paritarias. A la vez, advirtió que no aceptará que las protestas sean utilizadas para ocultar la falta de respuestas del Ejecutivo.
“No vamos a aceptar que se criminalice nunca la protesta para sustituir y ocultar la falta de respuestas de parte del gobierno de turno”, afirmó. Por último, rechazó el uso de las instituciones del Estado para “perseguir y castigar” a quienes ejercen sus derechos sindicales.
Redacción Página Gremial