En sus argumentos establece como fin: “brindar una solución descentralizada, ágil y transparente a la transitabilidad en el ámbito rural”. Sin embargo, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) implica un vaciamiento de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Funciones

La función central de los Consorcios Camineros consistirá en planificar y ejecutar tareas de conservación, mantenimiento, reparación, reforma y mejora la red vial terciaria, comunal o vecinal de Entre Ríos.

Pero sus competencias podrán extenderse a la realización de alcantarillas o puentes, obras de seguridad vial y, eventualmente, a la atención de tramos de la red secundaria provincial.

Las obras y trabajos de mantenimiento de estas entidades no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas, rigiéndose en cambio bajo esta nueva normativa y los contratos que se suscriban formalmente con la DPV.

Otras tareas

• Manejo hídrico: mantenimiento y rehabilitación de canales y sistemas de escurrimiento natural de agua, coordinando el control técnico con la Dirección Provincial de Hidráulica a través de la DPV.
• Mejoras complementarias: forestar, señalizar y realizar mejoras viales afines.
• Contrataciones y alianzas: convenir servicios con otras reparticiones oficiales o instituciones privadas de la zona, así como asociarse con consorcios vecinos para el uso compartido de maquinarias o proyectos multilaterales.
• Capacitación: desarrollar programas de concientización comunitaria en materia de seguridad vial y preservación del patrimonio público.

Los proyectos viales podrán ser diseñados tanto por la DPV como por los propios consorcios; no obstante, si son ideados por estos últimos, requerirán la aprobación técnica oficial previa del organismo.

Requisitos para la constitución de Consorcios Camineros

La conformación legal y reconocimiento consta de varias etapas:

• Comisión Promotora: se requiere la integración de un grupo promotor inicial compuesto por un mínimo de siete personas físicas o jurídicas, con domicilio real comprobable en el área de influencia del proyectado consorcio.
• Presentación del Proyecto: dicha comisión deberá elevar a la DPV una solicitud de habilitación formal respaldada por las firmas del grupo promotor y un croquis detallado de la jurisdicción de caminos que pretenden atender.
• Evaluación de Vialidad: la DPV contará con un periodo máximo de 60 días corridos para emitir una resolución sobre la viabilidad del nuevo consorcio.
• Ante dictámenes negativos, los interesados podrán subsanar objeciones y pedir revisión (…)
• Personería Jurídica: una vez conseguida la viabilidad técnica por parte de la DPV, los promotores iniciarán trámites ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas para constituirse formalmente como Asociación Civil sin fines de lucro.
• La estructura interna de los consorcios estará conformada por una asamblea pública y prevé socios activos; de representación necesaria y adherentes.

Esquema de financiamiento

El sostenimiento y la capacidad operativa de los Consorcios Camineros se financiará a partir de un esquema de recursos públicos y privados delineado en la reglamentación.

Distribución de Fondos Viales: la principal fuente pública será el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial creado por la Ley N° 9.602 (T.O. Ley N° 11.142). Este dinero será distribuido anualmente entre las zonales de la DPV y los consorcios reconocidos, calculándose en función de los kilómetros de caminos a cargo.

Límites de Financiamiento Público: los convenios que firmen los consorcios con la DPV para el mantenimiento de caminos de ripio, tierra, broza u otros mejorados, establecerán que la Provincia financiará, como máximo el 80% de los costos totales. El 20% restante se cubrirá con aportes privados de los socios.

Sin embargo, para obras nuevas u obras viales no periódicas, la financiación del Estado a través de la DPV podrá llegar hasta un máximo del 85%.

Maquinarias e Insumos: la DPV podrá realizar aportes con insumos, materiales, asesoramiento profesional y cesión temporaria de maquinaria.

Operaciones con Privados: los consorcios podrán ejecutar caminos, accesos u obras dentro de propiedades privadas siempre que exista un contrato previo aprobado por dos tercios de la Comisión Directiva. Estas obras privadas admitirán retribuciones económicas o pagos en especie por parte del beneficiario.

Exención Impositiva: se concede a los consorcios la exención absoluta sobre el pago de todo impuesto o tasa de jurisdicción provincial que afecte a sus bienes o actividades específicas.

Control, responsabilidad y sanciones

Contralor Estatal, Técnico, administrativo y contable por la Dirección Provincial de Vialidad. Asimismo, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas auditará el cumplimiento de las obligaciones de tipo institucional.

• Control Externo de Cuentas: en lo que respecta al manejo de caudales y recursos públicos, las operaciones quedarán bajo la órbita de auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
• Responsabilidad de los Consorcistas: los miembros de los consorcios son responsables personal y solidariamente por la administración y destino de los bienes de la entidad, determinándose que solo responderán con su patrimonio personal en los casos donde se logre comprobar la comisión de dolo o culpa graves en sus funciones directivas o administrativas.
• Sanciones por Incumplimiento e Intervención: si un consorcio incurre en irregularidades financieras, violaciones normativas, acefalía de sus autoridades o no ejecuta las partidas asignadas de manera injustificada, la DPV podrá inhabilitarlo legalmente, suspendiendo contratos vigentes y exigiendo la renovación de las autoridades de la comisión.
• En situaciones extremas, la DPV está autorizada a dictar una intervención transitoria designando a un funcionario de su propio organismo para regularizar administrativamente el consorcio o solicitar su disolución. En caso de disolución, todo el patrimonio y los bienes del consorcio serán transferidos al dominio de la DPV.

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El Gobierno provincial puso en marcha una mesa interinstitucional y multisectorial para revisar el funcionamiento del sistema de alimentación escolar. Además buscará avanzar en un nuevo esquema de seguimiento y control de los comedores de las escuelas.

La primera reunión fue encabezada el miércoles por el gobernador Rogelio Frigerio. Reunió a representantes del Estado, universidades, especialistas, el Colegio de Nutricionistas y la empresa proveedora del servicio. El objetivo será sostener un ámbito permanente para relevar las dificultades, evaluar el funcionamiento del sistema y definir medidas de mejora.

Uno de los principales cambios planteados es la incorporación de más de 60 profesionales de la nutrición, para reforzar el seguimiento técnico y profesional de la alimentación escolar en todo el territorio provincial.

Desde el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos remarcaron la necesidad de que el nuevo esquema permita un monitoreo permanente. Su presidenta, Josefina Martínez Garbino, sostuvo que «el propósito común de este espacio es lograr que el sistema mejore». En ese sentido, destacó la posibilidad de realizar relevamientos en territorio, evaluar el funcionamiento de los comedores y formular recomendaciones.

«La alimentación diaria de los chicos tiene un impacto muy importante en su estado nutricional presente y futuro», señaló Martínez Garbino. En ese sentido, propuso ampliar la participación en la mesa con bromatólogos, pediatras del Ministerio de Salud y representantes del Consejo General de Educación.

La mesa se conforma en un escenario de fuerte cuestionamiento al nuevo esquema de alimentación escolar. La decisión del Gobierno de centralizar las compras y adjudicar a Teknofood SA la provisión de desayunos y meriendas para cientos de escuelas fue rechazada por gremios, especialistas y organizaciones, y terminó judicializada. Un amparo colectivo presentado por familias, Agmer y Fundación Cauce logró frenar la distribución de productos con sellos de advertencia. En ese contexto, la incorporación ahora anunciada de nutricionistas y especialistas aparece como una respuesta oficial frente a las críticas sobre la calidad de los alimentos, los controles y el diseño del nuevo sistema.

Freno a los ultraprocesados: avanza el amparo colectivo y Teknofood responde

Qué se busca revisar

La mesa trabajará sobre distintos aspectos del sistema de alimentación escolar, entre ellos la calidad nutricional, la inocuidad de los alimentos, la trazabilidad y los mecanismos de control.

Otro de los objetivos planteados es reducir las diferencias que existen actualmente entre las distintas escuelas y avanzar hacia criterios comunes para todo el territorio provincial.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, definió la primera reunión como un espacio de diálogo en el que cada sector pudo plantear se postura.

«Es un punto de partida para integrar las distintas miradas y avanzar hacia la mejor opción posible, para que nuestros niños tengan una mejor alimentación», afirmó.

Berisso explicó que se analizarán distintas alternativas para alcanzar un sistema más homogéneo, incorporando los aportes de las universidades, la empresa proveedora, el Colegio de Nutricionistas y las distintas áreas del Estado.

El aporte de las universidades

Las universidades tendrán un papel central en el nuevo ámbito de trabajo. El rector de Uader, Luciano Filipuzzi, destacó la amplitud de la convocatoria, que reúne a sectores que pueden aportar sobre «la cuestión esencial: lo nutricional y la calidad de los alimentos».

Desde la UNER, el decano de la Facultad de Bromatología, José Dorati, señaló que la universidad aportará conocimientos vinculados con la inocuidad, la producción de alimentos y los marcos regulatorios relacionados con la nutrición y la bromatología.

Dorati valoró la posibilidad de «dialogar sobre esta temática y pensar cómo trabajamos de manera conjunta para mejorar un sistema que necesita revisión y nuevos aportes».

De la reunión participaron también el nutricionista, docente de la UNER e investigador Sergio Britos; y el rector de esa Universidad, Juan Manuel Arbelo. Además, representantes de la empresa Teknofood; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini.

La mesa tendrá reuniones periódicas y deberá avanzar en relevamientos territoriales, propuestas técnicas y mecanismos de seguimiento.

Redacción Página Gremial

Fuente: Gobierno de Entre Ríos

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De acuerdo con el último informe de coyuntura de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la provincia contabilizó 30.621 trabajadores industriales en abril de 2026, un 1,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, al tomar enero de 2022 como base 100, el índice de empleo industrial entrerriano permanece por encima de ese nivel. La evolución es diferente a la registrada a nivel nacional, donde el indicador se encuentra por debajo de aquel punto de referencia.

El dato adquiere relevancia frente al informe del CEPA que alertó sobre la pérdida de más de 12.500 empleos registrados en Entre Ríos, a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Así, mientras el empleo registrado provincial evidencia un retroceso, la industria entrerriana presenta una mayor capacidad de sostenimiento respecto de los niveles de referencia de los últimos años, aunque con una caída interanual que también da cuenta de las dificultades que atraviesa el sector.

Una industria con señales dispares

El informe de la UIER también muestra que la evolución de la actividad industrial no es uniforme.

Durante junio, la demanda de energía eléctrica industrial aumentó 8,1% interanual y acumuló una mejora del 2,6% durante 2026. El indicador constituye una señal de mayor actividad en distintos segmentos de la industria provincial.

En algunas ramas vinculadas a la agroindustria, el crecimiento fue aún más marcado. La molienda de soja aumentó 24,5% interanual en junio y acumuló una mejora del 3,4% en los primeros seis meses del año.

También registró un fuerte crecimiento la actividad porcina. La faena aumentó 19,1% interanual en junio y acumuló una suba del 10,8% durante 2026.

Los indicadores plantean así un escenario con comportamientos contrapuestos: mientras algunos sectores incrementan su actividad, el empleo industrial registra una baja interanual y el conjunto del empleo registrado provincial atraviesa una caída significativa.

La evolución de la actividad será, en ese marco, uno de los factores a observar para determinar si el crecimiento de determinados sectores logra traducirse en nuevos puestos de trabajo.

El Gobierno destaca el desempeño industrial

El gobernador Rogelio Frigerio destacó los datos de la industria como una señal de fortaleza del entramado productivo entrerriano.

“Estamos viendo resultados concretos de una política que desde el primer día tuvo como prioridad acompañar al que produce, al que invierte y al que genera trabajo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la provincia está logrando diferenciarse del escenario nacional y planteó como desafío que el crecimiento de los sectores productivos se traduzca en mayor generación de empleo.

“Estos datos nos muestran que hay sectores que están respondiendo, que están invirtiendo y que están generando actividad. Nuestra responsabilidad es seguir generando las condiciones para que quienes producen en Entre Ríos puedan crecer, incorporar trabajadores y agregar valor en nuestra provincia”, sostuvo.

Los datos disponibles dejan, de este modo, una fotografía más compleja del mercado laboral entrerriano: hay sectores industriales que sostienen o incrementan su actividad, pero esa dinámica todavía convive con una pérdida de empleo registrado en el conjunto de la provincia.

Redacción Página Gremial

Fuente: Gobierno de Entre Ríos

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La cifra representa el 46% de los 6.306 inscriptos hasta el momento. Además, otro 40% de las solicitudes se encuentra en trámite, por lo que el programa continúa avanzando en la evaluación y resolución de las situaciones financieras de trabajadores y jubilados que buscan ordenar sus deudas.

La iniciativa fue puesta en marcha en mayo pasado con el objetivo de brindar una herramienta concreta para que los entrerrianos puedan cancelar deudas vigentes con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades, y unificarlas bajo condiciones financieras más favorables.

El plan contempla una tasa fija del 60%, hasta 72 meses de plazo y un período de gracia de hasta dos meses.

Del total de personas inscriptas, 776 casos -el 16%- no califican para acceder al programa debido a las condiciones que presentan como deudores frente al Banco Central.

En tanto, los 2.609 inscriptos restantes se encuentran en distintas etapas del proceso: algunos ya fueron analizados y están a la espera de completar documentación, mientras que otros continúan en instancia de análisis.

La herramienta alcanzó también al sector privado

Uno de los aspectos destacados del programa es su alcance, ya que no está dirigido exclusivamente a trabajadores de la Administración Pública Provincial y jubilados provinciales.

Del total de inscriptos, el 21% corresponde a empleados que no pertenecen a la Administración Pública Provincial ni son jubilados provinciales.

De esta manera, la herramienta también alcanzó a trabajadores del sector privado, en línea con el objetivo de ofrecer alternativas para mejorar el perfil financiero de las familias entrerrianas y liberar recursos destinados al pago de cuotas elevadas.

El Banco Entre Ríos contempla como destinatarios a empleados públicos, privados y jubilados.

El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos se implementó como una política orientada a ordenar las finanzas personales, reducir la carga mensual de las familias y brindar una alternativa de financiamiento en mejores condiciones, a partir de la unificación de obligaciones vigentes.

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El texto normativo lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio; del ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Según se precisa en el articulado, las subas tendrán carácter provisorio y permanecerán vigentes hasta tanto se adopten nuevas pautas salariales en el marco de la negociación colectiva estipulada por la Ley Nº 9.624, quedando sujetas a los acuerdos definitivos que se alcancen en dicho ámbito.

Decreto

Aumento del 3% y adicionales

Entre las disposiciones centrales, la normativa aplica un aumento del 3% en el Punto Índice Docente sobre los valores vigentes a junio. A partir del 1º de julio, para la Jornada Simple quedó fijado en 281,4668, mientras que el correspondiente al cálculo de la Bonificación por Prolongación de Jornada y Jornada Completa (Código 052) ascendió a 486,3593.

El mismo porcentaje de suba se trasladó al adicional regulado por el Decreto Nº 5863/05 MEHF (Código 06), cuyos valores detallados se consignan en el anexo de la norma. Asimismo, el Adicional Remunerativo del Código 18 alcanzó los $65.273 en julio; el Código 117 se fijó en $23.051; y el Adicional Remunerativo Código 38 quedó determinado en $109.894.

Actualización del Fopid y Conectividad

La medida oficial dejó sin efecto el artículo 2º del Decreto 500/2026 para actualizar, desde los haberes de julio, los importes correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y al Complemento Provincial de Conectividad.
Los montos asignados para cada concepto quedaron liquidados de la siguiente manera:

• Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid): $87.070 para Jornada Simple y $138.139 para Jornada Completa.
• Complemento Provincial de Conectividad: $62.148 para Jornada Simple y $100.297 para Jornada Completa.

Escala de haberes mínimos de bolsillo

La norma fijó también los nuevos montos del Haber Mínimo de Bolsillo por cargo docente (neto de asignaciones familiares y descuentos de ley), vigentes desde el 1º de julio:

• Jornada Simple (con carga semanal mínima de 20 horas): $850.000.
• Jornada Completa (desde los 600 puntos): $1.143.317.
• Jornada Simple (con carga inferior a 20 horas semanales): $754.513.

Para la determinación de estos pisos salariales se contempló la integración del adicional del Decreto Nº 5863/05, del Fopid y del Complemento Provincial de Conectividad, expresándose explícitamente en la norma que dicha inclusión no altera la naturaleza jurídica de cada uno de esos conceptos.

Alcance a la educación privada

En relación con los establecimientos de educación pública de gestión privada que cuentan con aporte estatal, el Poder Ejecutivo dispuso el incremento de las transferencias a dichas instituciones en las proporciones necesarias para cubrir las modificaciones en las escalas salariales y en los conceptos de Fopid y Conectividad.

Finalmente, en los fundamentos del decreto se explicita que las áreas técnicas de la administración realizaron las proyecciones presupuestarias y financieras correspondientes, concluyendo que la provincia cuenta con la viabilidad técnica y económica para afrontar las erogaciones derivadas de la norma.

Incremento para estatales

Asimismo, el Poder Ejecutivo dispuso un incremento salarial del 3% a partir de los haberes correspondientes a julio para los trabajadores de la administración pública provincial. La recomposición se tomó tomando como base de cálculo los salarios vigentes al mes de junio. Se estableció, además, un aumento del 3% en los tramos de las asignaciones familiares, a partir del 1º de julio de 2026.

Escala de haberes

Mediante el mismo instrumento normativo, la gestión provincial actualizó el Haber Mínimo (neto de asignaciones familiares y de las deducciones fijadas por ley) para las distintas áreas del Estado:

• Escalafón General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Oficina Provincial de Presupuesto: $765.913.

• Escalafón General del Ministerio de Salud (que percibe códigos de Actividad Crítica o Riesgosa): $872.948.

• Carrera de Agentes Sanitarios: $889.133.

• Escalafón Salud – Carrera de Enfermería: $988.952.

En el ámbito del sistema sanitario, el decreto estableció además nuevos importes para las becas de los profesionales residentes encuadrados en la Ley N°8.951, cuyo detalle cuantitativo fue formalizado en el anexo salarial adjunto a la norma.

De este modo, el Gobierno entrerriano oficializó la liquidación de las pautas salariales de julio de manera unilateral, luego de que las negociaciones paritarias desarrolladas con los gremios del sector público finalizaran sin lograr un acuerdo de partes.

Decreto

Redacción Página Gremial

La entrada El Gobierno oficializó el aumento salarial para docentes y estatales se publicó primero en Página Gremial.

En el marco de la compleja situación que atraviesa la empresa avícola en Concepción del Uruguay, desde el Gobierno de Entre Ríos se afirmó que el operativo de acompañamiento integral para los 930 trabajadores afectados por la paralización de la planta La China avanza y contiene a los trabajadores y sus familias.

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, confirmó que habrá un subsidio de $200.000 para cada trabajador. Para el trámite ya se recibieron unas 825 solicitudes «que están siendo procesadas para completar los pagos en los próximos días».

Además se distribuyeron 1.900 módulos alimentarios en dos etapas y se gestionó una tarifa social diferenciada de energía eléctrica, beneficio que ya alcanza a 525 hogares.

En materia sanitaria, la provincia articuló con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) la provisión de medicamentos y brinda cobertura especial a trabajadores con patologías crónicas a través del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

El plan de contingencia: Venta de activos y reestructuración de deuda

Mientras el Gobierno mantiene la asistencia social, la empresa puso en marcha un plan de rescate elaborado por la consultora Valo Columbus para evitar la quiebra y el default, además de buscar inversores.

La firma reconoce un pasivo superior a los 350 millones de dólares, que incluye deudas con una docena de bancos, proveedores de insumos, organismos fiscales (ARCA) y compromisos comerciales.

El objetivo central del plan es captar 115 millones de dólares de liquidez inmediata a través de cuatro ejes estratégicos:

• Búsqueda de inversores: Por primera vez en su historia familiar, la empresa abre la puerta a nuevos socios para aportar unos 45 millones de dólares.
• Venta de activos estratégicos: Se prevé recaudar 30 millones de dólares mediante la desinversión en unidades secundarias, como la planta de deshidratados en Zárate, establecimientos de producción porcina en Bella Vista, un tambo en Santa Elena y la planta Becar en Concepción del Uruguay.
• Renegociación con proveedores: Se diseñaron cuatro alternativas de pago para los acreedores comerciales que incluyen quitas de capital de hasta el 75% o planes de refinanciación a siete años sin quitas.
• Producción para terceros: Se busca utilizar la capacidad instalada ociosa para producir bajo la modalidad de «fazón» y generar ingresos frescos sin inversiones adicionales.

El éxito de este salvataje depende de una adhesión masiva de los acreedores y de la obtención de nuevo financiamiento para capital de trabajo.

De no lograrse un acuerdo privado, la compañía contempla la posibilidad de avanzar hacia un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) para evitar el colapso definitivo de su estructura industrial.

Redacción: Página Gremial

Con información de IProfesional y La Pirámide

La entrada Granja Tres Arroyos: el Gobierno ya recibió más 800 pedidos de subsidio mientras la firma presenta plan de contingencia se publicó primero en Página Gremial.

Durante el encuentro, Frigerio manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores de Granja Tres Arroyos y aseguró que la Provincia continuará acompañando el conflicto. En ese marco, recordó que esta semana comenzó el pago del subsidio provincial de $200 mil para parte de los empleados afectados, asistencia que se suma a la ayuda alimentaria y a una tarifa social diferenciada de energía eléctrica.

Los sindicatos, por su parte, reclamaron medidas urgentes para reactivar la planta de Concepción del Uruguay y defender los puestos de trabajo.

El encuentro –del que también el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano– se produjo en medio de la incertidumbre que atraviesan cientos de familias, mientras la planta continúa paralizada y sin una solución de fondo.

Los gremios reclamaron una salida

Tras la reunión, el secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), Rubén Lafuente, señaló que expusieron ante el gobernador la magnitud de la crisis que atraviesa la empresa, una problemática que, afirmó, excede a Entre Ríos y alcanza a todas las provincias donde opera la firma.

«Valoramos la predisposición del gobernador, que conoce en profundidad la situación y ya viene manteniendo conversaciones con distintos actores del sector», sostuvo.

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de la Carne, Carlos Molinares, destacó que «las cuatro organizaciones sindicales que representamos a los trabajadores fuimos escuchadas por el gobernador, quien manifestó su compromiso de seguir buscando alternativas para que la empresa pueda reactivarse».

En la misma línea, el delegado provincial de UATRE, Edgardo Mayer, planteó la necesidad de avanzar en la búsqueda de inversores que permitan reactivar una actividad que consideró «con futuro y perspectivas de crecimiento».

Finalmente, el secretario de Junta de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Daniel Leo, calificó la reunión como «muy importante» y remarcó que el objetivo compartido es encontrar una salida que garantice la continuidad de los puestos de trabajo.

La reunión dejó una señal de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, pero la urgencia sigue estando del lado de los trabajadores, que acumulan meses sin cobrar la totalidad de sus salarios y esperan que las gestiones se traduzcan en una reactivación concreta de la planta y no solo en nuevos compromisos.

Redacción Página Gremial

Fuente: Gobierno de Entre Ríos

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La Cámara de Diputados de Entre Ríos, en la sesión ordinaria de este miércoles, dio sanción definitiva a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial (18 votos contra 12). Este resultado generó un duro rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER).

En paralelo al tratamiento legislativo, los gremios que integran la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional se movilizaron hacia Casa de Gobierno y permanecieron concentrados durante toda la sesión para ratificar su postura contra la iniciativa. Por su parte, UPCN llevó adelante un paro activo en toda la provincia, con eje en el reclamo por una mejora salarial y en oposición a la reforma previsional.

ATE: “No solo hay que recuperar derechos, sino ir por más”

Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, calificó la modificación de la Ley 8.732 como un “retroceso” y denunció que se trata de un “brutal ajuste hacia la clase trabajadora”.

En esta línea, el dirigente sindical consideró que la aprobación de la iniciativa fue posible porque el gobierno “necesitó quebrar la resistencia ante la oposición” entendiendo que “hubo dos senadoras que fueron cooptadas por el gobierno provincial”. Esto garantizó la sanción inicial en el Senado para que el proyecto avanzara a Diputados y terminara convirtiéndose hoy en ley.

Ante este escenario, Muntes anunció que el próximo 7 de agosto llevarán adelante una jornada nacional de lucha con paro y movilización en todo el país en defensa del Estado y los derechos de las y los trabajadores. La medida será impulsada en la provincia con la Multisectorial, espacio que «defiende no solo la reforma previsional sino también nuestra obra social, los despidos y los cierres de las fábricas en nuestra provincia”, recordó tras señalar: “Nuestro objetivo es que Milei no pueda seguir avanzando”.

El titular de ATE cuestionó la gestión nacional de Javier Milei y al gobierno de Rogelio Frigerio. “No podemos permitir que piensen en administrar lo que deja este gobierno; no solo hay que recuperar derechos, sino ir por más”, concluyó.

Agmer: “El Gobierno profundiza el proceso de empobrecimiento”

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, aseguró que la sanción de la reforma previsional “es un paso más en el proceso de empobrecimiento de parte de Frigerio, que termina ajustando haberes de los trabajadores, afectando derechos y cumple en hacer la tarea de lo que le pide el Gobierno nacional en línea con un pedido del FMI”.

El dirigente informó que el sindicato comenzará a estudiar la norma junto a la Multisectorial. “Vamos a tomarnos unos días, pero empezamos a tener fundamento jurídico como para avanzar en una denuncia de cara a la inconstitucionalidad. En breve estaremos tomando esa definición”, señaló.

Antivero sostuvo que durante el tratamiento legislativo Agmer expuso “casos fácticos donde demostramos que esta iniciativa es un ajuste, que el 82% móvil se desdibujaba y se perdía”, pero cuestionó que “aun así los legisladores terminaron votando a favor”. En contraposición, destacó la postura del diputado Carlos Damasco, «que entendió que era un plan de ajuste, se comprometió a no votarlo y cumplió», y cuestionó a otros legisladores al afirmar que “muchos no habían leído el proyecto” y que “legislan con una irresponsabilidad tremenda”.

El dirigente gremial respondió a las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio sobre el “coraje” para impulsar la reforma. “Coraje hay que tener para ir contra los grupos concentrados de la economía. Venir contra nosotros no tiene nada de coraje”, sostuvo. Y concluyó: “Ese es el ADN del pensamiento del Gobierno; así han construido sentido en la sociedad, tanto Frigerio como los funcionarios”.

Agmer realizará su Congreso provincial el próximo 6 de agosto en La Paz, donde, según adelantó Antivero, “va a surgir un plan de lucha” que incluirá la continuidad del reclamo salarial y el análisis de la reforma previsional.

AJER: “Buscan transformar la Caja en Anses”

El secretario general de AJER, José María Segura, aseveró que el Gobierno “terminó de concretar un objetivo que se puso desde el principio, que es transformar a la Caja en la Anses: jubilaciones de pobreza y con una actualización que va a depender de la voluntad de cada gobierno de turno”.

El dirigente afirmó que la reforma “significa el empobrecimiento de los jubilados” y también perjudica a los trabajadores activos. En ese sentido, cuestionó la emergencia previsional por hasta cuatro años y el aporte extraordinario del 3% para salarios superiores a los tres millones de pesos. “El aporte jubilatorio se iría a 22%. Es otra disminución de los salarios”, sostuvo, y agregó que la ley incorpora “la suba de la edad y una serie de decisiones que son todas en perjuicio de los trabajadores”.

Segura lamentó “la necedad del Gobierno de no escuchar el reclamo de los trabajadores” y confirmó que AJER estudiará “todas las presentaciones judiciales que se puedan hacer”, especialmente por la inconstitucionalidad de la emergencia, el aumento de aportes, la delegación de facultades al gobernador y la eliminación de la movilidad previsional. Y acotó :“Esto afecta derechos adquiridos y el principio de progresividad”.

Finalmente, indicó que el gremio recibió el respaldo de organizaciones que integran la Federación Judicial Argentina y advirtió que la reforma entrerriana forma parte de una estrategia más amplia. “Se está viendo con absoluta claridad la intención de reducir el gasto de la seguridad social a nivel nacional. Esto se viene para el resto de las provincias que no han transferido sus cajas”, cerró.

UPCN: “No es momento de bajar los brazos”

En el marco del paro activo concretado este miércoles, UPCN fijó postura tras la aprobación de la reforma previsional en la provincia. Carina Domínguez, secretaria adjunta del gremio, señaló que la jornada sirvió para debatir y organizar a las bases, al tiempo que remarcó que el resultado era “un final casi esperado” debido a las conversaciones previas del Ejecutivo con la Cámara de Senadores.

A pesar de que el gremio fue crítico con varios aspectos de la iniciativa, como el método de prorrateo para calcular el haber inicial y la cláusula que permitiría trasladar automáticamente un eventual aumento de la edad jubilatoria nacional a la provincia, Domínguez destacó: “Dimos la discusión posible y logramos modificar algunos aspectos. Que no nos hayan escuchado en todo no significa bajar los brazos”, afirmó tras advertir que la reforma “no es integral”.

De cara a los próximos pasos, la dirigente sindical remarcó que la atención estará puesta en dos instancias clave: la reglamentación de la ley y la creación de una comisión de seguimiento que funcione de manera complementaria para evaluar su aplicación.

Redacción Página Gremial

Fotos: La lucha en la calle

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Gobierno y gremios estatales

La nueva audiencia tiene por objetivo continuar con la negociación salarial de la administración pública, luego de que las conducciones de UPCN y ATE solicitaran un incremento en las pautas presentadas por las autoridades de la provincia.

La propuesta oficial contempla un aumento del 3 % en los haberes correspondientes a julio, otro 3 % de incremento para los salarios de septiembre. A estas cifras se agrega la suma fija no remunerativa que había sido acordada previamente en la mesa paritaria del pasado mes de mayo.

Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron la notificación formal del llamado a las partes para este martes 14 de julio, a las 14 horas, en la sede laboral de calle Buenos Aires 166, en Paraná.

Redacción Gremial

Foto y fuente: Gobierno de Entre Ríos

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Luego de varias semanas de consultas y exposiciones, los senadores miembros de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos emitieron dos dictámenes de mayoría para modificar la Ley Nº 8732, que regula el Régimen de Jubilaciones y Pensiones provincial.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, bajo el nombre de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” (Expediente Nº15.711), ingresará formalmente al pleno este miércoles 8 de julio y se debatirá en sesión especial la próxima semana, se informó en la página del Senado de Entre Ríos.

Dos dictámenes diferentes

El despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (con mayoría de Juntos por Entre Ríos) incorporó modificaciones al texto original con los aportes de gremios, profesionales y del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Así lo explicó el senador Gustavo Vergara quien detalló puntos centrales de la iniciativa.

• Declaración de emergencia: se establece por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos si el Poder Ejecutivo lo decide y lo comunica formalmente al Legislativo.
• Aporte solidario: se fijó una tasa del 3% para los activos que perciban más de 3 millones de pesos. También se implementará una contribución patronal para sostener el déficit.
• Edad jubilatoria y cálculo: se mantendrá en 65 años para los varones y 60 años para las mujeres. Para el cálculo del haber inicial, se tomarán los últimos 15 años de aportes en el total de haberes.
• Regímenes especiales: continuarán vigentes, pero con la obligación de realizar aportes solidarios hasta que alcancen la edad jubilatoria general. Se definió un período de transición para los años 2026 y 2027.
• Trámites en curso: habrá una «discriminación positiva» para resguardar a quienes ya reúnan los requisitos y tengan su trámite iniciado en la Caja de Jubilaciones.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (con mayoría del bloque Más para Entre Ríos) presentó un proyecto alternativo. El senador Juan Pablo Cosso explicó que la falta de consenso unificado se debe a diferencias «coyunturales» con el oficialismo. A continuación, se mencionan algunos de los ejes centrales del texto:

• Rechazo a la emergencia: la oposición no considera necesaria la declaración de emergencia.
• A futuro: las modificaciones están pensadas principalmente para quienes ingresen en la actualidad a la carrera administrativa del Estado.
• Fondo de Sostenibilidad: propone la creación del Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional para fortalecer financieramente el sistema previsional.
• Consejo Consultivo: se impulsa la creación del Consejo Provincial de Sostenibilidad Previsional, un órgano permanente para el seguimiento, evaluación y recomendación de políticas previsionales.

Presencias

De la reunión conjunta que se celebró este martes en la Sala de Comisiones, ubicada en el segundo piso de la Casa de Gobierno, estuvieron presentes 15 senadores: Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá -Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos) y Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos).

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Redacción Página Gremial

Fuente y fotos: Senado Entre Ríos

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