El fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre volvió a encender el conflicto en las universidades nacionales. Sin respuestas salariales ni presupuestarias, el Frente Sindical Universitario resolvió profundizar el plan de lucha.

La primera medida será un paro nacional universitario el martes 8 de septiembre. Una semana después, el martes 15, docentes y nodocentes realizarán una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”.

El cronograma continuará el 17 de septiembre con un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a una nueva paritaria.

La expectativa sindical está puesta, sin embargo, en la construcción de una nueva movilización federal que vuelva a reunir a la comunidad universitaria en las calles.

«La situación no puede esperar»

Desde el Frente Sindical advirtieron que la situación salarial y presupuestaria “no puede esperar” y cuestionaron la falta de respuestas del Gobierno frente a un deterioro que afecta a los trabajadores de las universidades y pone en riesgo el funcionamiento del sistema público.

“Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional”, señalaron las organizaciones al anunciar las nuevas medidas de fuerza.

El reclamo se centra en la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias que permitan recuperar el salario perdido frente a la inflación. Incluye también la actualización de las becas Progresar y Belgrano y la definición de un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades.

El Frente Sindical está conformado por las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fagdut, UDA y Fedun, y la federación nodocente Fatun.

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Redacción Página Gremial

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La movilización comenzó hacia los tribunales y concluyó frente a la Municipalidad, donde los manifestantes reclamaron el pago de indemnizaciones, salarios atrasados, aguinaldos y vacaciones adeudadas, cuotas alimentarias, además de exigir la reapertura de la planta para retomar sus tareas.

En tanto, algunos de los manifestantes, entre ellos el delegado Maximiliano Zalazara, se encadenaron en la explanada del Centro Cívico para visibilizar la gravedad de su situación y reclamar respuestas de la Justicia y del intendente José Eduardo Lauritto.

Familias desesperadas

La paralización de las actividades de Granja Tres Arroyos comenzó el pasado 22 de mayo, dejando a unos 950 empleados en la calle. Hacia fines de agosto, envió unos 470 telegramas de despido.

El drama social que atraviesan los damnificados se ve reflejado en sus propios testimonios. Durante la concentración, los operarios manifestaron su desesperación ante meses de abandono por parte de la patronal.

«Hemos dejado la vida por Tres Arroyos, y ahora hace 4 meses que ni nos hablan, ni nos atienden. Empezaron a mandar telegramas de despidos, y en el medio, la gente que está sin cobrar desde mayo, está desesperada», expresaron a medios locales.

En el diálogo cara a cara con el intendente Lauritto, un trabajador lo interpeló: «Si el dueño es dueño, nos quiere echar, perfecto, nos echa. Pero ¿cómo no la Justicia, por qué no intima que nos paguen?», cuestionando el rol judicial en el conflicto.

En el mismo tono, le preguntaron: «Usted es un hombre de la Justicia, ¿qué nos sugiere? ¿Qué nos aconseja?». Los damnificados resumieron su reclamo afirmando que «en este momento necesitamos cualquier ayuda. Son demasiadas familias en una situación de angustia absoluta».

Mediación y advertencia

El intendente José Eduardo Lauritto salió a hablar con los manifestantes, Tras mantener este encuentro, los trabajadores que se encontraban encadenados decidieron levantar la medida de protesta.

Lauritto asumió un compromiso activo para mediar ante los propietarios de la empresa: «La situación es muy delicada, estamos a disposición para intentar gestiones, yo mismo intentaré dialogar con los empresarios hoy mismo para trasladar este reclamo genuino: saber si van a recibir el dinero que les corresponde», sostuvo el jefe comunal.

El intendente reconoció el impacto que la crisis de GTA produce a nivel local. «La empresa atraviesa severas dificultades financieras (…) Acá no se trata de buscar excusas y justificaciones o explicaciones macroeconómicas».

Hay 930 familias que quieren saber cómo van a comer hoy, cómo van a pagar sus cuentas hoy, y eso afecta a toda la economía de la ciudad».

A su vez, Lauritto advirtió a los trabajadores sobre la posibilidad de que la empresa ingrese en un proceso de concurso de acreedores, señalando que ese escenario complicaría los plazos de cobro: «Yo creo que ellos donde entren en concurso (…) va a invalidar todo pago».

Módulos alimentarios

Este miércoles comenzó el envío de módulos de comida destinados a los empleados nucleados en el Sindicato de la Alimentación, alcanzando a aproximadamente 700 trabajadores. Para este jueves está previsto que continúe la distribución con la llegada de nuevos módulos para los afiliados de los sindicatos de la Carne y de Molineros.

Por su parte, el Gobierno de Entre Ríos continúa implementando un esquema de contención y asistencia económica y social para las familias damnificadas.

Esta ayuda se suma al otorgamiento de subsidios de $200.000 para los trabajadores afectados, una tarifa eléctrica diferenciada, la refinanciación de las deudas contraídas con la empresa Enersa y beneficios fiscales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor correspondientes al año 2026.

Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que mantienen un acompañamiento permanente mediante el Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Secretaría de Trabajo para gestionar alternativas frente a la emergencia.

Paralelamente, destacaron la medida de embargo dispuesta sobre los dueños de Granja Tres Arroyos, argumentando que este instrumento busca determinar y delimitar las responsabilidades empresariales en el conflicto, diferenciándolas de las acciones de asistencia de emergencia que sostiene el Estado.

Redacción Página Gremial

con información de La Pirámide

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Dicho compromiso se dio en el marco de un paro de 24 horas con movilización que el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) llevó adelante durante este martes, mientras se desarrollaba la sesión en el Senado.

En defensa de Vialidad

La consigna fue “la defensa de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), de la fuente de trabajo y de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores viales” y contó con una importante participación de los trabajadores.

Desde la organización sindical destacaron el compromiso, la unidad demostrada por los trabajadores durante una jornada histórica para Soever, ya que se trató del primer paro realizado en tres décadas.

“Hoy los trabajadores viales dieron una muestra clara de organización y compromiso. Nos movilizamos con respeto, firmeza y la convicción de que defender Vialidad es defender nuestro trabajo, nuestras funciones y el futuro de una institución clave para Entre Ríos”, expresaron desde el sindicato.

El compromiso del ministro con Soever

Sobre la ley aprobada Soever consideró que se abre una nueva etapa en la que el sindicato deberá estar presente para defender los intereses de Vialidad y de los trabajadores viales en cada instancia de implementación.

En ese marco, se informó que el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia de Entre Ríos, Hernán Jacob, asumió el compromiso de incorporar a Soever en la discusión de la reglamentación de la Ley de Consorcios Camineros, para que la organización pueda plantear su posición, realizar aportes y defender las funciones propias de la DPV.

Desde el gremio valoraron ese compromiso, aunque remarcaron que deberá traducirse en una participación formal y efectiva del sindicato en la reglamentación de la norma.

“No alcanza con que los trabajadores sean escuchados después de que las decisiones están tomadas. Soever tiene que estar presente en la reglamentación para cuidar sus funciones, resguardar condiciones laborales y evitar que la ley sea utilizada para debilitar la DPV o avanzar sobre los trabajadores”, señalaron.

Por otra parte, el ministro Jacob también se comprometió a trabajar en un proyecto de fortalecimiento de Vialidad, orientado a dotar a las zonales, talleres y canteras de mayor cantidad de maquinaria, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del organismo en todo el territorio entrerriano.

Para el sindicato, este punto resulta central, ya que el reclamo sostenido desde el inicio por el gremio.

Asimismo se ratificó la defensa del organimso con fuerte presencia territorial, administración directa, trabajadores capacitados, zonales fortalecidas, talleres en funcionamiento, canteras activas y maquinaria suficiente para sostener los caminos de la provincia.

“La ley fue aprobada, pero la defensa de Vialidad continúa. Este paro y esta movilización marcaron un límite y abrieron una nueva etapa”, avizoraron.

Redacción Página Gremial

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La jornada tiene un carácter histórico para el Soever: es el primer paro general de los trabajadores viales en 40 años. La medida alcanzó a las distintas zonales de la provincia y tuvo como eje el rechazo al proyecto de Consorcios Camineros, pero también a la reforma de la Ley de Obras Públicas, el debilitamiento de las estructuras zonales, la tercerización de tareas técnicas y las modificaciones al régimen previsional del sector.

Con banderas y carteles, los trabajadores se concentraron frente a la sede gubernamental para hacer visible su rechazo a un paquete de medidas que, advierte el sindicato, pone en riesgo el funcionamiento y el futuro de Vialidad Provincial.

Tratamiento en el Senado

La movilización coincidió con el tratamiento legislativo del proyecto de Consorcios Camineros. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el Senado fue convocado para sesionar este martes desde las 15.

Para el Soever, el proyecto crea una estructura paralela a Vialidad y habilita un esquema con menores controles. El secretario general del gremio, Federico Colominas, advirtió que los consorcios podrían incluso subcontratar empresas para ejecutar las tareas.

“Se crea una estructura paralela donde los consorcios camineros se pueden conformar y trabajar con un procedimiento distinto al que trabaja Vialidad provincial”, señaló el dirigente en diálogo con Página Gremial.

El gremio también cuestiona que esos consorcios puedan utilizar maquinaria y recursos humanos de la propia Vialidad, además de advertir sobre la posibilidad de una “tercerización en cadena”.

Contra el vaciamiento

Los trabajadores también reclaman por el avance de consultoras externas sobre tareas y proyectos técnicos que históricamente estuvieron bajo la órbita de Vialidad y por el cierre o debilitamiento de las estructuras zonales.

Desde el sindicato sostienen que las zonales son indispensables para garantizar una respuesta estatal sobre la red vial, porque concentran trabajadores, maquinaria, talleres, infraestructura y conocimiento técnico.

En ese marco, la movilización frente a Casa de Gobierno buscó poner en escena el conflicto antes y durante el debate legislativo.

“Son diversas las problemáticas que viene sufriendo los trabajadores viales en muy poco tiempo”, planteó Colominas al enumerar los cambios que afectan al organismo y a sus trabajadores.

Redacción Página Gremial

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La decisión, de carácter histórico para la organización sindical, constituye la primera convocatoria a un paro general decretada por Soever en 40 años. La resolución fue adoptada por la Comisión Directiva Central frente a la inminencia del tratamiento legislativo del proyecto de ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros y ante un conjunto de medidas que debilitan la estructura de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Vaciamiento y la tercerización

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto de Ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros, iniciativa que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y se estima que se tratará este martes en el recinto del Senado.

Para Soever, su implementación puede “abrir la puerta a la transferencia, fragmentación o tercerización de tareas que actualmente forman parte de las funciones propias de Vialidad provincial”.

Al respecto, Colominas explicó a Página Gremial que con esta norma “se crea una estructura paralela donde los consorcios camineros se pueden conformar y trabajar con un procedimiento distinto al que trabaja Vialidad provincial, es decir, ellos no trabajarían con la Ley de Obras Públicas”.

Se trata de la norma que establece las reglas, procedimientos y garantías que deben seguirse para cualquier proyecto, construcción, infraestructura, reparación o mantenimiento financiado con fondos del Estado provincial. “De esta manera van a tener un procedimiento con menos control, es decir, se está reconociendo también que el problema no es Vialidad, sino los procedimientos”, remarcó.

“Además, los consorcios pueden subcontratar empresas para realizar la tarea, es decir, que también se está creando una tercerización en cadena, donde el consorcio solamente sería un intermediario. A la vez, esos consorcios podrían utilizar maquinaria y recurso humano de Vialidad provincial. Incluso, podrían hasta realizar trabajos dentro de la propiedad privada, lo que en algún momento podrían llegar a afectar fondos públicos”, advirtió Colominas.

En riesgo el presente y el futuro de Vialidad provincial

El sindicato remarcó el rol del organismo público como esencial y estratégico para el desarrollo de Entre Ríos. “Su función no se limita a mantener caminos: sostiene la producción, la integración territorial, la seguridad vial y el derecho de las comunidades entrerrianas a contar con caminos transitables”.

La iniciativa que modifica la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas, se tratará este martes por la mañana en la Comisión de Obras Públicas del Senado. Al respecto, el dirigente gremial expresó: “El proyecto no solo crea las concesiones sobre rutas provinciales, sino también una nueva modalidad de contratación, que es un sistema abierto para la conservación y mantenimiento de caminos y obras. Es decir, sin tener en cuenta una unidad de medida, sin computar las tareas que se realizan, atentando contra la transparencia”, explicó.

Asimismo, el secretario general de Soever señaló que los viales rechazan el avance de consultoras externas en proyectos, estudios y tareas técnicas que históricamente formaron parte de las competencias de Vialidad.

Otro tema que preocupa al sector es el cierre o debilitamiento de estructuras zonales, consideradas unidades esenciales para el funcionamiento operativo de Vialidad, porque concentran trabajadores, maquinaria, talleres, infraestructura, conocimiento técnico y capacidad de intervención directa sobre la red vial. Mencionó por ejemplo, la situación de la zonal Paraná.

Colominas se refirió, además, a las modificaciones que afectan el régimen previsional de los trabajadores viales. “El régimen previsional eliminó de la jubilación especial al trabajador vial de campaña. Es decir, que en vez de jubilarse a los 57 años terminaría jubilando a los 65 con esta nueva ley”, indicó Colominas tras aseverar que “son diversas las problemáticas que viene sufriendo los trabajadores viales en muy poco tiempo”.

Redacción Página Gremial

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Por otra parte, señalaron: «A los despidos y suspensiones ya realizadas en forma arbitraria e inconsulta en las plantas que GTA tiene en Entre Ríos, este lunes la empresa sumó cientos de despidos en esa provincia y la notificación por parte de la empresa a los trabajadores/as de su planta en Capitan Sarmiento, en la cual sin mayores explicaciones suspendió actividades productivas hasta nuevo aviso”.

Según la Federación, esta situación agrava aún más la crisis que están afrontando los más de 6.700 trabajadores y sus familias que, a la fecha, están en una situación de inseguridad legal, sin percibir ingresos y en una indefinición sobre cual es su situación laboral.

«Al margen de la ley»

“La empresa sigue al margen de la ley, realizando acciones arbitrarias, no acatando la conciliación obligatoria vigente y desconociendo toda mesa de negociación, situaciones que no hacen más que profundizar la crisis de los trabajadores y exponer el accionar deliberado de la empresa”, expresaron.

En tanto expusieron: “Sin duda la empresa pretende llevar el conflicto a una situación social y laboral insostenible, fuera de los marcos legales vigentes, para forzar a los trabajadores a pagar injustamente el desmanejo e irresponsabilidad empresaria demostrada en el último tiempo”.

En este contexto, la Federación, junto a sindicatos afectados, reiteró su denuncia pública y ratifió su decisión de seguir luchando en forma conjunta a través de todos sus medios al alcance para lograr una solución para los trabajadores y trabajadoras afectadas.

Marcha hacia Trabajo

En ese marco, junto a la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), la Federación Gremial del personal Industria de la Carne y la Union Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se movilizarán el miércoles 9 de septiembre hacia la Secretaria de Trabajo de la Nación, en defensa de las fuentes de trabajo, la producción, el futuro de miles de familias trabajadoras.

Por último expresaron la necesidad urgente de que el Estado Nacional asuma una participación activa en la búsqueda de soluciones a este grave conflicto.

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“La situación de Granja Tres Arroyos es muy compleja porque viene con problemas de pagos de salario durante todo el año 2024 y 2025, que se agravaron en abril de 2026 cuando dejaron de pagar la segunda quincena. En mayo cerraron la planta La China en Concepción del Uruguay intempestivamente dejando a 900 trabajadores y a sus familias sin salarios, cuotas alimentarias y en la calle”, manifestó a Página Gremial Eduardo Ramírez, trabajador desde hace 19 años de la empresa.

“Hace aproximadamente cuatro meses que estamos sin percibir ningún tipo de salario, hubo alguna ayuda de parte de los Gobiernos provincial y municipal de algunos bolsones, un subsidio que prometieron que lo pagaron solo a 100 o 120 personas de las 900 que hicieron el subsidios y que aún no se terminó de abonar”.

La situación de los trabajadores de la planta La China de Granja Tres Arroyos se complica cada vez más. Ramírez manifestó que: “Los primeros días de agosto llegaron 270 telegramas de despido. Se agravó tanto todo que falleció un valioso compañero de lucha que estaba pasando una situación de desesperación y angustia tremenda porque ya había dejado de tener para comprar la garrafa, estaba cocinando en el patio de su casa, íbamos a buscar trabajo con la bicicleta y no conseguimos más nada, no podía pagar los impuestos, solamente tenía un bolsón de alimento. No resistió su corazón y murió de un ataque”, contó.

100 nuevos despidos en Concepción del Uruguay

A los 270 despidos “se suman hoy otros 100 más, entre los cuales también están gente de la comisión directiva del sindicato, lo cual también es algo muy grave”, remarcó Ramírez.

“Hubo una conciliación obligatoria que duró entre 15 y 20 días en la cual la empresa no presentó ningún plan ni siquiera para pagar lo que adeuda (salarios desde la segunda quincena de abril, aguinaldo, cuotas alimentarias). Se ratificaron los despidos y no trajeron ningún plan tampoco para pagar las indemnizaciones de los que echó”.

El trabajador enfatizó: “Reclamamos que Granja Tres Arroyos vuelva a abrir sus puertas, reincorpore a los trabajadores, se retrotraigan los despidos, de un plan de pago de lo que debe y que a las 100 personas que fueron indemnizadas se les pague lo que corresponde”.

El cierre en Capitán Sarmiento

Con respecto a la planta de la empresa en Capitán Sarmiento, dijo el trabajador: “Cerró sus puertas y retiró maquinarias, hasta nuevo aviso no iba a abrir, así que también es un problema muy grave”.

“No sabemos qué va a pasar con nosotros y con las otras plantas, algunas de las cuales permanecen cerradas”.

La situación de las plantas de la empresa

Lo ocurrido en las últimas horas en Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que durante los últimos meses afectaron la estructura productiva de Granja Tres Arroyos.

La compañía cerró su planta de Tristán Suárez, donde se produjeron 200 desvinculaciones sobre un plantel de 270 trabajadores. También anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus 270 trabajadores a la planta La China, ubicada a pocos metros.

En julio, la planta de Avex en Río Cuarto, Córdoba, detuvo su actividad bajo la definición de “parada programada de dos semanas”. Sin embargo, el plazo no se cumplió y a principios de agosto el cierre se extendió por otros 15 días, llevando a un mes la paralización de la actividad y afectando a 350 trabajadores.

Durante agosto, el conflicto también alcanzó a la planta Pinazo, en Pilar, que suspendió a la totalidad de su personal. En Wade II, exCresta Roja, ubicada en Esteban Echeverría, se registraron paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos. Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad, mientras que La China, en Concepción del Uruguay, permanece cerrada desde fines de mayo.

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Redacción Página Gremial

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Además de las representaciones de Agmer Central, Paraná y Seccionales de distintos lugares de la provincia, participaron la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y los gremios docentes universitarios AGDU y Sitradu.

La marcha culminó en la explanada frente a Casa de Gobierno, donde representantes de cada uno de los gremios tomaron la palabra para cerrar una jornada marcada por la movilización y el reclamo.

La voz de la educación privada

Quien abrió los discursos fue Gustavo Bolzán, secretario Adjunto y Administrativo del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) seccional Entre Ríos, agradeció el espacio otorgado por Agmer para visibilizar la realidad de los trabajadores de escuelas privadas.

“El imaginario de la sociedad puede llegar a pensar que el docente de educación privada está en mejores condiciones, pero no, está pasando por la misma situación, está pasando por los mismos niveles de pérdida de poder adquisitivo, de bajos salarios. Está aún más complicada la situación en cada escuela privada que recorremos, que también sufre del acoso de las patronales, de distintas situaciones de violencia laboral. Por eso traemos la voz y decirles basta del brutal ajuste”, expresó el dirigente.

Bolzán remarcó la importancia de la acción conjunta entre los distintos sectores sindicales de la provincia. “No es casualidad que los docentes de la educación privada también estemos acá apoyando este frente gremial junto con AMET, Agmer y los gremios de la educación universitaria”. Y agregó: “Celebro que estemos en unidad, porque ese es el camino. Así tenemos que seguir para no aflojar y no retroceder. Los docentes nos merecemos un presente digno para un futuro en la educación”.

AMET alertó por la falta de diálogo y la pérdida de derechos

Roberto Aguirre, secretario de Relaciones Gremiales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) en Entre Ríos, cuestionó la falta de diálogo, la falta de escucha y desinterés por parte del gobierno provincial. Además, alertó sobre las políticas referidas a la obra social provincial, la caja previsional y los ingresos de los trabajadores de la educación técnica.

“Primero vinieron por el Iosper, luego avanzaron sobre la Caja de Jubilaciones. Ahora vienen por nuestros sueldos, de tal manera de pagarnos lo que a ellos se les dé la gana, por supuesto, debajo de la línea de la pobreza y debajo de la línea de la indigencia. Pero estamos acá y vamos a luchar”, aseguró el dirigente gremial.

Asimismo, criticó los controles administrativos en los establecimientos educativos frente a la falta de inversión edilicia. “Van a las escuelas para contar la cantidad de estudiantes que tenemos, para limitar las titularizaciones, para eso sí van a la escuela. Pero no van a ver infraestructura, no van a ver cómo trabajan los maestros y cómo viven los maestros, no les interesa”.

Sitradu exigió el cumplimiento de la ley de financiamiento

En tanto, Sofía Cáceres Sforza, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria de Entre Ríos (Sitradu), encuadró el reclamo en la crisis del sistema universitario. “Fueron los compañeros docentes de la universidad los que me enseñaron y nos enseñan día a día la movilización, la discusión en las aulas y la necesidad de seguir enfrentando las políticas que hoy nos atacan”, dijo al inicio de su discurso.

En esta misma línea, la dirigente denunció: “Estos tipos que hoy nos gobiernan, Milei y Frigerio, no saben lo que es luchar, no saben lo que es tener que pelear por un plato de comida, por un trabajo, por un alquiler o por llegar a fin de mes. Lo único que tienen son negociados: es el McDonald’s que instalaron ahora, es la privatización de Gloria Montoya, es la entrega sistemática de nuestros espacios, pero nosotros sabemos lo que es enfrentarlos”, aseveró.

Luego, Cáceres Sforza hizo hincapié en el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y las paritarias. “En la universidad seguimos exigiendo la ley de financiamiento universitario, una ley que le debe a nuestros estudiantes 320% de aumento, a los trabajadores un más de un 30% de aumento salarial, que la justicia le ha dicho que lo tiene que aplicar pero ni Milei ni sus funcionarios la aplican”, cuestionó.

“Imagínense si nosotros desacatáramos la ley, estaríamos presos, como ha pasado. Sin embargo, estos que nos gobiernan pueden incumplir leyes, pueden burlarse de nosotros sin paritaria, pueden publicar números para que nos denuncien, pueden decirnos terroristas a los docentes en cadena nacional, y no pasa nada”, reprochó.

Antivero: “No llegamos a fin de mes”

El último en tomar la palabra fue Abel Antivero, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad convocante a la jornada de protesta.

El dirigente cuestionó al gobierno de Rogelio Frigerio por la falta de respuestas salariales y sostuvo que el paro de este viernes es el número 12 que realiza la docencia entrerriana en lo que va del año.

“Desde el año pasado le estamos diciendo al gobierno de Rogelio Frigerio que queremos discutir salario para sacar a la docencia de la pobreza”, afirmó.

También destacó la coincidencia de la jornada de protesta con el paro de 48 horas de los trabajadores universitarios. Remarcó que defender la universidad pública implica también “defender la igualdad de derechos” y “el futuro de las futuras generaciones”.

En ese sentido, retomó una frase de la dirigente docente Sonia Alesso: “Suena en la sala de maestros una sola frase: no llegamos a fin de mes, necesitamos un aumento”.

Críticas a los números del Gobierno

Antivero cuestionó además el discurso oficial sobre la evolución de los salarios. “Hace unas semanas atrás, el Gobierno inició una opereta mediática que decía que el salario mínimo superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Mentira, compañeras y compañeros”, afirmó. Como respuesta los docentes difundieron recibos de sueldo para “desmentir la opereta mediática del Gobierno”.

“Si el Gobierno piensa que con sus aumentos que ha dado por decreto, si piensa que la obra social es una de las mejores del mundo, si también piensa que con productos ultraprocesados va a alimentar bien a nuestros gurises y gurisas, acá hay un realismo mágico porteño”, ironizó Antivero. Y remató: “Hay alguien que no está viendo la realidad”.

La reforma previsional, un “proceso empobrecedor”

El titular de Agmer también volvió a cuestionar la reforma previsional aprobada por la Legislatura entrerriana. “Discutir la reforma previsional también es discutir salario, porque nos van a empobrecer”, afirmó, al considerar que la modificación forma parte de un “proceso empobrecedor” impulsado por el gobierno de Frigerio.

En ese marco, apuntó directamente contra los legisladores que acompañaron el proyecto y enumeró uno a uno a senadores y diputados que votaron a favor de la reforma. “Todos ellos han hecho posible que nuestros jubilados, que nuestros futuros jubilados, inicien también un proceso de empobrecimiento”, sostuvo.

Para el dirigente docente, esa política forma parte de una planificación del Ejecutivo provincial: “Esa es la planificación de este gobierno”.

Luego se refirió a la decisión del Gobierno de adjudicar a la firma Teknofood la provisión de desayunos y meriendas escolares. Recordó que en mayo la Dirección de Comedores Escolares había emitido una circular en la que recomendaba no ofrecer tortas fritas a los estudiantes, mientras que ahora la empresa brinda alimentos ultraprocesados en las escuelas entrerrianas.

En otro tramo de su discurso, el titular de Agmer manifestó su preocupación por la salud mental y por los índices que “siguen marcando a Entre Ríos en ese ranking”. Frente a esta situación, reclamó al gobierno de Rogelio Frigerio “mayor presupuesto en el campo de salud mental”.

Escuela Itinerante Entrerriana

Al cerrar la jornada de protesta, Antivero anunció una nueva iniciativa en el plan de lucha. “En las próximas semanas, en el mes de septiembre, vamos a implementar como iniciativa la Escuela Itinerante Entrerriana. Vamos a recorrer la provincia para visibilizar nuestra lucha, nuestro reclamo y nuestra demanda”.

“Resistir es vencer”, expresó por último Antivero, citando a Cecilia Martínez, fundadora de Ctera, ya fallecida. Y convocó a la docencia entrerriana a resistir. “Acá no se rinde nadie. No hay docentes de rodillas, hay docentes de pie. Hay dignidad”.

Redacción Página Gremial

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La Marcha de Antorchas, convocada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), comenzará a las 17:30 en Plaza 1º de Mayo y finalizará en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.

“Todos los niveles educativos estamos en paro y nos vamos a sumar a la Marcha de Antorchas que este viernes Agmer convoca a las 17:30 horas”, confirmó a Página Gremial Sofía Cáceres Sforza, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes de Entre Ríos (Sitradu).

La dirigente sostuvo que “la Ley de Financiamiento Universitario es un piso para poder empezar a discutir el salario que necesitamos los docentes y los trabajadores de la universidad pública”.

Luego graficó el deterioro salarial universitario: “Un trabajador que se inicia en la universidad está cobrando 200 mil pesos, y uno con diez años de antigüedad, 690 mil pesos”, señaló. Y advirtió: “Estamos muy atrasados en nuestros salarios”.

En ese sentido, remarcó que la crisis salarial atraviesa a todo el sistema educativo. “Los docentes de la provincia y los de las universidades estamos cobrando salarios de pobreza, sosteniendo la educación pública”, señaló.

Reclamo al Gobierno nacional

El conflicto universitario se profundizó ante la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento los gremios reclaman de manera inmediata.

Los sindicatos docentes y no docentes sostienen que el Gobierno nacional continúa incumpliendo el mandato establecido por el Congreso y ratificado por la Justicia. Aunque el Ejecutivo otorgó una recomposición salarial del 21%, las organizaciones gremiales plantean que todavía resta recuperar alrededor de un 30% para recomponer el poder adquisitivo perdido.

A fines de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este escenario, el paro de 48 horas y la movilización de este viernes volverán a poner en las calles un reclamo que une a docentes provinciales y universitarios: salarios que permitan vivir y una educación pública con financiamiento suficiente.

Redacción Página Gremial

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La decisión del gremio se produce luego de que su secretario general, José María “Chechi” Segura, advirtiera a Página Gremial que la iniciativa podía abrir “una situación de conflicto y de confrontación institucional” y cuestionara el intento de eliminar el vínculo entre los salarios judiciales entrerrianos y los aumentos que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proyecto propone derogar el artículo 1º de la Ley Nº 10.068, eliminando el mecanismo de actualización automática. Para AJER, la norma no es solamente una herramienta salarial: está vinculada a la independencia del Poder Judicial y al respeto de la división de poderes.

En sus declaraciones, Segura había calificado la iniciativa como una “decisión desacertada” y advertido que afectaría directamente las relaciones institucionales. También había aclarado que el índice de actualización “nunca ha estado por encima de la inflación” y que durante 2023 y 2024 incluso quedó por debajo.

“El único efecto que va a tener esta iniciativa es generar, donde no la hay, una situación de conflicto y de confrontación institucional”, había alertado el titular de AJER.

Alerta y movilización

Ahora, el sindicato formalizó su postura y se declaró en estado de alerta y movilización “ante la presentación de un proyecto de ley que propone derogar el sistema de actualización salarial del Poder Judicial de Entre Ríos”.

AJER reafirmó su defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales y apeló “a la razonabilidad y al diálogo para evitar un conflicto institucional que afecte el normal funcionamiento de la Justicia”.

La posición va en línea con lo anticipado por Segura a Página Gremial, cuando señaló que el gremio evaluaría junto a otros sectores del Poder Judicial la posibilidad de impulsar una instancia de diálogo, ya sea con la Legislatura o con el Gobierno provincial.

Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, AJER endureció su posición y dejó planteado que seguirá en estado de alerta y movilización en defensa del salario y de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales.

Redacción Página Gremial

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