“Alertamos de la crisis terminal que atravesamos y el impacto destructor para la Argentina en el presente y el futuro”, advirtieron.

Definieron al “proceso de destrucción de su sistema científico, tecnológico y universitario” como “absolutamente irracional desde el punto de vista político, social y económico”. Recordaron también que la inversión pública en la función ciencia y técnica, por debajo del 0.15% del PBI, es la más baja en la historia de nuestro país, al menos desde los últimos 54 años.

Un panorama nunca visto

El desfinanciamiento sostenido, los retiros voluntarios, despidos y renuncias de personal altamente calificado y la paralización total de programas estratégicos “son un proceso planificado por el actual gobierno que busca destruir capacidades construidas durante décadas por generaciones».

Científicas y científicos remarcaron que “nunca un país que hizo un esfuerzo sostenido durante más de 200 años para generar capacidades científicas y tecnológicas al servicio de la sociedad las destruyó en tan corto tiempo”.

Los trabajadores señalan que el desmantelamiento del sistema científico tecnológico puesto en marcha desde diciembre de 2023 “no tiene absolutamente nada que ver con el déficit cero o restricciones presupuestarias”. Por el contrario, “es una decisión política y cultural tomada por un gobierno que ha declarado abiertamente su voluntad de destruir al Estado”.

Cuestionaron que hoy, investigadores, docentes y técnicos altamente calificados se ven forzados a migrar, realizar otros trabajos ajenos a su formación o al pluriempleo.

“Argentina invirtió en la formación de estos recursos humanos, una inversión que este gobierno tira a la basura impidiendo que trabajen para el desarrollo de nuestro país (…) Este ataque a las instituciones y a sus trabajadores y trabajadoras es principalmente un ataque feroz a la capacidad colectiva de la sociedad argentina para cuidarse, producir, imaginar y construir futuro”.

“Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva –alertaron al conjunto de la sociedad- Lo que está en juego va mucho más allá del doloroso presente, lo que está en juego es el derecho colectivo a tener un futuro”.

Debilitamiento de organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también emitió un comunicado sobre el tema en las últimas horas, sumándose a la oleada de repudios que generaron los recientes despidos en CNEA y Conicet.

Las y los rectores que lo integran expresaron su “profunda preocupación por el debilitamiento de organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico” y advirtieron sobre el “riesgo para la soberanía científica, tecnológica y productiva de la Argentina”.

“Estas instituciones, junto con las universidades nacionales, conforman un entramado público de producción de conocimiento, formación de recursos humanos, investigación, innovación y transferencia tecnológica que constituye uno de los principales activos estratégicos de la nación».

«Su debilitamiento compromete capacidades construidas durante décadas, afecta el desarrollo científico y tecnológico, limita la innovación y reduce las posibilidades de construir un modelo de desarrollo con mayor autonomía, inclusión y competitividad”, alertaron.

Pedidos del CIN

Desde el CIN instaron a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional a:

• Garantizar el funcionamiento y el fortalecimiento de los organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional.
• Suspender las medidas que impliquen la pérdida de capacidades científicas, tecnológicas y profesionales en instituciones como la CNEA, el CONICET, el INTI y el INTA.
• Asegurar el financiamiento necesario para la continuidad de los proyectos estratégicos, el sostenimiento de la infraestructura científica y tecnológica y la preservación de los recursos humanos altamente calificado.
• Adoptar medidas que garanticen la continuidad de las trayectorias de formación e investigación y promuevan el diálogo con las instituciones, las universidades nacionales, la comunidad científica y las y los trabajadores.

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La medida es un «lockout» del Gobierno y un anticipo de vaciamiento que abarcaría el cierre de unos 100 sectores y la desvinculación de alrededor de 700 trabajadores, consideran los trabajadores, a la vez que piden a los mandos medios del organismo que se sumen a la convocatoria mediante un comunicado formal de apoyo.

El conflicto en el INTI se suma a una serie de tensiones dentro de organismos públicos nacionales, en medio de las políticas de ajuste y reorganización impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

El instituto cumple un rol estratégico en el desarrollo industrial, tecnológico y productivo del país, por lo que advierten que cualquier recorte podría impactar de forma directa en su funcionamiento y en la capacidad tecnológica del Estado.

Vaciamiento y despidos en el Instituto del Cine Argentino

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó, mediante la Resolución 236/2026 publicada en el Boletín Oficial, el pase a situación de disponibilidad de dos agentes de planta permanente.

La medida se inscribe en el proceso de reorganización que el organismo viene implementando desde diciembre de 2023, en línea con las reformas impulsadas en distintos sectores de la Administración Pública Nacional.

Según los fundamentos de la resolución, el instituto avanzó en los últimos años con una readecuación de su estructura organizativa que incluyó la eliminación de unidades operativas, la supresión de funciones y la automatización de tareas como parte de un proceso de modernización interna, en el contexto de la Ley Marco de Empleo Público Nacional.

Estas acciones derivaron en la finalización de contratos bajo distintas modalidades y en el pase a disponibilidad de personal de planta permanente. En el caso de los dos trabajadores se indicó que permanecerán en esa situación por un período de nueve meses.

El presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, argumentó que «la dotación actual supera aún lo que la gestión considera óptimo». En tanto se recordó que el achique comenzó con el Decreto 662/24, que estableció que los gastos de personal, gastos generales e inversiones financiados con recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico no podrán superar el 20% de los ingresos anuales percibidos por el instituto.

En la oportunidad la reestructuración incluyó la suspensión de gastos discrecionales a raíz del déficit de ejecución de 2023, que alcanzó los $2.600 millones, y una deuda con proveedores de $700 millones transferida al ejercicio 2024.

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