Al respecto, Maidana remarcó que no corresponde trasladar a los trabajadores la responsabilidad por las dificultades que puedan producirse en la relación cotidiana entre OSER y sus afiliados.

En ese sentido, planteó que “antes de señalar a quienes se encuentran en la atención directa es necesario revisar también las decisiones, directivas y procedimientos que determinan cómo se desarrolla esa tarea”.

“Como vocal representante de los trabajadores del sector público no estoy de acuerdo con esa opinión. En todo caso, es una situación que se debe analizar en el marco de una reunión de Directorio y, a partir de ahí, se tomarán las definiciones que sean necesarias”, afirmó la dirigente y exsenadora provincial.

Asimismo, enfatizó que las declaraciones brindadas por García no concuerdan en absoluto con el espíritu del Directorio, dado que todas las decisiones del organismo se adoptan de manera unánime y, en este caso particular, la postura manifestada no contó con dicho consenso ni refleja el criterio del cuerpo directivo, se informó en el comunicado enviado a Página Gremial.

Capacitación continua

“Los trabajadores no son responsables de muchas de las cosas que ocurren en la relación con el afiliado o en la atención del afiliado”, afirmó la representante de UPCN en OSER. También, remarcó que “desde la representación gremial en el Directorio no se ha promovido una política ni un lineamiento que apunte a responsabilizar a los trabajadores por estas situaciones”.

Por el contrario, destacó que desde la vocalía se está impulsando fuertemente el ‘Programa de Capacitación Continua’ para los agentes de las sedes, proyecto que ya cuenta con la debida aprobación del Directorio. Esta iniciativa busca fortalecer de manera concreta las tareas de atención directa y optimizar el vínculo cotidiano entre los empleados y los afiliados.

La vocal de OSER consideró que los funcionarios deben asumir también la responsabilidad que les corresponde y llamó a “predicar con el ejemplo”, especialmente frente a los errores, omisiones o confusiones que puedan generarse en los procesos cotidianos que involucran a los afiliados. “Hay que revisar también las directivas y la forma en que se encaran las cuestiones vinculadas con las prestaciones”, planteó.

En esta misma línea, remarcó de forma contundente que esta responsabilidad recae e involucra por igual a funcionarios, gerentes y directivos, quienes deben encabezar el compromiso de garantizar el correcto funcionamiento del organismo.

Maidana consideró que “mejorar la atención y garantizar una respuesta adecuada a los afiliados requiere analizar integralmente el funcionamiento de OSER y no reducir las dificultades a la tarea de los trabajadores que se encuentran en contacto directo con quienes concurren a la obra social”.

La entrada Maidana: “No se puede responsabilizar a los trabajadores por las dificultades de atención en OSER” se publicó primero en Página Gremial.

Si bien coincidió en la necesidad de avanzar en la materia, planteó que “una de las críticas más importantes es la acumulación de poder que tiene el Estado a través de la Secretaría de Modernización, para definir en la reglamentación temas que son centrales”.

“Queremos discutir y que los trabajadores sepan de qué estamos hablando. Es un tema complejo y, aunque tiene implicancias profundas, no habla una sola palabra sobre los derechos de los trabajadores en entornos digitales, la refuncionalización y cómo se van a adecuar los organismos a esta cuestión”, aseveró la secretaria adjunta de UPCN.

Además, Domínguez señaló que otras provincias ya cuentan con leyes que contemplan «mecanismos de control claros», por lo que consideró imprescindible instalar la discusión en la agenda conjunta entre los trabajadores y el Ejecutivo provincial.

«El proyecto requiere una revisión profunda porque estamos hablando de qué modelo de Estado queremos. Nadie puede oponerse a la modernización, a la tecnología, a la inteligencia artificial, pero con condiciones”, remarcó.

Reunión y convocatoria

Con el objetivo de debatir estos puntos, la dirigencia gremial mantendrá el jueves una reunión con el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, y el secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor. Asimismo, desde el sindicato esperan una convocatoria formal por parte de la Legislatura provincial para exponer sus propuestas.

Finalmente, Domínguez destacó que el sindicato se anticipó a esta discusión al incorporar la regulación del trabajo en entornos digitales en su propuesta de Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). “El CCT es una herramienta de avanzada que hay que impulsar decisivamente, porque cuando nadie veía este tema, nosotros hace más de dos años, lo pusimos en un capítulo de nuestro proyecto”, concluyó.

Redacción Página Gremial

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También anticipó que, junto a los ministros y las distintas reparticiones, se realizará un relevamiento en los distintos organismos para identificar qué problemas tienen y qué herramientas necesitan sus trabajadores.

“No podemos hablar de capacitaciones concretas sin conocer primero las necesidades de cada organismo”, expresó el dirigente gremial. Señaló que, con los resultados del relevamiento, “UPCN va a elaborar propuestas de capacitación que respondan a esas necesidades”.

Centro de Capacitación

Los equipos técnicos del Gobierno provincial y representantes de UPCN vienen trabajando de manera conjunta en la elaboración de la propuesta, que contempla entre sus principales ejes la capacitación, los mecanismos de ingreso a la Administración Pública y los sistemas de ascenso.

UPCN resaltó que la creación del Centro de Capacitación bipartito constituye una herramienta estratégica, porque será un espacio construido conjuntamente por trabajadores y Estado para garantizar el acceso a la formación y acompañar el crecimiento de la carrera administrativa.

Allende calificó como “un paso muy importante” la creación de este Centro de Capacitación bipartito “porque significa que Sindicato y Estado vamos a trabajar juntos para que la capacitación no sea algo aislado, sino una herramienta concreta para el desarrollo y el crecimiento de los trabajadores públicos”.

De la reunión participaron la Secretaria Adjunta del gremio, Carina Domínguez; la Secretaria Gremial Cristina Melgarejo; la Secretaria de Capacitación, Adriana Satler; la Secretaria de Organización, Noelia Bertín; el Secretario de Profesionales, José Luis Citadino; y, por parte del gobierno, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

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La propuesta, impulsada por la Secretaría de Capacitación del Consejo Directivo Nacional, busca recuperar, preservar y resignificar la historia de la organización sindical en cada rincón del país.

La exposición reúne imágenes vinculadas a distintos momentos de la vida institucional y gremial de UPCN. Propone, además, un recorrido por los orígenes, las luchas, las conquistas y los logros que fueron construyendo, a lo largo del tiempo, la identidad de cada seccional.

En Entre Ríos, la muestra recorre la historia desde sus inicios, en 1984, hasta la actualidad. Cada foto recupera una parte de ese camino colectivo y permite volver sobre momentos que marcaron la vida de una organización profundamente ligada a sus trabajadoras y trabajadores.

Desde el gremio señalaron que la historia de UPCN Entre Ríos «es la historia de miles de trabajadores que estuvieron presentes durante décadas para defender sus derechos, reclamar por sus salarios y construir espacios de formación.

«Pero también para conquistar nuevos servicios y hacer crecer una organización profundamente ligada a la vida de sus trabajadores”.

Homenaje a la conducción histórica de UPCN

Asimismo, la muestra rinde homenaje a la conducción histórica del sindicato. En este marco, se resalta el acompañamiento del secretario general nacional, Andrés Rodríguez, quien fue parte de «muchas luchas y conquistas». A su vez, se valora el rol de José Ángel Allende en la conducción provincial. «Llevando reclamos, defendiendo derechos y participando activamente en la construcción de una organización que no dejó de crecer», destacan.

Desde la organización enfatizaron que la memoria gremial trasciende a las dirigencias. “Se construyó con cada compañero que se movilizó, levantó su reclamo y aportó a fortalecer la organización. Cada imagen guarda una parte de ese camino colectivo”, subrayaron.

Según se informó en el comunicado enviado a Página Gremial, la muestra permanecerá expuesta en la sede sindical de calle Santa Fe 463. Podrá visitarse hasta el 18 de septiembre, de lunes a viernes 8 a 19.

Redacción Página Gremial

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​La Comisión Directiva de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y delegados de toda la provincia mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat. El encuentro marcó el inicio de las mesas de diálogo tras la reciente aprobación de la reforma previsional.

La reunión estuvo encabezada por el secretario General de UPCN, José Ángel Allende, quien ratificó la postura del gremio respecto a algunos aspectos de la normativa sancionada. Remarcó, además, que el seguimiento de la reglamentación será prioritario para el sindicato.

​“Insistimos en que no estamos de acuerdo con algunos puntos que no compartimos y que creemos necesario que se aclaren en la reglamentación”, señaló Allende en el comunicado enviado a Página Gremial.

El dirigente explicó que el equipo técnico y legal del gremio fiscalizará el proceso “para que la reglamentación sea acorde a lo que entendemos justo para los trabajadores, y no un avance más sobre nuestros derechos”.

​Por su parte, Bagnat valoró la invitación y el espacio de diálogo. “Hoy iniciamos con UPCN una agenda que continuará con todos los gremios, para trabajar en la reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada”, expresó tras destacar estas instancias de intercambio que permitan «afinar la implementación y la capacitación del personal que va a aplicar las nuevas medidas”.

“Estoy muy agradecido con esta invitación del sindicato, el primero que accedió a esta reunión de trabajo, con una presencia multitudinaria”, resaltó. “Me llevo muchas acotaciones y sugerencias que seguramente van a enriquecer este proceso de reglamentación”, concluyó el funcionario.

Redacción Página Gremial

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Lo hizo tras detectar que el criterio no se aplica de igual manera dentro del organismo: algunos trabajadores acceden a los mismos derechos que tiene el personal de planta permanente, mientras que otros encuentran obstáculos.

“Entendemos que quien tiene estabilidad no es un suplente común. De mínima, tiene una continuidad automática y además tiene derechos reconocidos”, sostuvo la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, al explicar la situación.

“Resulta paradójico y discriminatorio que, mientras a agentes con contratos temporales se les permite el uso de licencias, a aquellos que han adquirido estabilidad laboral se les niegue este derecho fundamental, generando una injusta desigualdad”, afirmó la dirigente.

Además señaló otra contradicción, ya que a estos mismos trabajadores “no se les niega carrera, porque han entrado en las recategorizaciones, pero sí se les estaría obstaculizando las licencias”.

“Todos los compañeros que tienen estabilidad tienen que saber que cuentan con sus derechos y no vamos a admitir que se los nieguen”, advirtió Domínguez.

Una conquista de la paritaria

La secretaria adjunta recordó que la estabilidad se otorgó “porque no había cargos”, ya que “crecieron los servicios del Estado, sin que se previera ampliar la planta permanente de personal”, expuso.

Si bien apuntó que esta situación “podría tratarse de una confusión”, remarcó que “hay que subsanarlo por lo que significa la conquista de la estabilidad. Fue una construcción de la paritaria, por eso la vamos a defender en todos sus términos”, aseveró.

Redacción Página Gremial

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Domínguez también apuntó contra quienes cuestionaron la estrategia del sindicato y lanzó: “Para los que no creían y defenestraron a UPCN mintiéndole a los trabajadores: acá están los resultados”.

En esa línea, disparó: “Un bombo, cinco chalecos y una gran bandera no alcanzan para defender a los trabajadores”.

UPCN denunció públicamente el 27 de julio que el expediente estaba paralizado y reclamó que el Gobierno destrabara el trámite. A partir de ese planteo los expedientes comenzaron a avanzar “casi diariamente”, afirmó Domínguez.

“Hoy podemos compartir la gran noticia, en medio de días difíciles para los compañeros, de que 1437 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano ya tienen sus recategorizaciones”, celebró la dirigente sindical.

Para UPCN, esta resolución representa una respuesta concreta a un reclamo sostenido por los trabajadores e impulsado por el propio gremio, que promueve el reconocimiento a la carrera administrativa de los trabajadores públicos entrerrianos. “Seguimos en el mismo camino para los que faltan”, afirmó por último la secretaria adjunta.

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Redacción Página Gremial

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La Cámara de Diputados de Entre Ríos, en la sesión ordinaria de este miércoles, dio sanción definitiva a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial (18 votos contra 12). Este resultado generó un duro rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER).

En paralelo al tratamiento legislativo, los gremios que integran la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional se movilizaron hacia Casa de Gobierno y permanecieron concentrados durante toda la sesión para ratificar su postura contra la iniciativa. Por su parte, UPCN llevó adelante un paro activo en toda la provincia, con eje en el reclamo por una mejora salarial y en oposición a la reforma previsional.

ATE: “No solo hay que recuperar derechos, sino ir por más”

Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, calificó la modificación de la Ley 8.732 como un “retroceso” y denunció que se trata de un “brutal ajuste hacia la clase trabajadora”.

En esta línea, el dirigente sindical consideró que la aprobación de la iniciativa fue posible porque el gobierno “necesitó quebrar la resistencia ante la oposición” entendiendo que “hubo dos senadoras que fueron cooptadas por el gobierno provincial”. Esto garantizó la sanción inicial en el Senado para que el proyecto avanzara a Diputados y terminara convirtiéndose hoy en ley.

Ante este escenario, Muntes anunció que el próximo 7 de agosto llevarán adelante una jornada nacional de lucha con paro y movilización en todo el país en defensa del Estado y los derechos de las y los trabajadores. La medida será impulsada en la provincia con la Multisectorial, espacio que «defiende no solo la reforma previsional sino también nuestra obra social, los despidos y los cierres de las fábricas en nuestra provincia”, recordó tras señalar: “Nuestro objetivo es que Milei no pueda seguir avanzando”.

El titular de ATE cuestionó la gestión nacional de Javier Milei y al gobierno de Rogelio Frigerio. “No podemos permitir que piensen en administrar lo que deja este gobierno; no solo hay que recuperar derechos, sino ir por más”, concluyó.

Agmer: “El Gobierno profundiza el proceso de empobrecimiento”

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, aseguró que la sanción de la reforma previsional “es un paso más en el proceso de empobrecimiento de parte de Frigerio, que termina ajustando haberes de los trabajadores, afectando derechos y cumple en hacer la tarea de lo que le pide el Gobierno nacional en línea con un pedido del FMI”.

El dirigente informó que el sindicato comenzará a estudiar la norma junto a la Multisectorial. “Vamos a tomarnos unos días, pero empezamos a tener fundamento jurídico como para avanzar en una denuncia de cara a la inconstitucionalidad. En breve estaremos tomando esa definición”, señaló.

Antivero sostuvo que durante el tratamiento legislativo Agmer expuso “casos fácticos donde demostramos que esta iniciativa es un ajuste, que el 82% móvil se desdibujaba y se perdía”, pero cuestionó que “aun así los legisladores terminaron votando a favor”. En contraposición, destacó la postura del diputado Carlos Damasco, «que entendió que era un plan de ajuste, se comprometió a no votarlo y cumplió», y cuestionó a otros legisladores al afirmar que “muchos no habían leído el proyecto” y que “legislan con una irresponsabilidad tremenda”.

El dirigente gremial respondió a las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio sobre el “coraje” para impulsar la reforma. “Coraje hay que tener para ir contra los grupos concentrados de la economía. Venir contra nosotros no tiene nada de coraje”, sostuvo. Y concluyó: “Ese es el ADN del pensamiento del Gobierno; así han construido sentido en la sociedad, tanto Frigerio como los funcionarios”.

Agmer realizará su Congreso provincial el próximo 6 de agosto en La Paz, donde, según adelantó Antivero, “va a surgir un plan de lucha” que incluirá la continuidad del reclamo salarial y el análisis de la reforma previsional.

AJER: “Buscan transformar la Caja en Anses”

El secretario general de AJER, José María Segura, aseveró que el Gobierno “terminó de concretar un objetivo que se puso desde el principio, que es transformar a la Caja en la Anses: jubilaciones de pobreza y con una actualización que va a depender de la voluntad de cada gobierno de turno”.

El dirigente afirmó que la reforma “significa el empobrecimiento de los jubilados” y también perjudica a los trabajadores activos. En ese sentido, cuestionó la emergencia previsional por hasta cuatro años y el aporte extraordinario del 3% para salarios superiores a los tres millones de pesos. “El aporte jubilatorio se iría a 22%. Es otra disminución de los salarios”, sostuvo, y agregó que la ley incorpora “la suba de la edad y una serie de decisiones que son todas en perjuicio de los trabajadores”.

Segura lamentó “la necedad del Gobierno de no escuchar el reclamo de los trabajadores” y confirmó que AJER estudiará “todas las presentaciones judiciales que se puedan hacer”, especialmente por la inconstitucionalidad de la emergencia, el aumento de aportes, la delegación de facultades al gobernador y la eliminación de la movilidad previsional. Y acotó :“Esto afecta derechos adquiridos y el principio de progresividad”.

Finalmente, indicó que el gremio recibió el respaldo de organizaciones que integran la Federación Judicial Argentina y advirtió que la reforma entrerriana forma parte de una estrategia más amplia. “Se está viendo con absoluta claridad la intención de reducir el gasto de la seguridad social a nivel nacional. Esto se viene para el resto de las provincias que no han transferido sus cajas”, cerró.

UPCN: “No es momento de bajar los brazos”

En el marco del paro activo concretado este miércoles, UPCN fijó postura tras la aprobación de la reforma previsional en la provincia. Carina Domínguez, secretaria adjunta del gremio, señaló que la jornada sirvió para debatir y organizar a las bases, al tiempo que remarcó que el resultado era “un final casi esperado” debido a las conversaciones previas del Ejecutivo con la Cámara de Senadores.

A pesar de que el gremio fue crítico con varios aspectos de la iniciativa, como el método de prorrateo para calcular el haber inicial y la cláusula que permitiría trasladar automáticamente un eventual aumento de la edad jubilatoria nacional a la provincia, Domínguez destacó: “Dimos la discusión posible y logramos modificar algunos aspectos. Que no nos hayan escuchado en todo no significa bajar los brazos”, afirmó tras advertir que la reforma “no es integral”.

De cara a los próximos pasos, la dirigente sindical remarcó que la atención estará puesta en dos instancias clave: la reglamentación de la ley y la creación de una comisión de seguimiento que funcione de manera complementaria para evaluar su aplicación.

Redacción Página Gremial

Fotos: La lucha en la calle

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Allende explicó que la modalidad de la protesta “se enmarca en nuestra convicción de defender el Estado, sin importar el gobierno de turno, en el contexto de la crisis y sabiendo que Milei es el responsable de que tengamos un país que se está incendiando”.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos de la medida es fortalecer el vínculo entre la sociedad y los estatales. “Buscamos la reconciliación de la ciudadanía con los compañeros esttales, que algunos sectores se encargaron de demonizar. Los trabajadores de la administración pública somos los que prestamos los servicios de salud, sostenemos los comedores y garantizamos la educación, que en definitiva es para todos los entrerrianos”, aseveró.

Respecto de la reforma previsional, Allende expuso: “Decididamente no la acompañamos. Es una definición política de este Gobierno”. Si bien reconoció que el sindicato participó de las instancias de discusión y logró introducir modificaciones al proyecto, sostuvo que “debió darse una discusión más profunda, donde hubiera sido bueno que todos los sectores estemos sentados a la mesa”.

Finalmente, anticipó que, tras la sanción de la ley, el gremio concentrará sus esfuerzos en la etapa de reglamentación. “Habrá que escribir un nuevo capítulo en la reglamentación y seguramente proponer leyes correctivas”, concluyó.

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Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi; y de Previsión y Seguridad Social, a cargo de la diputada Érica Vilma Vázquez, comenzaron a tratar esta tarde el Expediente Nº 29.406, proyecto de Ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

Estuvieron presentes la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) y Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

La palabra de los Jubilados

La primera exposición estuvo a cargo de Oscar Pirillo, presidente de la Federación de jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos. Lo acompañó Claudia Vallori, vocal electa en la Caja de Jubilaciones. En el documento, consensuado por la mayoría de los jubilados, consideran que el proyecto de ley carece de fundamentos económicos claros que justifiquen la declaración de emergencia y los cambios propuestos al sistema previsional.

Entienden que debería exigirse, previo a la sanción de la norma, que se haga pública “cuál sería la evolución sucesiva en el tiempo de la situación deficitaria de la Caja, que justifique los números tributarios y finales por la implementación de la nueva ley”.

Entre otros puntos, afirman que es fundamental que la nueva ley “no tenga efecto retroactivo” y garantice los derechos adquiridos de los actuales beneficiarios del sistema previsional de la Ley 8732.

Además, consideran que muchas de las modificaciones “podrían ser objeto de control judicial si se consideran lesivas de derechos previsionales adquiridos o principios constitucionales”.  

Por su parte, Vallori agradeció la invitación y dijo: “Pensábamos que en este tratamiento tan exprés podían omitir que nos convoquen”. Recordó que la Federación de Jubilados tiene más años que la de Caja de Jubilaciones, porque surge en 1949. “Toda la historia de la Federación tuvo que ver con ir conquistando derechos para las personas jubiladas y pensionadas. Y estos derechos quedaron plasmados en la última normativa, que es la ley 8732”, indicó.  

En otro fragmento de su exposición, Vallori enumeró los principales puntos que preocupan al sector y luego manifestó: “Nos encantaría que nos digan si estas reformas realmente merecen el sacrificio que van a tener los trabajadores, los jubilados y pensionados actuales para que realmente merezca que se apruebe como tal”.

“No a la reforma, la caja no se toca”, dijo finalmente tras solicitar a los legisladores “responsabilidad” a la hora de votar.

AMET: “No queremos la reforma”

Luego, fue el turno de Roberto Aguirre, secretario de Gremiales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Agradeció la invitación y expresó: “Esperemos que algunos de los puntos que tenemos como relevantes se tomen en cuenta. No queremos ser meros espectadores”, sostuvo.

Desde AMET se expresó el rechazo a la modificación de la Ley 8732, una norma que constituye un pilar fundamental del sistema previsional. “No queremos la reforma, creemos que la ley está bien como está”, afirmó.

Consideran que la reforma previsional propuesta es perjudicial: aumenta la edad, reduce aportes y genera montos en negro que afectan el salario y la jubilación docente. Entienden que la reforma implica un retroceso en los derechos conquistados. “No es el momento de quitarle más derecho y tampoco quitarle más fondos a los docentes”, cerró el dirigente gremial.

Agmer: “Se trata de un ajuste”

A su turno, Abel Antivero habló por Agmer y también por UDA y Sadop, cuyos representantes quedaron fuera de la convocatoria.

Sobre el argumento de que el proyecto resolverá el déficit de la Caja de Jubilaciones, indicó que el Gobierno “habla en términos empresariales” y que “ningún sistema previsional del país, ni del mundo, da superávit”.

“Cuando se habla de la sustentabilidad de la Caja se habla de tres activos o cuatro activos por un jubilado. Pero ese número se irá reduciendo porque esta gestión no ha generado ingreso de personal al Estado. Hoy en las escuelas faltan cocineros, ni hay designación de ordenanzas”, ejemplificó.

Antivero desmintió que el proyecto respetará el 82% móvil y afirmó que «se mantiene la movilidad atada paritaria de los trabajadores de la Administración Pública, y en base a la forma de mayor cantidad de aportantes del Estado provincial». A la vez se preguntó qué garantías hay de tener incremento salarial para los jubilados cuando las paritarias acaban de fracasar por tercera vez en el año, y cuando se profundiza el pago de montos en negro.

Según Antivero el proyecto genera conflictividad social y no resuelve el déficit. “Se busca cumplir con una tarea mandada por el gobierno nacional, y en esa línea, por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. «Esta reforma previsional no deja de ser un ajuste planificado por el Poder Ejecutivo».

Finalmente pidió a los diputados votar con conciencia, respondiendo al pueblo entrerriano. «Muchos van a tener que volver a su localidad. Para algunos puede llegar a ser el fin de su carrera política, porque no vamos a dejar de señalar a aquellos que voten a favor de este plan de ajuste”.

APLER: “Que el que más tiene, más aporte”

El secretario general de APLER, Gilberto De Vecchio, sostuvo que la reforma previsional debe abordarse desde una perspectiva técnica y no ideológica, y recordó que la Multisectorial presentó una propuesta alternativa para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones mediante la creación de un fondo fiduciario financiado con acreencias de la Anses. En ese marco, planteó que el financiamiento del sistema debe apoyarse en un esquema donde «el que más tiene, más aporte», en lugar de trasladar el costo a trabajadores y jubilados.

El dirigente advirtió que el proyecto se debate en un contexto de fuerte deterioro económico, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de los trabajadores y el ajuste sobre el sector público. Como ejemplo, señaló que el 75% de los trabajadores entrerrianos destinó el aguinaldo al pago de deudas y cuestionó que una eventual suba de aportes previsionales termine absorbiendo los incrementos salariales que puedan acordarse en las paritarias.

Asimismo, De Vecchio afirmó que la iniciativa trasciende al empleo público y tendrá consecuencias sobre el conjunto de la sociedad. Si bien valoró la amplitud de la convocatoria realizada por la Cámara de Diputados, insistió en la necesidad de introducir modificaciones al proyecto para evitar un escenario de alta litigiosidad y sostuvo que profundizar el ajuste «solo deteriora el tejido social y genera más desigualdad», afectando tanto a trabajadores como a pequeños productores y comerciantes.

“Celebro el debate amplio que se está dando y que hayan sido convocados distintos sectores. Pero no podemos perder de vista el contexto de pérdida del poder adquisitivo y de endeudamiento generalizado”, apuntó. Y advirtió: “Si en la paritaria se propone un aumento del 3% y ese porcentaje termina absorbido por mayores aportes, el resultado es más ajuste. Y más ajuste deteriora el tejido social y genera más desigualdad. Eso no le conviene a nadie”.

Judiciales apuntan al contexto de empobrecimiento de los trabajadores

José María Segura de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) pidió debatir la Reforma Previsional en el contexto nacional, donde todas las medidas que se toman “son absolutamente en contra de los trabajadores”. Mencionó la Reforma Laboral, los despidos de miles de estatales, de la no homologación de convenios colectivos.“Hay una línea nacional que el gobienro de la provincia está acompañando”, afirmó y agregó: “Un proyecto social de progreso social, requiere indefectiblemente la mejora salarial. No hay progreso social con disminución de salarios, con empobrecimiento de los trabajadores”.

Mencionó también los despidos por cierres de comercios e industrias. “A esto le van a agregar una reducción de los salarios de los trabajadores activos, porque nos van a aumentar el 3% de aporte extra (…) Aplicada la ley, la eliminación de la movilidad significará una disminución de los salarios de los trabajadores jubilados. Y, los que se jubilen con la ley nueva lo harán con un porcentaje menor, lo que será otra disminución de salario”.

Como parte del contexto dijo que la provincia está siendo ahogada por el gobierno nacional, al cual no se le demadan los recursos que le corresponden por ley, como los de Anses, Fonid, los que se recaudan a través del combustible para reparar las rutas destruidas, enumeró.

Por otra parte vaticinó una “catarata de demandas” contra la inconstitucionalidad de muchos artículos como la delegación de funciones, prohibida por el artículo 45 de la Constitución, y otras cuestiones que quedan en el aire como el cálculo del haber mínimo inicial jubilatorio.

Por último manifestó que, en el marco de la Multisectorial, se abordaron alternativas para el financiamiento de la Caja como la de grabar a sectores de altos ingresos (grandes herencias) o la eliminación de la exención de impuestos a autos eléctricos. “La única solución no puede ser el empobrecimiento de los trabajadores, activos y jubilados”, puntualizó.

Viales piden restituir jubilaciones especiales

Federico Colominas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) interpeló a los legisladores por el artículo 19 del proyecto, que modifica el artículo 37 de la Ley 8.732, y deja fuera a los trabajadores viales de campaña de las jubilaciones especiales.

“El trabajador vial de campaña está en el camino, soporta bajas y altas temperaturas (…) tiene jornadas extensas, duerme arriba de un camión, en campamento o en casillas que no tienen condiciones habitables. Es aquel trabajador que muchas veces descarga los tubos de hormigón a mano porque no hay maquinaria, o aquel que está expuesto a vibraciones de equipos viejos, y otras condiciones de trabajo y salud deplorables por la función que cumple”, describió.

La jornada de trabajo del trabajador de campaña tiene un promedio de 9 horas diarias. “Casi dos días y medio por semana y más de 8 años comparando las jornadas laborales con la administración pública luego de 25 años de carrera, en las condiciones mencionadas», calculó.

Sostuvo que las jubilacioens especiales no son un privilegio para un determinado sector sino que se trata de una consideración por determinados tipo de tareas y que se les ha quitado el beneficio sin ningún fundamento técnico ni presupuestario. “Creo que es la oportunidad de corregir no solo esa injusticia, sino también otras injusticias que conlleva esta ley y es el momento de empezar a considerar propuestas alternativas”, concluyó.

ATE cuestionó el procedimiento y reclamó alternativas al ajuste

“Queremos hacer un llamado a la reflexión sobre la forma en que se están desarrollando estas instancias”, cuestionó el representante de ATE, Esteban Olarán. “Fuimos convocados esta misma mañana, en un contexto en el que ya circulan versiones públicas que sostienen que las posibilidades de modificar el proyecto son escasas o directamente nulas. Eso termina desvirtuando el debate colectivo que esta Cámara debería garantizar”, señaló.

El dirigente criticó que el Gobierno no haya brindado información técnica que justifique la reforma. “Hasta el momento nadie ha podido responder con precisión qué va a cambiar en la Caja de Jubilaciones. No se explicó cuánto se reduciría el déficit, cuál es la proyección financiera a 10, 20 o 30 años, ni qué escenario previsional se pretende construir. Sin esos datos es muy difícil discutir seriamente una reforma de esta magnitud”, expuso.

Olarán planteó que la discusión debería orientarse a buscar fuentes alternativas de financiamiento antes que avanzar sobre el régimen previsional. Recordó que ATE ya había reclamado, tanto a la actual gestión como a la anterior, un debate sobre la estructura productiva de la provincia y propuso gravar a los sectores de mayor capacidad contributiva. Además, advirtió que Entre Ríos ya perdió más de 9.000 puestos de trabajo entre el sector público y el privado, por lo que consideró inconveniente adoptar medidas que profundicen el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

Finalmente, defendió la Caja de Jubilaciones como una política de Estado y reclamó que cualquier reforma preserve los derechos adquiridos. Si bien reconoció la necesidad de abordar el déficit previsional, sostuvo que el Gobierno desestimó las propuestas alternativas presentadas por los gremios y reiteró la disposición del sindicato a seguir participando de una discusión que priorice soluciones estructurales sin trasladar el costo del equilibrio fiscal a los trabajadores activos y pasivos.

UPCN defendió el diálogo y ratificó sus objeciones

Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, defendió la decisión de participar en el debate de la reforma previsional y rechazó las críticas recibidas por esa postura. Sostuvo que el gremio nunca acompañó el proyecto del Gobierno, sino que optó por intervenir en la discusión para defender los derechos de los trabajadores. “Representar a los trabajadores implica sentarse a discutir. Quienes sostuvieron que la ley no debía tocarse, en los hechos abandonaron esa discusión”, afirmó.

La dirigente remarcó que el rechazo a la reforma fue expresado desde el inicio del proceso, pero consideró que, frente a una decisión política ya tomada por el Ejecutivo, la obligación era intentar introducir cambios. En ese sentido, aseguró que el proyecto sufrió modificaciones durante el debate y sostuvo que, de haberse aprobado el texto original enviado por el Gobierno, la reforma habría sido mucho más perjudicial para los trabajadores.

Domínguez ratificó que UPCN mantiene diferencias de fondo con la iniciativa. Entre los aspectos cuestionados mencionó la declaración de la emergencia previsional, el nuevo esquema para el cálculo del haber inicial tomando los últimos 15 años de aportes, la redacción de artículos que consideró ambiguos y con potencial para generar litigiosidad, y la falta de incorporación de propuestas presentadas por el gremio, como una comisión de seguimiento y mayores mecanismos de transparencia.

Tras cuestionar el insuficiente tiempo otorgado a las organizaciones sindicales para exponer sus posiciones, la dirigente ratificó la disposición de UPCN de continuar participando de cada instancia de debate. Por último, adelantó que, en caso de aprobarse la reforma, el sindicato realizará un seguimiento de su reglamentación para defender los derechos de los estatales.

Redacción Página Gremial

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