La reglamentación fue anticipada por Página Gremial hace diez días, cuando informó que la nueva movilidad debutaría en septiembre y que quedaba por determinar qué parte de los aumentos salariales de los activos llegaría efectivamente a los pasivos.

Qué aumento genera movilidad

La resolución establece que la referencia será el incremento salarial remunerativo otorgado con alcance general al escalafón que reúna la mayor cantidad de aportantes del Estado provincial. Actualmente, ese lugar corresponde a los trabajadores del Consejo General de Educación.

Quedan excluidos del cálculo los conceptos especiales o particulares relacionados con la función, el cargo, la antigüedad diferencial, la zona, la dedicación o las condiciones de trabajo propias de ese escalafón.

Esto significa que no todo aumento que perciba un trabajador activo necesariamente se trasladará a su jubilación. La movilidad estará determinada por la parte remunerativa del incremento salarial general.

Cada tramo de la paritaria también mueve las jubilaciones

Otro punto de impacto directo para los pasivos es que, cuando un acuerdo salarial se otorgue en cuotas o tramos, cada incremento generará su correspondiente movilidad en la misma oportunidad en que se aplique a los trabajadores activos.

Una vez homologado el acuerdo paritario, la Caja deberá dictar el acto que establezca el porcentaje de movilidad, detallando qué conceptos fueron incluidos y cuáles quedaron fuera.

Además, deberá publicar ese índice dentro de los 10 días hábiles posteriores a la homologación.

Cómo aparecerá desde septiembre

Desde septiembre de 2026, los recibos de haberes incorporarán un código específico para la movilidad previsional, separado del concepto correspondiente al haber del mes anterior.

La suma de ambos conceptos conformará el haber previsional del período siguiente, al que podrá incorporarse una nueva movilidad cuando corresponda.

La resolución también dispone un seguimiento mensual de la cantidad de aportantes de cada escalafón. Si en el futuro otro sector pasa a ser el que concentra la mayor cantidad de aportantes, podrá modificarse el escalafón utilizado como referencia.

Los retroactivos ya aprobados y pendientes de pago continuarán liquidándose mediante complementarias, de acuerdo con el mecanismo vigente.

Redacción Página Gremial

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Uno de los principales cambios alcanza a quienes ya tenían una resolución definitiva de jubilación al momento de la entrada en vigencia de la reforma previsional, el 21 de agosto de 2026. En esos casos, existe un plazo de 60 días corridos, hasta el 20 de octubre, para fijar la fecha efectiva de cese de actividades.

Si ese trámite no se realiza dentro del plazo establecido, la Caja podrá reliquidar y adaptar el haber inicial jubilatorio de acuerdo con las condiciones previstas por la nueva ley.

Cómo se calculará la movilidad

Otro de los puntos analizados fue la aplicación de la nueva reglamentación del artículo 71 de la Ley 8732, modificado por la Ley 11.302.

A partir del haber correspondiente a septiembre de 2026, la movilidad se calculará exclusivamente sobre los aumentos salariales remunerativos y de alcance general otorgados al personal activo del escalafón que concentra la mayor cantidad de aportantes, actualmente el correspondiente a los trabajadores dependientes del Consejo General de Educación.

Esto significa que las sumas no remunerativas quedan excluidas de la base utilizada para calcular la movilidad jubilatoria.

Además, cuando una paritaria establezca un aumento en cuotas, la movilidad para los jubilados se aplicará en las mismas fechas en que esos incrementos sean percibidos por los trabajadores activos.

Nuevo formato para los recibos

La Caja también implementó un nuevo esquema para presentar los haberes, con el objetivo de facilitar su lectura y permitir un mayor control sobre los aumentos.

El recibo tendrá dos códigos principales:

Código 5000, “Haber Previsional”: reúne en una única línea los conceptos que integran la liquidación del mes anterior, como básico, antigüedad y bonificaciones.

Código 5001, “Movilidad”: muestra por separado el monto o porcentaje correspondiente al ajuste aplicado durante el mes.

La suma de ambos conceptos constituye el haber del mes y será, a su vez, la nueva base para la liquidación del período siguiente.

Los retroactivos o cuotas pendientes continuarán abonándose por separado, mediante planilla complementaria o según lo determine la Caja, y no se incorporarán al Código 5000.

Desde Sadop destacaron la importancia de contar con información precisa frente a los cambios introducidos por la reforma previsional. La secretaria general del gremio, Alejandra Frank, valoró el encuentro con las autoridades de la Caja y señaló que conocer en detalle las resoluciones y su reglamentación permite brindar a los afiliados información “clara, detallada y transparente”.

Redacción Página Gremial

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La normativa vincula la movilidad con la evolución de los salarios de los trabajadores activos y toma como referencia los aumentos otorgados, ya sea por acuerdo paritario o por decreto, al escalafón con mayor cantidad de aportantes, que actualmente es el docente.

Con la paritaria docente en marcha, es clave determinar qué parte de esos aumentos se trasladará a los jubilados. Ese punto quedará establecido en la reglamentación del artículo 34°, que modifica el artículo 71° de la Ley 8732, cuya publicación es inminente, anticipó el presidente de la Caja.

La definición cobra especial relevancia por la estructura salarial docente, que incluye numerosos códigos, adicionales y bonificaciones.

Bagnat explicó que el decreto reglamentario precisará “cuál es la parte consistente y legal que corresponde a la movilidad”. Esa definición estará vinculada con uno de los criterios que la Caja busca sostener: que los aumentos sean remunerativos y generen los correspondientes aportes al sistema previsional por parte de los trabajadores activos.

Qué parte del aumento se traslada

El titular de la Caja aclaró que a los jubilados se trasladará “el porcentaje que se defina en paritaria sobre los conceptos remunerativos”.

En declaraciones al programa “Amanece que no es poco”, de Radio Plaza, afirmó que existen componentes propios de cada escalafón “que no tienen que ver con la movilidad de los jubilados”.

“Hay condimentos en todos los escalafones. Y lo que no podíamos seguir haciendo es trasladar toda esa diversidad a los pasivos –que no están aportando por esas novedades– porque eso nos generaba una distorsión tremenda”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó situaciones en las que, bajo la Ley 8732, los incrementos salariales de determinados sectores quedaban vinculados a ámbitos ajenos a la negociación provincial. Señaló que incluso se trasladaban “paritarias que no se fijaban en la provincia, sino en la Corte Suprema o en la city porteña”, en el caso de los bancarios.

Remarcó que ese mecanismo “generaba un daño muy grande al sistema jubilatorio”.

La importancia del acta paritaria

Otro aspecto central será la forma en que quede redactado el acuerdo salarial docente. El acta será la referencia concreta para determinar qué porcentaje corresponde trasladar a los jubilados.

“El acta paritaria va a decir cuál es el aumento remunerativo para ese mes, el mes de incremento, y si tiene incidencia sobre otro mes. Tal cual lo diga esa redacción, que es la que se va a aplicar a la liquidación de activos, ese valor es el que la ley (11.302) toma para trasladar a los 67 mil jubilados”, detalló Bagnat.

De esta manera, no todo incremento que reciban los trabajadores activos necesariamente tendrá impacto en las jubilaciones. La referencia será el porcentaje que el acuerdo salarial identifique como remunerativo.

El aumento llegará en el mismo mes

Otra de las definiciones brindadas por Bagnat es que la nueva movilidad no utilizará promedios ni índices para determinar los aumentos. Según explicó, ese mecanismo “sería un análisis más subjetivo y cambiante”.

Además, ratificó que el incremento que surja de la paritaria docente se trasladará a los 67 mil jubilados que integran el sistema previsional provincial y que el aumento se abonará a los pasivos en el mismo mes en que se aplique a los trabajadores activos. “El plazo de 60 días es un plazo administrativo que se pone como margen, por cualquier imponderable. Porque ese mismo mes nosotros percibimos el aporte”, indicó.

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Pero la ley no establece cómo se convertirá una paritaria con distintos aumentos en un único porcentaje de movilidad para jubilados y pensionados.

La complejidad radica en la composición del salario docente, que incluye numerosos códigos, adicionales y bonificaciones. En cada paritaria, además, los aumentos pueden aplicarse de manera diferente sobre esos conceptos.

Por eso, uno de los puntos centrales de la reglamentación será determinar cómo se calculará el porcentaje que finalmente se trasladará a las jubilaciones y pensiones.

La reglamentación, bajo la lupa de los sindicatos

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, inauguró el jueves 13 de agosto una serie de reuniones con distintas entidades gremiales y del sector pasivo, de cara a la reglamentación de la reforma previsional.

Ese primer encuentro fue con la comisión directiva y delegados de UPCN. Luego le siguieron otros intercambios con “jubilados de la ATER; Jubilados de ATE; el Colegio de Abogados y Municipales”, informó el presidente de la Caja a Página Gremial. Además, anticipó que para la semana que viene convocó a Agmer, AJER y Magistrados. “Estamos trabajando con todos los sindicatos, para que se enteren de primera mano y escuchar lo que opinan. Es una modalidad de trabajo de la Caja, un sello de la gestión que vamos a seguir manteniendo”, aseguró.

Con la reforma ya sancionada, una parte importante de la discusión se traslada ahora a la reglamentación. Y para los sindicatos, el seguimiento de esa instancia será clave.

La próxima paritaria, la primera prueba

En ese marco, la próxima paritaria docente será una de las primeras oportunidades para observar cómo funciona en la práctica el nuevo esquema.

Si el acuerdo incluye aumentos sobre distintos códigos y conceptos, la aplicación de la nueva movilidad permitirá conocer cómo la Caja transforma esa estructura salarial en un porcentaje concreto para jubilados y pensionados.

Redacción Página Gremial

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“Esto se viene para el resto de las provincias que no han transferido sus Cajas”, advirtió el secretario general de AJER, José María Segura , y señaló que Entre Ríos podría ser el antecedente de un proceso más amplio de reformas, que responden a una política previsional nacional orientada a reducir el gasto en seguridad social.

En ese análisis, adquiere relevancia el respaldo que manifestaron diferentes organizaciones de trabajadores judiciales del país. “Como parte de la Federación Judicial Argentina (FJA) estamos recibiendo solidaridad, pero también preocupación, porque se está viendo con absoluta claridad la intención de reducir el gasto de la seguridad social a nivel nacional ante un planteo del FMI”, expresó al respecto Segura.

Indicó que, en línea con esa estrategia de apoyo, la FJA presentó una nota formal dirigida a los diputados provinciales entrerrianos para que den marcha atrás con la reforma.

El dirigente gremial hizo este análisis luego de que la Legislatura provincial sancionara la denominada Ley de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, que introduce modificaciones a la Ley 8732 Régimen de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

Convertir la Caja en Anses

Para AJER, las consecuencias de la reforma no se limitarán al sistema jubilatorio. Segura sostuvo que la ley «significa el empobrecimiento de los jubilados» y, al mismo tiempo, «un perjuicio para los trabajadores activos».

Al respecto, rechazó el aporte extraordinario del 3% para los salarios brutos superiores a los tres millones de pesos, que elevaría el descuento previsional al 22%, al considerar que representa “otra disminución de los salarios”. “Eso sumado a la suba de la edad y una serie de decisiones que tiene esta ley, que son todas en perjuicio de los trabajadores”, agregó en diálogo con Página Gremial.

Para el sindicato, el objetivo de fondo consiste en modificar el modelo previsional provincial. “El Gobierno terminó de concretar un objetivo que se propuso desde el principio, que es transformar a la Caja en la Anses: jubilaciones de pobreza y con una actualización que va a depender de la voluntad de cada gobierno de turno”, sostuvo Segura.

El dirigente también cuestionó la actitud del Poder Ejecutivo durante el debate legislativo. “Lamentamos la sanción de esta ley, la necedad del Gobierno de no escuchar el reclamo de los trabajadores y de no tener un objetivo superador a esta situación, pese a las alternativas que planteamos”, afirmó.

La estrategia judicial

Segura confirmó que el sindicato “analizará en detalle la ley para evaluar todas las presentaciones judiciales que se puedan hacer en relación a la inconstitucionalidad de la emergencia y a otros puntos”.

Precisó que los planteos alcanzarán “el aporte del 3% extraordinario, la delegación de funciones en el gobernador para modificar estos porcentajes para arriba o para abajo durante la emergencia” y también la eliminación de la movilidad jubilatoria.

“Hoy dicen que la movilidad es la paritaria del sector público, pero eso elimina la movilidad de una enorme cantidad de sectores que tienen sus propios regímenes. Esto afecta derechos adquiridos, el principio de progresividad. Todos principios generales del derecho previsional y del derecho laboral están amparados por pactos internacionales y por la Constitución”, sostuvo por último.

Redacción Página Gremial

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Al mismo tiempo que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto de «Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional» en la Cámara de Diputados, diversos gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja –entre ellos Agmer, ATE, AJER y AMET– realizarán un paro con movilización para expresar nuevamente el rechazo de un amplio sector de trabajadores que considera que la reforma implica un retroceso en materia de derechos previsionales.

La convocatoria prevé una concentración a las 9:30 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y una marcha hacia la Casa de Gobierno, donde docentes, estatales y distintas organizaciones permanecerán mientras se desarrolle la sesión de Diputados, prevista para las 11.

Para Agmer, la movilización representa el último intento de incidir sobre una decisión política que considera prácticamente resuelta. En el comunicado difundido para convocar a la protesta, el gremio sostuvo que los diputados definirán «el futuro de nuestra Ley Previsional» y llamó a manifestarse «contra la reforma, la quita de derechos y el saqueo». También cuestionó que la iniciativa avance «a espaldas del pueblo trabajador» y reclamó a los legisladores que no sesionen sin escuchar los planteos de quienes serán alcanzados por la norma.

El sindicato docente inscribe esta jornada en un proceso de resistencia que lleva más de diez semanas, con paros, carpa, movilizaciones y presentaciones ante la Legislatura. Durante ese período, los gremios insistieron en la necesidad de abrir una instancia de discusión más amplia, pero denuncian que el tratamiento parlamentario avanzó con una velocidad que dejó escaso margen para introducir modificaciones de fondo.

Tratamiento legislativo bajo cuestionamiento

Ese planteo encuentra sustento en el recorrido legislativo de la iniciativa. Tras obtener aprobación en el Senado el 15 de julio, luego de un extenso debate en comisiones, el proyecto transitó por Diputados en apenas dos jornadas de trabajo. Aunque las comisiones escucharon a autoridades de la Caja de Jubilaciones, representantes sindicales, integrantes de la Justicia y funcionarios provinciales, el cronograma se aceleró y finalmente no expusieron el ministro de Economía, Fabián Boleas, ni representantes de entidades empresarias que habían sido convocados.

Horas después de escuchar al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al presidente de la Asociación de la Magistratura, Alejandro Cánepa, el oficialismo firmó el dictamen de mayoría y dejó el proyecto en condiciones de llegar al recinto.

Miradas contrapuestas

Durante ese debate quedaron expuestas dos miradas contrapuestas sobre el futuro del sistema previsional. Desde el Ejecutivo, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, defendió la reforma como una herramienta para garantizar la sustentabilidad del organismo y sostuvo que permitirá aliviar en unos $3.500 millones mensuales el desequilibrio financiero. A su vez, Rodríguez Signes argumentó que, aun si la provincia logra recuperar fondos adeudados por la Nación mediante la demanda que tramita ante la Corte Suprema, seguirá siendo necesario avanzar con reformas estructurales para reducir la brecha entre ingresos y egresos.

Los sindicatos, en cambio, sostienen que el problema financiero no puede resolverse a costa de modificar derechos previsionales. Durante las audiencias legislativas cuestionaron especialmente el cambio en el cálculo del haber inicial, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para reglamentar aspectos centrales de la ley y la posibilidad de que futuras modificaciones de la normativa nacional terminen impactando sobre el régimen entrerriano.

En ese contexto, la secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, advirtió que la reforma «afecta derechos tanto de quienes ya están jubilados como de quienes se van a jubilar» y cuestionó el argumento oficial de la urgencia. “Hay que tomarse el tiempo, no pueden sancionar la ley y lo saben”, sostuvo en diálogo con APFDigital.

La dirigente también denunció que las comisiones trabajaron bajo un cronograma que no garantizó un debate genuino. «Entendemos que hay un apuro y que no están dispuestos a escuchar ni a introducir las reformas que se les están planteando. No hay consenso social para esta ley», afirmó.

Desde AMET se sumaron a la convocatoria a paro y movilización y señalaron que esta acción se enmarca en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y ratificaron su oposición a la reforma previsional.

Los judiciales de AJER, que también adhirieron a la medida, advirtieron que la iniciativa elimina beneficios históricos, modifica las condiciones de acceso a la jubilación y aumenta los aportes para parte de los trabajadores.

La Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos acompañará la movilización. «Estaremos afuera de la Legislatura defendiendo los derechos jubilatorios de los entrerrianos y entrerrianas que merecemos una vida digna», remarcó.

Redacción Página Gremial

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El proyecto de «Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional» quedó a un paso de convertirse en ley, luego de que las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados emitieran dictamen de mayoría. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado y fue modificada durante su tratamiento legislativo, quedó habilitada para su debate en el recinto.

Durante dos jornadas, los legisladores escucharon a autoridades de la Caja de Jubilaciones, representantes gremiales, integrantes de la Justicia y funcionarios provinciales, en un debate centrado en la sustentabilidad del sistema previsional y en el alcance de las modificaciones propuestas.

Alivio al déficit

En la primera jornada de exposiciones, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, defendió la reforma al sostener que el objetivo «no es bajar el déficit, sino garantizar que el sistema pueda seguir jubilando personas». Explicó que el gasto previsional es «sumamente rígido» y atribuyó la situación actual a un deterioro estructural, agravado por la falta de estudios actuariales, la disminución de aportantes activos y beneficios que consideró hoy insostenibles.

El funcionario estimó que la reforma permitirá un alivio de alrededor de $3.500 millones mensuales, aunque aclaró que ese monto equivale al costo que demanda el ingreso de nuevas jubilaciones y no implica una solución definitiva del déficit. Además, cuestionó la falta de auditorías y de reclamos formales durante gestiones anteriores por los fondos que la Nación debía transferir a Entre Ríos para financiar la Caja, y recordó que la provincia mantiene una demanda ante la Corte Suprema para recuperar esos recursos.

Sindicatos y jubilados

Entre los sectores convocados estuvieron representantes de Agmer, UPCN, ATE, AJER, AMET y otros gremios y organizaciones vinculadas al sistema previsional, quienes reiteraron sus objeciones a distintos aspectos de la iniciativa, especialmente a los cambios en el cálculo del haber inicial, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y otros puntos que, según advirtieron, podrían afectar derechos previsionales.

Discusión

En el intercambio entre los integrantes de las comisiones, el oficialismo defendió la necesidad de avanzar con la reforma. El diputado Jorge Maier rechazó las críticas por un supuesto tratamiento acelerado y sostuvo que se trata de una discusión pendiente desde hace años. María Elena Romero, en tanto, insistió en el reclamo de la provincia por la deuda previsional que mantiene la Nación.

Desde la oposición, Juan José Bahillo ratificó el rechazo de su bloque al proyecto y cuestionó el cambio de 10 a 15 años para el cálculo del haber inicial, al considerar que implicará una reducción en las futuras jubilaciones. María Laura Stratta pidió un debate «respetuoso y maduro», con «prudencia y humanidad» frente a una problemática de alta sensibilidad social.

Más expositores

En la segunda jornada expusieron el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Cánepa reconoció que “hay que reformar la Caja”, pero advirtió “ciertas tensiones respecto de algunos artículos con criterios jurisprudenciales y con principios constitucionales”, cuestionó que el proyecto declare una emergencia de dos años por ser un plazo “amplio” y “sin control de la Legislatura”.

También criticó las delegaciones legislativas en favor del Poder Ejecutivo para fijar el haber inicial y la movilidad debido a que generan “incertidumbre” y pueden “distorsionar la relación jurídica de empleo”, al tiempo que alertó sobre la jubilación de oficio sosteniendo que “el empleado público tiene estabilidad propia garantizada por la Constitución Provincial”.

Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, repasó el reclamo judicial que Entre Ríos mantiene ante la Corte Suprema por la deuda previsional de la Nación y sostuvo que, además de ese litigio, la provincia debe avanzar en reformas estructurales para garantizar la sustentabilidad del sistema.

Señaló que la demanda iniciada en 2024 responde a un desfinanciamiento histórico agravado por la eliminación de los adelantos nacionales para cubrir el déficit previsional. Aclaró que el juicio «no resuelve el problema de fondo», por lo que consideró necesario mejorar la previsibilidad del sistema, reducir la brecha entre ingresos y egresos, debatir la edad jubilatoria y revisar la movilidad, aunque destacó que el derecho de Entre Ríos a percibir esos fondos «está consolidado» por la Corte Suprema.

A recinto

Con la firma del dictamen de mayoría, el proyecto concluyó su tratamiento en comisión y quedó en condiciones de ser debatido en una próxima sesión de la Cámara de Diputados. De ser aprobado sin nuevas modificaciones, la reforma previsional quedará sancionada definitivamente.

Redacción Página Gremial

Fuente: Cámara de Diputados de Entre Ríos

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Aunque la medida tiene como detonante inmediato el fracaso de la paritaria docente y la decisión del Ejecutivo de otorgar el aumento por decreto, resulta imposible desligarla del escenario político que dejó la reforma previsional. Fundamentalmente porque el sindicato docente interpreta ambas decisiones como parte de la misma lógica de ajuste del gobierno provincial.

Así lo expresó en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales realizado el lunes pasado, donde describió un «complejo escenario, donde el plan de saqueo y ajuste del gobierno de Milei e instrumentado por Frigerio en la provincia de Entre Ríos tiene como resultado un escenario social delicado marcado por un profundo empobrecimiento».

Judicialización

ATE, por su parte, anticipa una nueva etapa centrada en la judicialización de la norma, al considerar que la ley presenta aspectos que podrían ser declarados inconstitucionales.

En ese marco, hay que señalar que el Ejecutivo impulsa la reglamentación del artículo 60 de la Constitución provincial, que establece que una ley queda derogada cuando acumula tres sentencias firmes del Superior Tribunal de Justicia.

Esa reglamentación, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, introduce nuevos requisitos y complejiza ese mecanismo. Por ello, distintos sectores interpretan que su objetivo es desalentar o incluso limitar las acciones de inconstitucionalidad que podrían promoverse contra la reforma previsional.

Movilización

El sindicato estatal atribuye a la presión ejercida por la Multisectorial las modificaciones introducidas por el oficialismo respecto de la iniciativa original, una lectura que busca instalar como argumento para mantener la movilización.

En esa construcción discursiva se inscribe también la propuesta del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional (Fisper), reforzando la idea de que existían opciones para discutir el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, como alternativa al ajuste sobre trabajadores y jubilados.

El escenario, con la Cámara de Diputados como próximo espacio de debate, anticipa nuevas jornadas de conflictividad con un mismo objetivo: intentar impedir que la reforma previsional complete su recorrido parlamentario.

Redacción Página Gremial

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Entre las propuestas que impulsa la Multisectorial se encuentra la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper), una herramienta que, según plantean, permitiría generar recursos para financiar el sistema previsional mediante aportes de los sectores que obtienen mayores beneficios económicos a partir de los recursos de la provincia.

Bajo la consigna “No a la reforma previsional”, los integrantes del espacio sostienen que el debate no debe centrarse en medidas de ajuste sobre las y los trabajadores, sino en mecanismos alternativos de financiamiento que preserven el carácter solidario del régimen jubilatorio provincial.

Luego de las jornadas de difusión y volanteada, la Multisectorial anticipó que continuará con las acciones de visibilización del conflicto y que una de las medidas en análisis es la realización de una movilización provincial coincidiendo con el tratamiento legislativo de la reforma en la Cámara de Senadores. Según indicaron, el objetivo es expresar el rechazo al proyecto y reclamar que se consideren alternativas como el Fisper para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

Redacción Página Gremial

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En conferencia de prensa, el titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, dio detalles del plan de acción. Anunció que el miércoles 24 de junio se llevarán adelante volanteadas simultáneas en Paraná, Concordia y Gualeguaychú; mientras que se concretará un paro general en toda la provincia el día que el proyecto sea tratado en sesión del Senado.

También se escucharon diversas críticas al proyecto de parte de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Asociación del Personal Superior (APS) y la Federación de Jubilados de la provincia.

Por último, se informó que se mantendrá la carpa que Agmer instaló en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno.

Redacción Página Gremial

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