«Show mediático»

La tensión venía escalando desde los días previos. El sindicalismo había exigido formalmente que la discusión se desarrollara de manera presencial.

Al respecto, Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la CGT, argumentó: “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate más transparente y con un grado de credibilidad”.

Según la mirada de los gremios, sostener la virtualidad solo servía para legitimar “un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada”, allanando el camino para que el Ejecutivo tome decisiones unilaterales.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, defendió la virtualidad, asegurando que permite que las sesiones queden grabadas para garantizar la «transparencia» y facilitando la participación desde cualquier punto de país.

El descontento sindical también se vio alimentado por la ausencia del Secretario de Trabajo, Julio Cordero. La CGT resaltó la escasa relevancia que el Gobierno nacional le otorga a ese espacio.

Propuesta «irrisoria»

El principal punto de discordia radicó en las enormes diferencias entre las demandas obreras y el ofrecimiento empresarial:

La propuesta sindical unificada: La CGT, la CTA-T y la CTA-A reclamaron llevar el salario mínimo —actualmente congelado en $376.600 desde noviembre de 2025 a $911.202 de manera inmediata (con referencia a julio) y a $993.300 para el mes de diciembre.

Las centrales sostuvieron que estos montos eran el mínimo indispensable para que los trabajadores no sigamos debajo de la indigencia” y evitar que el salario mínimo se consolide definitivamente como un “ingreso de pobreza”.

Como punto de comparación, recordaron que INDEC estableció que una familia tipo, de cuatro integrantes, necesitó $1.564.716 en julio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT).

las cámaras patronales propusieron un ajuste escalonado de apenas 1,8% para septiembre (lo que equivale a un incremento de «apenas $6.000») y un 1,7% para octubre, manteniendo esa proyección hasta abril del próximo año. Bajo este esquema, el salario mínimo recién alcanzaría los $468.000 en abril de 2027.

Para los representantes de los trabajadores, la oferta patronal fue calificada de “irrisoria” y considerada una burla que apenas alcanza para comprar «un kilo de pan».

Al constatar que el Gobierno respaldaba la postura empresarial, los dirigentes Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo (por la CGT), junto a Roberto Baradel (CTA-T) y Hugo «Cachorro» Godoy (CTA-A), desconectaron sus pantallas dando por finalizado el encuentro.

Consecuencias inmediatas y la devaluación real del salario

Al no lograrse el consenso de los dos tercios requeridos en el seno del Consejo, la consecuencia legal inmediata es que el Gobierno nacional asumirá la potestad de laudar de forma unilateral y por decreto.

Este desacuerdo se produce en un escenario sumamente crítico para los ingresos de la clase trabajadora. Según una investigación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el salario mínimo en la Argentina perdió el 40,3% de su valor real entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

La licuación de este indicador tiene consecuencias severas en múltiples frentes del mercado laboral y de la seguridad social, ya que el SMVyM actúa como:

1. Indicador de subsistencia: Define el monto de los programas estatales de asistencia social para personas en situación de extrema pobreza y el subsidio por desempleo.
2. Referencia paritaria: Funciona como el piso para establecer el salario inicial de los docentes en todo el país.
3. Faro para la informalidad: Es el principal valor de referencia para regular y estimar los ingresos de los trabajadores informales y de aquellas actividades de jornadas completas que no cuentan con amparo de convenios colectivos ni representación sindical directa.

Posible plan de lucha

Tras el frustrado encuentro paritario, los sindicatos ya preparan su respuesta. Desde la CGT adelantaron que la semana próxima se convocará a una reunión de conducción para evaluar orgánicamente los pasos a seguir dentro del plan de acción gremial.

Sobre la posibilidad de dictaminar un nuevo paro nacional, Jerónimo aclaró que esa medida “nunca se descarta”, aunque remarcó la importancia de construir previamente los consensos necesarios.

Asimismo, aclararon que haber abandonado la mesa paritaria virtual no implica de ningún modo una renuncia al diálogo, sino la firme exigencia de un ámbito de negociación genuino, transparente y con voluntad real de alcanzar soluciones dignas.

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La protesta se realizó frente al Ministerio de Economía de la Nación para denunciar el drama social y económico que atraviesan millones de hogares y pequeñas empresas endeudadas. Allí, las autoridades sindicales formalizaron el reclamo a través de una misiva dirigida al ministro Luis Caputo, y firmada por los cosecretarios generales de la entidad, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

Los reclamos de la CGT

El petitorio entregado a la cartera económica se articula en tres reclamos puntuales:

1. Regulación efectiva del Banco Central: exigen que la autoridad monetaria ejerza sus facultades para fijar topes a los costos financieros y tasas de interés aplicables a préstamos bancarios, billeteras virtuales, aplicaciones de crédito y entidades no bancarias.
2. Rescate a las pymes: solicitan un análisis urgente sobre el sobreendeudamiento que compromete el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas, amenazando la continuidad operativa y las fuentes de empleo formal.
3. Programa de refinanciación de deudas: demandan un plan integral para atender el récord de morosidad, que contemple quitas de punitorios, extensión de plazos y cuotas atadas a la evolución real de los ingresos salariales.

El texto plantea que “el equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y PyMEs, reactivar la producción y el consumo y poner en marcha la economía real”.

En esta línea, desde la central obrera señalan que la situación económica actual “está golpeando cada vez con más fuerza a las familias trabajadoras y también a las empresas que producen y generan empleo”.

Y agregan: “A la caída de los ingresos y el deterioro del consumo, se le suma el costo elevado del endeudamiento que sufren familias y pymes”.

Contra el endeudamiento de las familias

El documento también enfatiza que la ruptura de la cadena de pagos de los hogares argentinos impacta sobre el resto del aparato productivo nacional:

• Caída del consumo: si se destinan proporciones crecientes del ingreso a abonar cuotas e intereses de mora, los hogares retraen las compras en el comercio minorista.

• Parálisis industrial: cae la demanda interna, las pymes pierden volumen de venta, comprometen su financiamiento y se ven obligadas a achicar personal o suspender actividades.

• Precarización extrema: las familias excluidas del crédito bancario tradicional terminan recurriendo a circuitos informales con tasas usureras, que agravan la situación social en las barriadas populares. Así se denunció desde la UTEP.

Próximas acciones

Según adelantaron, las centrales obreras ya tienen prevista una movilización para el miércoles 2 de septiembre, Día de la Industria, en reclamo de la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Fuente Mundo Gremial

Redacción Página Gremial

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Las seccionales regionales y los movimientos sociales de Entre Ríos ratificaron su adhesión al plan de lucha contra el endeudamiento de las familias. Si bien no habrá movilizaciones locales, dirigentes y delegaciones de distintas localidades viajarán hacia CABA para sumarse a la marcha.

ATE: contra el dramático endeudamiento de las familias trabajadoras

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se movilizará para alertar sobre el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras y exigir respuestas al Gobierno.

El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “los números son dramáticos”. “Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas y debe existir un programa de desendeudamiento estatal. A esta crisis grave que atraviesan las familias argentinas solo se sale con una respuesta pública”.

El dirigente sindical señaló, además, que el programa de desendeudamiento de los hogares tiene que ser «urgente». “Se necesita tener opciones reales de pago. Los créditos tomados han sido usurarios y, en la mayoría de los casos, no se pueden cancelar, son impagables”, remarcó.

“Es mentira que, como dijeron Milei y Caputo, se trate de una decisión individual o de un asunto entre privados. Eso se entendería en una decena de casos, pero cuando se trata de 20 millones de personas que están sufriendo este flagelo del endeudamiento, estamos frente a un drama social”, dijo Aguiar.

En el comunicado también resaltó que la desregulación financiera implementada por el Gobierno, a partir del Decreto 70/2023, ha permitido un accionar completamente abusivo de parte de bancos, financieras, mutuales y billeteras virtuales, con entidades no bancarias que establecen intereses que van desde el 700% y que en la mayoría de los casos superan el 1300%.

Sutep: el endeudamiento familiar como política de gobierno

El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Espectáculo (CATE) junto a la CGT confirmaron que se sumarán a la marcha. “Cada vez más familias argentinas se endeudan para poder vivir. Para pagar el alquiler, comprar comida, afrontar la luz, el gas o sostener los gastos básicos del hogar”, expresaron en el comunicado enviado a Página Gremial.

En este sentido, señalaron que “desde que gobierna Milei, el costo de vida se disparó mientras los ingresos quedaron cada vez más lejos de las necesidades reales. El resultado es una deuda que crece, una morosidad que se quintuplica y más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras atrapados en un sistema financiero que lucra con la necesidad”, afirmaron.

Y agregan: “El endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida y, por eso, marchamos”.

UTEP: contra el endeudamiento de la economía popular

Por su parte, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) plantea que se movilizará en “unidad de lucha” junto a la CGT y a las dos CTA. “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida”, expresaron.

Datos de la convocatoria

• Fecha: jueves 20 de agosto
• Horario: 14:00
• Punto de concentración: Av. Paseo Colón e Independencia, CABA.
• Destino: Ministerio de Economía de la Nación (Hipólito Yrigoyen 250)

Redacción Página Gremial

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En Azopardo estuvieron también representantes de Defensa del Consumidor. Allí hablaron de la posibilidad de “avanzar en una campaña contra el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras, una problemática que afecta cada vez a más hogares y que expresa el deterioro de los ingresos frente al aumento del costo de vida”.

“Va a ser el 20 porque después estamos preparando otra acción por el Día de la Industria. Ahí seguramente articulemos con la CSIRA y con sectores empresarios”, dijeron desde la cúpula de la CGT.

Endeudamiento

De acuerdo con un informe elaborado por Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, los números reflejan un escenario de insolvencia sostenida: “La mora consolidada total sigue creciendo: alcanzó el 17,5% del crédito a las familias, el vigésimo aumento mensual consecutivo”.

El mismo documento advierte que “la mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”.

Detrás de estas cifras millonarias —el crédito total ascendió a 97,1 billones de pesos a junio de 2026—, el impacto social es evidente, dado que el 26,1% de los deudores ya registra al menos un saldo irregular en sus compromisos financieros.

Redacción Página Gremial

Fuente: Infogremiales

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“Fue una jornada masiva de fe, dignidad y resistencia que conmemora el proceso que, en 2016, consolidó la representación del sector de los trabajadores excluidos y derivó en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345)», expresaron los organizadores.

La marcha comenzó en la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, con una bendición a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva y finalizó en Plaza de Mayo.

Homilía crítica

El arzobispo planteó ante miles de fieles que el pueblo sabe que la solución concreta a los problemas económicos y sociales “la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado, poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.

En ese contexto, aseguró que los argentinos tienen que “tener dos o más trabajos para llegar a fin de mes” y se mostró preocupado por el alza del endeudamiento de las familias.

A lo largo de la homilía, García Cuerva insistió en la necesidad de “no dar la espalda al dolor de quienes sufren” y de “ser empáticos con los más necesitados”.

A modo de cierre de su mensaje, pidió “trabajar por una patria de hermanos, donde nadie sea descartable ni desechable”.

UTEP, CGT, CTA en la marcha

A lo largo del recorrido se instalaron postas sanitarias y, frente al Congreso, las organizaciones realizaron un «verdurazo», con la entrega gratuita de 1.000 kilos de verduras de estación y 500 litros de leche.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, fue el primer orador en plaza de Mayo y se refirió a la “entrega a las grandes corporaciones” que está sufriendo Argentina.

Entre los manifestantes también estuvo el cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, quien invitó a la reflexión sobre la realidad que atraviesan los trabajadores. “La recuperación del empleo debe convertirse en una prioridad para el país”.

En ese sentido, el dirigente gremial sostuvo que «es un día para pedirle más que nunca a San Cayetano. Se perdieron 380.000 puestos de trabajo, cierran empresas todos los días y cada vez queda menos empleo formal».

Por otra parte señaló la necesidad de construir acuerdos entre todos los sectores a fin de revertir la situación actual. «El primer paso es sentarnos en una mesa para construir un proceso distinto, con confianza, previsibilidad y decisiones políticas que permitan generar desarrollo y producción».

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE expresó: “Está claro que el Gobierno empezó a perder la calle y el movimiento obrero tiene que garantizar un conflicto permanente. La jornada de hoy tiene que servir para unir todas las luchas y hacer crecer la conflictividad”.

Por su lado, referentes de UTEP reclamaron la convocatoria a un paro general durante un acto breve que no contó con la presencia de los principales dirigentes de la CGT sobre el escenario.

Redacción: Pagina Gremial

Con información de NA

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Plan de lucha

La agenda sigue este miércoles con la habitual marcha de los jubilados hacia el Congreso. Reclaman la actualización de la movilidad jubilatoria, la cobertura total de medicamentos por parte del PAMI y el cese de las medidas de ajuste. Antes, está prevista una conferencia de prensa convocada por la Confederación Nacional del Trabajo (CGT) con motivo del inminente tratamiento legislativo en el Senado de la Nación del proyecto denominado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada».

En tanto, el jueves, gremios y organizaciones sociales se movilizarán al Congreso en rechazo a la ley de extranjerización de la tierra, iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La marcha contará con la adhesión de la CGT, ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), partidos de la izquierda y el peronismo, además de organizaciones eclesiásticas, entre otros.

El viernes, en coincidencia con la festividad de San Cayetano, la semana cerrará con una jornada nacional de lucha bajo la consigna «Tierra, Techo y Trabajo». La convocatoria volverá a reunir a la CGT, las CTA, la UTEP y diversos movimientos sociales.

Redacción Página Gremial

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Durante la jornada, que se realizó en la tarde de este miércoles, los referentes sindicales ratificaron la continuidad del plan de lucha contra las políticas de ajuste del Gobierno.

«Los jubilados y las jubiladas son el ejemplo de la dignidad de nuestro pueblo. Esta etapa en unidad viene a nutrirse de su ejemplo para derrotar un modelo que busca destruir las jubilaciones, los salarios y la ciencia», enfatizó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, quien además anticipó el avance hacia la construcción de un nuevo paro nacional.

Por su parte, Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA-A, destacó la importancia de la unidad en las calles: «Esperamos que la fuerza del movimiento popular garantice la restitución de los derechos que hemos perdido».

Una crisis previsional que se profundiza

Bajo la consigna “La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados”, el reclamo tuvo réplicas en Entre Ríos y también en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Neuquén y Misiones. La protesta puso el foco en la crítica situación que atraviesa la tercera edad:

• Pérdida del poder adquisitivo: con un haber mínimo (incluyendo bono congelado en $70.000) que ronda los $481.948 tras el último ajuste del 2,1%, el haber queda sistemáticamente rezagado frente a la canasta básica.
• Salud y medicamentos: existe una creciente preocupación por los recortes en las prestaciones de PAMI y el acceso a remedios gratuitos o bonificados.

Redacción Página Gremial

Foto y fuente: InfoGremiales

La entrada La CGT, las CTA y la UTEP marcharon en defensa de los jubilados se publicó primero en Página Gremial.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, que conduce Verónica Berisso y funciona en el Palacio de Educación, será escenario de una jornada de protesta convocada por la Multisectorial de las y los Trabajadores.

La convocatoria fue lanzada este martes en conferencia de prensa de la que participaron dirigentes de la CGT, las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el MST, el Polo Obrero, Barrios de Pie y el MTE, quienes coincidieron en denunciar el impacto del ajuste sobre el empleo, los ingresos y las políticas públicas.

La protesta frente al Ministerio será este miércoles 22 de julio a partir de las 10, concretamente en la esquina de Córdoba y Laprida, de Paraná.

Si bien la jornada se enmarca en la movilización por los jubilados convocada a nivel nacional por CGT y las dos CTA, en la provincia ATE convocó a las y los trabajadores estatales a realizar desde las 9 distintas modalidades de protesta en los lugares de trabajo, como asambleas, concentraciones y retiros, para luego confluir en la actividad central.

Unidad del reclamo

Desde la UTEP, Tamara Berales sostuvo que uno de los principales motivos de la jornada es la finalización del programa Volver al Trabajo, al que definió como el salario social complementario de la economía popular. También cuestionó la falta de convenios para las cooperativas y advirtió sobre el deterioro de las políticas alimentarias en la provincia.

«Venimos sintiendo el ajuste de las distintas políticas del gobierno nacional y del provincial, y eso afectó directamente a la clase trabajadora», denunció.

Por su parte, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, señaló que las políticas de los gobiernos de Javier Milei y Rogelio Frigerio profundizan el deterioro de las condiciones laborales y del Estado.

«El reclamo es claro y genuino frente a una realidad que nos impone más ajuste, más desempleo, más hambre y más destrucción del Estado. Al mismo tiempo, nos movilizamos en defensa de las y los jubilados», expresó.

Empleo, salarios y defensa del Estado

Entre los reclamos de ATE figuran el rechazo a las políticas de ajuste y los despidos en los sectores público y privado, la defensa del salario de las y los trabajadores activos, un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil que cubra el costo de la canasta básica, la defensa de la soberanía y el rechazo a la represión de la protesta social.

Desde la CCC, Arturo Sedano puso el foco en la pérdida de puestos de trabajo en Entre Ríos y reclamó medidas para reactivar la producción y el empleo. Según sostuvo, la provincia atraviesa un proceso de cierre de pymes y despidos que golpea tanto al sector industrial como al comercial.

A su turno, el secretario general de la CGT Paraná, Oscar Barbieri, sumó otros planteos vinculados con la reapertura de paritarias libres, la reactivación de la obra pública y del mercado interno, además de la continuidad del servicio ferroviario entre Paraná, La Picada, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda.

Continuidad del plan de lucha

Los dirigentes adelantaron que la movilización de este miércoles será el punto de partida de un plan de lucha que continuará el 7 de agosto, en el marco de la jornada de San Cayetano bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», y que tendrá una nueva instancia nacional durante octubre con la participación de las centrales sindicales y organizaciones sociales.

Al finalizar la concentración, la Multisectorial entregará a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano un documento con el conjunto de los reclamos. Según explicó Barbieri, el planteo está dirigido tanto al Gobierno provincial como al nacional. «Queremos que todos se hagan cargo. Los trabajadores y jubilados no somos responsables de la crisis«, remarcó.

Redacción Página Gremial

Con información de CGT, ATE, UTEP y APFDigital

La entrada Organizaciones sindicales y sociales, unidas contra el ajuste provincial y nacional se publicó primero en Página Gremial.

Bajo la consigna “La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados”, la concentración está prevista para el miércoles 22 de julio, a las 15 horas, en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña en CABA. Las organizaciones reclamarán por la defensa de los haberes previsionales, los ingresos y una vida digna para los adultos mayores.

Plan de acción

La movilización forma parte del cronograma acordado entre las centrales sindicales y los movimientos sociales tras una serie de reuniones en las que resolvieron profundizar la unidad frente al rumbo económico del gobierno nacional.

El acuerdo comenzó luego de los encuentros mantenidos entre la conducción de la CGT, las dos CTA y la UTEP, donde coincidieron en impulsar un plan de lucha escalonado con movilizaciones conjuntas y distintas acciones de protesta. El objetivo es enfrentar el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y las reformas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

La convocatoria, además, consolida el acercamiento entre la CGT y los movimientos sociales, luego de que la UTEP anticipara una nueva etapa de protestas tras el anuncio oficial del cierre del programa Volver al Trabajo. Esa coincidencia de agendas terminó confluyendo en una estrategia común junto a las centrales sindicales, publicó Mundo Gremial.

Nuevas medidas de fuerza

El objetivo de las organizaciones es sostener un proceso de movilización creciente que permita ampliar el nivel de participación sindical y social. En ese marco, distintos dirigentes ya anticiparon que el plan de lucha podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.

En este sentido, se habló de la posibilidad de convocar a un nuevo paro general, una alternativa que comenzó a instalarse durante las reuniones entre las centrales y que dependerá de la evolución del conflicto con el Gobierno y de la respuesta oficial a los reclamos sindicales y sociales.

Foto y fuente: Mundo Gremial

Redacción Página Gremial

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Los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán consideraron que la central obrera no logró demostrar la existencia de un perjuicio irreversible que justificara mantener la medida cautelar y coincidieron en que la complejidad del planteo requiere un análisis de fondo, que deberá resolverse en la sentencia definitiva.

De este modo, la norma seguirá aplicándose mientras la jueza Macarena Marra Giménez decide sobre la cuestión central del expediente: si la reforma laboral es o no constitucional.

Trayecto judicial

El conflicto judicial comenzó en marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda había suspendido mediante una medida cautelar el núcleo de la reforma laboral, incluyendo artículos vinculados con antigüedad, subcontratación, despidos, vacaciones, período de prueba y banco de horas, entre otros aspectos de la legislación laboral.

Sin embargo, el Gobierno apeló esa resolución y logró primero que la Cámara Nacional del Trabajo revocara la suspensión y luego que el expediente pasara al fuero Contencioso Administrativo Federal. Ya en ese ámbito, la jueza Marra Giménez dejó sin efecto la cautelar al considerar que el planteo de la CGT excedía el alcance de una medida precautoria.

“Dada su complejidad y extensión, el planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar”, sostuvo la magistrada en aquella resolución.

La CGT apeló esa decisión, pero ahora la Cámara confirmó el criterio de la jueza.

Qué dice el fallo de la Cámara

En el fallo, los camaristas señalaron que la central obrera “no pretende conservar el estado de cosas, cuya modificación podría tornar infructuosa la sentencia, sino que pide un anticipo de ésta última porque su tardanza le ocasionaría daños irreversibles” a los trabajadores que representa.

Además, sostuvieron que “tampoco se advierte la configuración de un perjuicio en cabeza de la parte actora y de la clase a quien representa, que revista una magnitud y probabilidad de ocurrencia que justifique la alteración del orden normal del pleito”.

Durante la tramitación del recurso, la posición del Gobierno recibió el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que solicitaron rechazar la apelación al entender que la CGT pretendía obtener, a través de una cautelar, un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio.

Con esta resolución, el expediente queda ahora en condiciones de avanzar hacia la definición de la cuestión de fondo. Será la jueza Marra Giménez quien deberá determinar si los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral se ajustan o no a la Constitución Nacional. Hasta que exista ese pronunciamiento, la reforma continuará plenamente vigente.

Tras conocerse el fallo, el Gobierno nacional celebró la decisión y afirmó que la implementación de la ley «resulta una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los trabajadores y empleadores».

Redacción Página Gremial

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