Aunque con modalidades y horarios diferentes, todas las convocatorias confluirán durante la tarde del jueves 6 de agosto frente a Casa de Gobierno, para expresar el rechazo a la iniciativa que, denuncian sindicatos y organizaciones, elimina los límites a la compra de tierras por extranjeros y profundiza la extranjerización del territorio.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Entre Ríos y la Multisectorial Entre Ríos llamaron a concentrar a las 16 en Plaza 1° de Mayo, marchar a las 16:30 y realizar un acto a las 17:30 frente a la Casa de Gobierno.

Ambas organizaciones sostuvieron que el debate excede el plano jurídico y pone en discusión «el futuro de nuestros territorios», la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y la preservación de los bienes comunes. En un documento conjunto afirmaron que la tierra «no puede ser considerada únicamente como un bien de mercado o un activo financiero» y reivindicaron que la propiedad debe cumplir una función social.

Otras dos convocatorias

En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos convocó a participar de la Jornada Nacional de Lucha contra el tratamiento del proyecto en el Senado. A su vez, en Paraná citó a concentrarse a las 16 en Plaza 1° de Mayo para marchar hacia la Casa Gris.

El sindicato estatal advirtió que la iniciativa flexibiliza los límites a la compra de tierras por capitales extranjeros, afectará áreas protegidas, Parques Nacionales, comunidades indígenas, pequeños productores e inquilinos y modifica la Ley de Manejo del Fuego. Además, sostuvo que el proyecto facilita la concentración de la propiedad, acelera desalojos y compromete la soberanía sobre recursos estratégicos.

También el MST Entre Ríos y la Red Ecosocialista organizaron una jornada que comenzará a las 12 con una volanteada en la peatonal, continuará con una marcha a las 15 desde Plaza 1° de Mayo y finalizará con una concentración a las 16 frente a la sede del Ejecutivo provincial.

A esa movilización adhirió el Sindicato de Trabajadores de Universidades (Sitradu), que convocó bajo la consigna: «Porque la tierra, y el río, no se venden, ni se queman ni se desalojan».

Más expresiones en contra

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) desarrollará ese mismo día su Congreso provincial en La Paz para definir un nuevo plan de lucha por salarios y una estrategia ante la reforma previsional, por lo tanto su atención estará focalizada en esa actividad.

De todos modos, expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional porque favorece la concentración y extranjerización de la tierra, compromete la soberanía sobre los recursos estratégicos y debilita las herramientas de protección ambiental y del interés público.

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), en tanto, llevará adelante su propia agenda de acciones en el marco del Día de la Educación Agrotécnica, que incluye la entrega de un documento al Gobierno nacional y provincial en reclamo de paritarias nacionales salariales y la restitución de los fondos destinados a la Educación Técnico Profesional.

Igualmente difundió su posicionamiento contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a la que considera “sólo la trampa que armaron para entregar soberanía a las potencias económicas extranjeras”.

Proteger la tierra y la soberanía

Desde la UTEP y la Multisectorial advirtieron que las modificaciones propuestas fortalecen una concepción absoluta de la propiedad privada y debilitan las herramientas del Estado para prevenir la concentración de la tierra y proteger los recursos naturales.

«No existe soberanía alimentaria sin acceso a la tierra para quienes la trabajan. No existe desarrollo con inclusión si los recursos estratégicos quedan sometidos únicamente a la lógica del mercado y la especulación», señalaron.

Por su parte, el MST y la Red Ecosocialista sostuvieron que la iniciativa representa «una pérdida de soberanía enorme», ya que eliminaría las restricciones a la propiedad extranjera de tierras y facilitaría el avance de corporaciones y fondos de inversión sobre el territorio nacional.

También cuestionaron la flexibilización de las normas ambientales, al advertir que habilitaría la venta o el loteo de tierras afectadas por incendios y favorecería la especulación inmobiliaria, el agronegocio y la megaminería.

La Juventud Sindical de la CGT Paraná también fijó posición contra el proyecto. «No es libertad. No es inversión. Es saqueo legalizado», afirmó, al sostener que la iniciativa abre la puerta a la entrega de tierras estratégicas y desarma los límites a la extranjerización de territorios, zonas de frontera y recursos naturales. «La tierra no se remata. La soberanía no se negocia», remarcó.

Más allá de las diferencias en las convocatorias, las organizaciones coinciden en un diagnóstico común: que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional pone en riesgo la soberanía territorial y alimentaria, favorece la concentración y extranjerización de la tierra y profundiza un modelo que subordina los recursos estratégicos a la lógica del mercado.

Redacción Página Gremial

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