La iniciativa, que busca frenar una situación que mantiene a numerosas instituciones al borde del colapso, es impulsada por el dirigente gremial de los gastronómicos Luis Barrionuevo.

Liberación de los fondos

Según se informó, el monto total reclamado se divide en dos partidas específicas que permanecen bajo control estatal:

• Primera partida ($288.000 millones): fondos depositados en un plazo fijo del Banco Nación y vinculados al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), destinado a financiar reintegros a las obras sociales. Su origen se remonta a 2023, cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, incorporó una partida adicional de casi 148 mil millones al Presupuesto Nacional a pedido de la CGT para financiar prestaciones críticas como tratamientos de discapacidad. Una parte fue transferida oportunamente, mientras que el saldo restante se incrementó mediante los intereses generados por el depósito bancario.

• Segunda partida ($400.000 millones): recursos invertidos en Fondos Fima, provenientes de un acuerdo de pago de OSDE que quedaron adscritos al Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público

Los gremios sostienen que ambos recursos deben destinarse de forma exclusiva al financiamiento de las prestaciones médicas y cuestionan que sigan inmovilizados. Un equipo legal trabaja en la redacción final de la presentación judicial, que tipificará el accionar del funcionario bajo el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, la demanda incluirá el pedido formal para que el Gobierno actualice los valores del nomenclador utilizado para calcular los pagos estatales de determinados medicamentos. Según los dirigentes sindicales, dichos valores permanecen congelados desde hace tres años, lo que provoca que las obras sociales recuperen apenas el 10% de lo que destinan a ese rubro.

Esta problemática se profundiza ante el constante incremento de los costos médicos, obligando a múltiples sindicatos a utilizar recursos propios para sostener la operatividad de sus coberturas de salud y afectando de manera directa sus propias finanzas.

Redacción Página Gremial
Fuente: InfoGremial

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