Al finalizar la cadena nacional con la que el presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso de la Nación un paquete de proyectos para resguardar la soberanía en las Islas Malvinas, el titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó: «Te parecés bastante a Galtieri».

Para el dirigente gremial “cuando la lucha de los trabajadores y del pueblo los empezó a acorralar, los dos quisieron fugarse hacia adelante hablando de la soberanía de las Malvinas”.

En el mismo texto, Aguiar añadió: “Y otra coincidencia más: ambos pensaban que tenían a Estados Unidos de su lado. Qué ilusos!!”.

El dirigente gremial le marcó al primer mandatario el cambio discursivo. “Lindo volantazo discursivo metiste eh!! Te apropiaste de la bandera del Mundial, pero nunca la sentiste como propia. De admirar a Thatcher y defender el principio de autodeterminación de los pueblos, pasaste a enarbolar la causa Malvinas. Qué pasó? La gente no te banca más?”.

Y concluyó: “Hablás de consensos como país. Las Malvinas es uno de ellos, pero también lo son las jubilaciones dignas, los salarios justos y el empleo de calidad, cosas que vos nunca vas a garantizar”.

Redacción Página Gremial

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“Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el sindicato convocará en las próximas horas a un plenario federal de delegados para la semana que viene y evaluar el plan de acción: “Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio”.

“Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada. Es una tomada de pelo. No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. No queda ninguna duda, después de esta paritaria los estatales estamos mucho peor que antes”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Poder adquisitivo en declive

Desde que asumió Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo supera el 44% en la administración pública nacional (CCT 214/06), con paritarias a la baja rechazadas sistemáticamente por ATE y aceptadas por UPCN.

Cabe recordar que ATE realizó una encuesta a trabajadores de todos los organismos y ministerios en cada una de las provincias y arrojó como resultado que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.

Salario FRESU de $3.065.161

Paralelamente, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, en su informe mensual realizado con datos oficiales del Indec y ponderado en función de las necesidades básicas de los trabajadores, señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de $3.065.161 para no ser pobre.

El mismo informe da cuenta de que en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió en promedio 14,9 millones de pesos durante la gestión de Javier Milei.

Página Gremial

Con información de ATE Nacional

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En declaraciones a Página Gremial, Muntes valoró el desarrollo de la jornada electoral que movilizó a miles de afiliados en la provincia y destacó el respaldo de las y los trabajadores al proyecto de la central. “Si bien a nivel provincial presentamos lista única, en el plano nacional compitieron dos propuestas. Fue muy buena la participación, fundamentalmente en la capital provincial, donde muchos compañeros y compañeras se acercaron a emitir su voto”, expresó.

Unificar la lucha y resistir

Asimismo, el dirigente subrayó el proceso de articulación que transitan la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores contra las políticas de ajuste. Dijo que el objetivo es “unificarnos no solo en la lucha, sino también en un programa que nos incluya. El gran desafío de la clase trabajadora es unificar criterios para resistir los embates que lleva adelante el presidente Milei y el gobernador Frigerio, articulando fuerzas con todas las centrales obreras, multisectoriales y sectores en lucha”, afirmó.

En esa línea, Muntes remarcó la importancia de debatir propuestas y trabajar en la construcción de una plataforma política con protagonismo de la clase trabajadora. Mencionó como ejemplo el documento presentado en el plenario de la militancia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que se desarrolló en Concordia. En el encuentro se analizó la realidad política, económica y social que atraviesan la provincia y el país. Las exposiciones y el posterior intercambio de opiniones entre las y los participantes permitieron debatir las consecuencias del modelo de ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

«La CTA Autónoma no es ajena a esta realidad, es parte de esta construcción política orientada a consolidar un gran frente que nos lleve a ser gobierno para garantizar que la mayoría de los argentinos y entrerrianos salgamos de la pobreza y que podamos tener una visualización de una vida mucho más justa”, aseveró Muntes añadiendo que es necesario “convocar a todos los sectores para seguir luchando, creciendo y militando, pero fundamentalmente en unidad de la clase trabajadora, por una sociedad que nos integre a todos y todas”.

En miras al 2027

En el plano político, el dirigente ratificó que “es necesario que el movimiento obrero recupere el lugar que hemos tenido históricamente como columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista. Si somos la columna vertebral del justicialismo, ¿por qué no tener representantes los trabajadores y trabajadoras?”, cuestionó el dirigente gremial. Y agregó: “Prácticamente, somos la única provincia que no tenemos representante de la clase trabajadora, por eso es necesario militar trabajar y tener representantes para ocupar diferentes lugares, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque es clave donde hay un trabajador, seguro hay un derecho más conquistado”.

CTA Autónoma Entre Ríos

En Entre Ríos, 4147 votos garantizaron la reelección de Oscar Muntes como secretario General de la CTA Autónoma Entre Ríos. En las mesas ejecutivas locales, la Lista 1 se impuso con la elección de las siguientes autoridades:

• Paraná: Gisela Torres y Malena Turello
• Victoria: Horacio Rizzi y Vanina Sánchez
• Rosario del Tala: Diego Blanco y María Erminda Ramírez
• Gualeguay: Ana Soledad Rodríguez y Héctor Cabrera
• Colón: Mauricio Fabián Larrosa y Liliana Analía López
• Concordia: José Ramón Cabrera y María Dolores Vilche
• San Benito: Sofía Romero y Valeria Zurita
• Federal: Aníbal González y Diana Bracco
• La Paz: Dora Elba Ortíz y Rubén Roberto Faviere
• Gualeguaychú: Alberto Mendoza y Agustina Moussou
• Villaguay: Carlos Monjo y Félix Verón
• Concepción del Uruguay: Marian del Carmen Carelli y Francisco Sprovieri
• Feliciano: Nelson Ipharraguerre y Marisol Piriz
• Federación: Héctor Ortíz y Bárbara Masetto
• Diamante: Iris Patterer y Oscar Burne
• Islas del Ibicuy: Stella Maris Galeano y Dardo Ferrutti

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que todas estas son actividades y funciones irrenunciables del Estado. También cuestionó que, «bajo la excusa de buscar ‘herramientas’ para el Poder Ejecutivo, pretenden entregar a la lógica del lucro mercantilista funciones que la propia Constitución reserva al Estado»

El gremio repudió las declaraciones de legisladores oficialistas que “pretenden naturalizar la entrega del patrimonio público, admitiendo sin tapujos que este proyecto responde a un pedido directo del Poder Ejecutivo y que abren el camino para que capitales privados —incluso extranjeros— pasen a gestionar servicios que deben ser públicos”, apuntó.

“Salud, Educación, Seguridad y Justicia no son mercancías, son derechos humanos que el Estado debe garantizar”, sostuvo. A la vez, recordó experiencias anteriores de privatización y concesión en el país y en la provincia, y señaló que esos procesos “solo trajeron desempleo, vaciamiento, deterioro del servicio y pérdidas millonarias para el erario público”.

Por último, ATE llamó “a la reflexión a la totalidad de las y los legisladores para que detengan este atropello inconstitucional antes de su tratamiento definitivo”.

Qué dice el proyecto

La iniciativa propone modificar el artículo 5 de la Ley N° 11.280 de Concesiones, que fue aprobada en abril pasado.

se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia y ya cuenta con dictamen de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

Redacción Página Gremial

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Según el estudio realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el 87% de los estatales tiene deudas vigentes, y un 73% sostiene compromisos financieros con múltiples entidades. El 40% recurre al crédito para afrontar urgencias médicas, educación, alquileres o expensas. Mientras que el 37% se endeuda para comprar comida, ropa o refinanciar deudas previas.

Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, analizó el estudio cuantitativo y advirtió que el alto nivel de endeudamiento “precariza la vida y enferma a los trabajadores”. En esa línea, responsabilizó de forma directa a la gestión oficial: “El Gobierno es el único responsable porque la gente se está endeudando solo para tapar la caída del salario real”.

El dirigente gremial cuestionó las medidas vigentes y sostuvo que el propio Estado deteriora los ingresos para luego impulsar el uso del crédito. “Es un círculo vicioso: en lugar de atacar la inflación y controlar los precios, el Estado facilita los créditos y ofrece la deuda como la única solución”, sentenció Aguiar.

Por debajo de la canasta familiar

En el plano local, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, coincidió con el diagnóstico nacional y habló sobre la grave situación que atraviesan las y los trabajadores estatales en la provincia. “No hay duda de ese nivel de endeudamiento; la mayoría no llega a fin de mes por el costo de alquileres y servicios, pero también se están endeudando y tarjeteando para comer”, afirmó en diálogo con Página Gremial.

El dirigente gremial remarcó que más del 85% de los representados por el sindicato percibe ingresos por debajo de la canasta familiar, situación que se profundiza a nivel municipal. “Es una situación muy compleja y difícil la que está viviendo la clase trabajadora, realmente los estatales la estamos pasando muy mal”, aseveró Muntes.

Pluriempleo

Ante la pérdida de poder adquisitivo, el 55,4% de los encuestados afirmó tener más de un trabajo para complementar sus ingresos o buscar estabilidad económica. De esa porción, el 56% son mujeres y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para mantener los gastos del hogar. Además, el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.

Salud mental

Los resultados de la encuesta nacional también evidenciaron un grave impacto en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico en el último año. El 19,5% reportó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, 16% desánimo y 15% insomnio.

Recortes

Para evitar un mayor nivel de endeudamiento, los trabajadores recurrieron a diversos recortes cotidianos. El 39,2% canceló actividades recreativas y formativas (salidas, talleres y cursos), un 29,5% dedica más tiempo a la búsqueda de promociones y un 22,9% asumió tareas del hogar que antes delegaba, como la limpieza del hogar.

Según informó ATE, el relevamiento abarcó a trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Provincial (41,7%), Municipal (5,8%), Empresas Estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), con un promedio de 45 años.

Redacción Página Gremial

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Desde el sindicato se evalúa la posibilidad de marchar junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

A nivel local, la seccional provincial ratificó su plena adhesión a la medida. En diálogo con Página Gremial, Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, confirmó la participación del gremio en la protesta nacional. “Nuestro objetivo es que Milei no pueda seguir avanzando, y ahí tenemos que articular todos los sectores”, aseveró.

Asimismo, anunció que el viernes 7 de agosto acompañarán la Jornada Nacional de Lucha, en el marco del Día de San Cayetano y bajo la consigna de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. “Es una Jornada Nacional de Lucha en defensa del Estado y del trabajo, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ahí vamos a estar militando desde la Multisectorial con paro y movilización”, señaló el dirigente sindical.

En este sentido, Muntes sostuvo que la Multisectorial tiene que estar esa articulación con un claro mensaje a la oposición de cara al 2027: “No podemos permitir que se administre lo que deja este gobierno, no solo hay que recuperar los derechos, sino ir por más”, afirmó.

Salarios en caída y pérdida del poder adquisitivo

Uno de los ejes centrales del reclamo es pérdida del poder adquisitivo del sector público frente a paritarias cerradas a la baja. Según datos del propio sindicato, en lo que va de 2026 los incrementos para la Administración Pública Nacional alcanzaron un 12,9% a junio, frente a una inflación acumulada del 16,9% en el mismo período.

El panorama es aún más crítico al analizar el impacto de las tarifas y la inflación general acumulada durante la gestión de Javier Milei. Los servicios públicos registraron un incremento del 919%, mientras que el poder adquisitivo en el sector público sufrió una contracción del 45%.

Desde ATE también alertan sobre el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales a través de entidades bancarias, billeteras virtuales o prestamistas.

Además del impacto salarial y la preocupación por el cierre o achicamiento de organismos nacionales, la profunda crisis se ve reflejada también en los sectores productivos con la pérdida de miles de puestos de trabajo en todo el país durante los últimos dos años y medio.

Redacción Página Gremial

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La Cámara de Diputados de Entre Ríos, en la sesión ordinaria de este miércoles, dio sanción definitiva a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial (18 votos contra 12). Este resultado generó un duro rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER).

En paralelo al tratamiento legislativo, los gremios que integran la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional se movilizaron hacia Casa de Gobierno y permanecieron concentrados durante toda la sesión para ratificar su postura contra la iniciativa. Por su parte, UPCN llevó adelante un paro activo en toda la provincia, con eje en el reclamo por una mejora salarial y en oposición a la reforma previsional.

ATE: “No solo hay que recuperar derechos, sino ir por más”

Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, calificó la modificación de la Ley 8.732 como un “retroceso” y denunció que se trata de un “brutal ajuste hacia la clase trabajadora”.

En esta línea, el dirigente sindical consideró que la aprobación de la iniciativa fue posible porque el gobierno “necesitó quebrar la resistencia ante la oposición” entendiendo que “hubo dos senadoras que fueron cooptadas por el gobierno provincial”. Esto garantizó la sanción inicial en el Senado para que el proyecto avanzara a Diputados y terminara convirtiéndose hoy en ley.

Ante este escenario, Muntes anunció que el próximo 7 de agosto llevarán adelante una jornada nacional de lucha con paro y movilización en todo el país en defensa del Estado y los derechos de las y los trabajadores. La medida será impulsada en la provincia con la Multisectorial, espacio que «defiende no solo la reforma previsional sino también nuestra obra social, los despidos y los cierres de las fábricas en nuestra provincia”, recordó tras señalar: “Nuestro objetivo es que Milei no pueda seguir avanzando”.

El titular de ATE cuestionó la gestión nacional de Javier Milei y al gobierno de Rogelio Frigerio. “No podemos permitir que piensen en administrar lo que deja este gobierno; no solo hay que recuperar derechos, sino ir por más”, concluyó.

Agmer: “El Gobierno profundiza el proceso de empobrecimiento”

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, aseguró que la sanción de la reforma previsional “es un paso más en el proceso de empobrecimiento de parte de Frigerio, que termina ajustando haberes de los trabajadores, afectando derechos y cumple en hacer la tarea de lo que le pide el Gobierno nacional en línea con un pedido del FMI”.

El dirigente informó que el sindicato comenzará a estudiar la norma junto a la Multisectorial. “Vamos a tomarnos unos días, pero empezamos a tener fundamento jurídico como para avanzar en una denuncia de cara a la inconstitucionalidad. En breve estaremos tomando esa definición”, señaló.

Antivero sostuvo que durante el tratamiento legislativo Agmer expuso “casos fácticos donde demostramos que esta iniciativa es un ajuste, que el 82% móvil se desdibujaba y se perdía”, pero cuestionó que “aun así los legisladores terminaron votando a favor”. En contraposición, destacó la postura del diputado Carlos Damasco, «que entendió que era un plan de ajuste, se comprometió a no votarlo y cumplió», y cuestionó a otros legisladores al afirmar que “muchos no habían leído el proyecto” y que “legislan con una irresponsabilidad tremenda”.

El dirigente gremial respondió a las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio sobre el “coraje” para impulsar la reforma. “Coraje hay que tener para ir contra los grupos concentrados de la economía. Venir contra nosotros no tiene nada de coraje”, sostuvo. Y concluyó: “Ese es el ADN del pensamiento del Gobierno; así han construido sentido en la sociedad, tanto Frigerio como los funcionarios”.

Agmer realizará su Congreso provincial el próximo 6 de agosto en La Paz, donde, según adelantó Antivero, “va a surgir un plan de lucha” que incluirá la continuidad del reclamo salarial y el análisis de la reforma previsional.

AJER: “Buscan transformar la Caja en Anses”

El secretario general de AJER, José María Segura, aseveró que el Gobierno “terminó de concretar un objetivo que se puso desde el principio, que es transformar a la Caja en la Anses: jubilaciones de pobreza y con una actualización que va a depender de la voluntad de cada gobierno de turno”.

El dirigente afirmó que la reforma “significa el empobrecimiento de los jubilados” y también perjudica a los trabajadores activos. En ese sentido, cuestionó la emergencia previsional por hasta cuatro años y el aporte extraordinario del 3% para salarios superiores a los tres millones de pesos. “El aporte jubilatorio se iría a 22%. Es otra disminución de los salarios”, sostuvo, y agregó que la ley incorpora “la suba de la edad y una serie de decisiones que son todas en perjuicio de los trabajadores”.

Segura lamentó “la necedad del Gobierno de no escuchar el reclamo de los trabajadores” y confirmó que AJER estudiará “todas las presentaciones judiciales que se puedan hacer”, especialmente por la inconstitucionalidad de la emergencia, el aumento de aportes, la delegación de facultades al gobernador y la eliminación de la movilidad previsional. Y acotó :“Esto afecta derechos adquiridos y el principio de progresividad”.

Finalmente, indicó que el gremio recibió el respaldo de organizaciones que integran la Federación Judicial Argentina y advirtió que la reforma entrerriana forma parte de una estrategia más amplia. “Se está viendo con absoluta claridad la intención de reducir el gasto de la seguridad social a nivel nacional. Esto se viene para el resto de las provincias que no han transferido sus cajas”, cerró.

UPCN: “No es momento de bajar los brazos”

En el marco del paro activo concretado este miércoles, UPCN fijó postura tras la aprobación de la reforma previsional en la provincia. Carina Domínguez, secretaria adjunta del gremio, señaló que la jornada sirvió para debatir y organizar a las bases, al tiempo que remarcó que el resultado era “un final casi esperado” debido a las conversaciones previas del Ejecutivo con la Cámara de Senadores.

A pesar de que el gremio fue crítico con varios aspectos de la iniciativa, como el método de prorrateo para calcular el haber inicial y la cláusula que permitiría trasladar automáticamente un eventual aumento de la edad jubilatoria nacional a la provincia, Domínguez destacó: “Dimos la discusión posible y logramos modificar algunos aspectos. Que no nos hayan escuchado en todo no significa bajar los brazos”, afirmó tras advertir que la reforma “no es integral”.

De cara a los próximos pasos, la dirigente sindical remarcó que la atención estará puesta en dos instancias clave: la reglamentación de la ley y la creación de una comisión de seguimiento que funcione de manera complementaria para evaluar su aplicación.

Redacción Página Gremial

Fotos: La lucha en la calle

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Al mismo tiempo que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto de «Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional» en la Cámara de Diputados, diversos gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja –entre ellos Agmer, ATE, AJER y AMET– realizarán un paro con movilización para expresar nuevamente el rechazo de un amplio sector de trabajadores que considera que la reforma implica un retroceso en materia de derechos previsionales.

La convocatoria prevé una concentración a las 9:30 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y una marcha hacia la Casa de Gobierno, donde docentes, estatales y distintas organizaciones permanecerán mientras se desarrolle la sesión de Diputados, prevista para las 11.

Para Agmer, la movilización representa el último intento de incidir sobre una decisión política que considera prácticamente resuelta. En el comunicado difundido para convocar a la protesta, el gremio sostuvo que los diputados definirán «el futuro de nuestra Ley Previsional» y llamó a manifestarse «contra la reforma, la quita de derechos y el saqueo». También cuestionó que la iniciativa avance «a espaldas del pueblo trabajador» y reclamó a los legisladores que no sesionen sin escuchar los planteos de quienes serán alcanzados por la norma.

El sindicato docente inscribe esta jornada en un proceso de resistencia que lleva más de diez semanas, con paros, carpa, movilizaciones y presentaciones ante la Legislatura. Durante ese período, los gremios insistieron en la necesidad de abrir una instancia de discusión más amplia, pero denuncian que el tratamiento parlamentario avanzó con una velocidad que dejó escaso margen para introducir modificaciones de fondo.

Tratamiento legislativo bajo cuestionamiento

Ese planteo encuentra sustento en el recorrido legislativo de la iniciativa. Tras obtener aprobación en el Senado el 15 de julio, luego de un extenso debate en comisiones, el proyecto transitó por Diputados en apenas dos jornadas de trabajo. Aunque las comisiones escucharon a autoridades de la Caja de Jubilaciones, representantes sindicales, integrantes de la Justicia y funcionarios provinciales, el cronograma se aceleró y finalmente no expusieron el ministro de Economía, Fabián Boleas, ni representantes de entidades empresarias que habían sido convocados.

Horas después de escuchar al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al presidente de la Asociación de la Magistratura, Alejandro Cánepa, el oficialismo firmó el dictamen de mayoría y dejó el proyecto en condiciones de llegar al recinto.

Miradas contrapuestas

Durante ese debate quedaron expuestas dos miradas contrapuestas sobre el futuro del sistema previsional. Desde el Ejecutivo, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, defendió la reforma como una herramienta para garantizar la sustentabilidad del organismo y sostuvo que permitirá aliviar en unos $3.500 millones mensuales el desequilibrio financiero. A su vez, Rodríguez Signes argumentó que, aun si la provincia logra recuperar fondos adeudados por la Nación mediante la demanda que tramita ante la Corte Suprema, seguirá siendo necesario avanzar con reformas estructurales para reducir la brecha entre ingresos y egresos.

Los sindicatos, en cambio, sostienen que el problema financiero no puede resolverse a costa de modificar derechos previsionales. Durante las audiencias legislativas cuestionaron especialmente el cambio en el cálculo del haber inicial, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para reglamentar aspectos centrales de la ley y la posibilidad de que futuras modificaciones de la normativa nacional terminen impactando sobre el régimen entrerriano.

En ese contexto, la secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, advirtió que la reforma «afecta derechos tanto de quienes ya están jubilados como de quienes se van a jubilar» y cuestionó el argumento oficial de la urgencia. “Hay que tomarse el tiempo, no pueden sancionar la ley y lo saben”, sostuvo en diálogo con APFDigital.

La dirigente también denunció que las comisiones trabajaron bajo un cronograma que no garantizó un debate genuino. «Entendemos que hay un apuro y que no están dispuestos a escuchar ni a introducir las reformas que se les están planteando. No hay consenso social para esta ley», afirmó.

Desde AMET se sumaron a la convocatoria a paro y movilización y señalaron que esta acción se enmarca en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y ratificaron su oposición a la reforma previsional.

Los judiciales de AJER, que también adhirieron a la medida, advirtieron que la iniciativa elimina beneficios históricos, modifica las condiciones de acceso a la jubilación y aumenta los aportes para parte de los trabajadores.

La Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos acompañará la movilización. «Estaremos afuera de la Legislatura defendiendo los derechos jubilatorios de los entrerrianos y entrerrianas que merecemos una vida digna», remarcó.

Redacción Página Gremial

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Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi; y de Previsión y Seguridad Social, a cargo de la diputada Érica Vilma Vázquez, comenzaron a tratar esta tarde el Expediente Nº 29.406, proyecto de Ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

Estuvieron presentes la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) y Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

La palabra de los Jubilados

La primera exposición estuvo a cargo de Oscar Pirillo, presidente de la Federación de jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos. Lo acompañó Claudia Vallori, vocal electa en la Caja de Jubilaciones. En el documento, consensuado por la mayoría de los jubilados, consideran que el proyecto de ley carece de fundamentos económicos claros que justifiquen la declaración de emergencia y los cambios propuestos al sistema previsional.

Entienden que debería exigirse, previo a la sanción de la norma, que se haga pública “cuál sería la evolución sucesiva en el tiempo de la situación deficitaria de la Caja, que justifique los números tributarios y finales por la implementación de la nueva ley”.

Entre otros puntos, afirman que es fundamental que la nueva ley “no tenga efecto retroactivo” y garantice los derechos adquiridos de los actuales beneficiarios del sistema previsional de la Ley 8732.

Además, consideran que muchas de las modificaciones “podrían ser objeto de control judicial si se consideran lesivas de derechos previsionales adquiridos o principios constitucionales”.  

Por su parte, Vallori agradeció la invitación y dijo: “Pensábamos que en este tratamiento tan exprés podían omitir que nos convoquen”. Recordó que la Federación de Jubilados tiene más años que la de Caja de Jubilaciones, porque surge en 1949. “Toda la historia de la Federación tuvo que ver con ir conquistando derechos para las personas jubiladas y pensionadas. Y estos derechos quedaron plasmados en la última normativa, que es la ley 8732”, indicó.  

En otro fragmento de su exposición, Vallori enumeró los principales puntos que preocupan al sector y luego manifestó: “Nos encantaría que nos digan si estas reformas realmente merecen el sacrificio que van a tener los trabajadores, los jubilados y pensionados actuales para que realmente merezca que se apruebe como tal”.

“No a la reforma, la caja no se toca”, dijo finalmente tras solicitar a los legisladores “responsabilidad” a la hora de votar.

AMET: “No queremos la reforma”

Luego, fue el turno de Roberto Aguirre, secretario de Gremiales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Agradeció la invitación y expresó: “Esperemos que algunos de los puntos que tenemos como relevantes se tomen en cuenta. No queremos ser meros espectadores”, sostuvo.

Desde AMET se expresó el rechazo a la modificación de la Ley 8732, una norma que constituye un pilar fundamental del sistema previsional. “No queremos la reforma, creemos que la ley está bien como está”, afirmó.

Consideran que la reforma previsional propuesta es perjudicial: aumenta la edad, reduce aportes y genera montos en negro que afectan el salario y la jubilación docente. Entienden que la reforma implica un retroceso en los derechos conquistados. “No es el momento de quitarle más derecho y tampoco quitarle más fondos a los docentes”, cerró el dirigente gremial.

Agmer: “Se trata de un ajuste”

A su turno, Abel Antivero habló por Agmer y también por UDA y Sadop, cuyos representantes quedaron fuera de la convocatoria.

Sobre el argumento de que el proyecto resolverá el déficit de la Caja de Jubilaciones, indicó que el Gobierno “habla en términos empresariales” y que “ningún sistema previsional del país, ni del mundo, da superávit”.

“Cuando se habla de la sustentabilidad de la Caja se habla de tres activos o cuatro activos por un jubilado. Pero ese número se irá reduciendo porque esta gestión no ha generado ingreso de personal al Estado. Hoy en las escuelas faltan cocineros, ni hay designación de ordenanzas”, ejemplificó.

Antivero desmintió que el proyecto respetará el 82% móvil y afirmó que «se mantiene la movilidad atada paritaria de los trabajadores de la Administración Pública, y en base a la forma de mayor cantidad de aportantes del Estado provincial». A la vez se preguntó qué garantías hay de tener incremento salarial para los jubilados cuando las paritarias acaban de fracasar por tercera vez en el año, y cuando se profundiza el pago de montos en negro.

Según Antivero el proyecto genera conflictividad social y no resuelve el déficit. “Se busca cumplir con una tarea mandada por el gobierno nacional, y en esa línea, por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. «Esta reforma previsional no deja de ser un ajuste planificado por el Poder Ejecutivo».

Finalmente pidió a los diputados votar con conciencia, respondiendo al pueblo entrerriano. «Muchos van a tener que volver a su localidad. Para algunos puede llegar a ser el fin de su carrera política, porque no vamos a dejar de señalar a aquellos que voten a favor de este plan de ajuste”.

APLER: “Que el que más tiene, más aporte”

El secretario general de APLER, Gilberto De Vecchio, sostuvo que la reforma previsional debe abordarse desde una perspectiva técnica y no ideológica, y recordó que la Multisectorial presentó una propuesta alternativa para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones mediante la creación de un fondo fiduciario financiado con acreencias de la Anses. En ese marco, planteó que el financiamiento del sistema debe apoyarse en un esquema donde «el que más tiene, más aporte», en lugar de trasladar el costo a trabajadores y jubilados.

El dirigente advirtió que el proyecto se debate en un contexto de fuerte deterioro económico, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de los trabajadores y el ajuste sobre el sector público. Como ejemplo, señaló que el 75% de los trabajadores entrerrianos destinó el aguinaldo al pago de deudas y cuestionó que una eventual suba de aportes previsionales termine absorbiendo los incrementos salariales que puedan acordarse en las paritarias.

Asimismo, De Vecchio afirmó que la iniciativa trasciende al empleo público y tendrá consecuencias sobre el conjunto de la sociedad. Si bien valoró la amplitud de la convocatoria realizada por la Cámara de Diputados, insistió en la necesidad de introducir modificaciones al proyecto para evitar un escenario de alta litigiosidad y sostuvo que profundizar el ajuste «solo deteriora el tejido social y genera más desigualdad», afectando tanto a trabajadores como a pequeños productores y comerciantes.

“Celebro el debate amplio que se está dando y que hayan sido convocados distintos sectores. Pero no podemos perder de vista el contexto de pérdida del poder adquisitivo y de endeudamiento generalizado”, apuntó. Y advirtió: “Si en la paritaria se propone un aumento del 3% y ese porcentaje termina absorbido por mayores aportes, el resultado es más ajuste. Y más ajuste deteriora el tejido social y genera más desigualdad. Eso no le conviene a nadie”.

Judiciales apuntan al contexto de empobrecimiento de los trabajadores

José María Segura de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) pidió debatir la Reforma Previsional en el contexto nacional, donde todas las medidas que se toman “son absolutamente en contra de los trabajadores”. Mencionó la Reforma Laboral, los despidos de miles de estatales, de la no homologación de convenios colectivos.“Hay una línea nacional que el gobienro de la provincia está acompañando”, afirmó y agregó: “Un proyecto social de progreso social, requiere indefectiblemente la mejora salarial. No hay progreso social con disminución de salarios, con empobrecimiento de los trabajadores”.

Mencionó también los despidos por cierres de comercios e industrias. “A esto le van a agregar una reducción de los salarios de los trabajadores activos, porque nos van a aumentar el 3% de aporte extra (…) Aplicada la ley, la eliminación de la movilidad significará una disminución de los salarios de los trabajadores jubilados. Y, los que se jubilen con la ley nueva lo harán con un porcentaje menor, lo que será otra disminución de salario”.

Como parte del contexto dijo que la provincia está siendo ahogada por el gobierno nacional, al cual no se le demadan los recursos que le corresponden por ley, como los de Anses, Fonid, los que se recaudan a través del combustible para reparar las rutas destruidas, enumeró.

Por otra parte vaticinó una “catarata de demandas” contra la inconstitucionalidad de muchos artículos como la delegación de funciones, prohibida por el artículo 45 de la Constitución, y otras cuestiones que quedan en el aire como el cálculo del haber mínimo inicial jubilatorio.

Por último manifestó que, en el marco de la Multisectorial, se abordaron alternativas para el financiamiento de la Caja como la de grabar a sectores de altos ingresos (grandes herencias) o la eliminación de la exención de impuestos a autos eléctricos. “La única solución no puede ser el empobrecimiento de los trabajadores, activos y jubilados”, puntualizó.

Viales piden restituir jubilaciones especiales

Federico Colominas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) interpeló a los legisladores por el artículo 19 del proyecto, que modifica el artículo 37 de la Ley 8.732, y deja fuera a los trabajadores viales de campaña de las jubilaciones especiales.

“El trabajador vial de campaña está en el camino, soporta bajas y altas temperaturas (…) tiene jornadas extensas, duerme arriba de un camión, en campamento o en casillas que no tienen condiciones habitables. Es aquel trabajador que muchas veces descarga los tubos de hormigón a mano porque no hay maquinaria, o aquel que está expuesto a vibraciones de equipos viejos, y otras condiciones de trabajo y salud deplorables por la función que cumple”, describió.

La jornada de trabajo del trabajador de campaña tiene un promedio de 9 horas diarias. “Casi dos días y medio por semana y más de 8 años comparando las jornadas laborales con la administración pública luego de 25 años de carrera, en las condiciones mencionadas», calculó.

Sostuvo que las jubilacioens especiales no son un privilegio para un determinado sector sino que se trata de una consideración por determinados tipo de tareas y que se les ha quitado el beneficio sin ningún fundamento técnico ni presupuestario. “Creo que es la oportunidad de corregir no solo esa injusticia, sino también otras injusticias que conlleva esta ley y es el momento de empezar a considerar propuestas alternativas”, concluyó.

ATE cuestionó el procedimiento y reclamó alternativas al ajuste

“Queremos hacer un llamado a la reflexión sobre la forma en que se están desarrollando estas instancias”, cuestionó el representante de ATE, Esteban Olarán. “Fuimos convocados esta misma mañana, en un contexto en el que ya circulan versiones públicas que sostienen que las posibilidades de modificar el proyecto son escasas o directamente nulas. Eso termina desvirtuando el debate colectivo que esta Cámara debería garantizar”, señaló.

El dirigente criticó que el Gobierno no haya brindado información técnica que justifique la reforma. “Hasta el momento nadie ha podido responder con precisión qué va a cambiar en la Caja de Jubilaciones. No se explicó cuánto se reduciría el déficit, cuál es la proyección financiera a 10, 20 o 30 años, ni qué escenario previsional se pretende construir. Sin esos datos es muy difícil discutir seriamente una reforma de esta magnitud”, expuso.

Olarán planteó que la discusión debería orientarse a buscar fuentes alternativas de financiamiento antes que avanzar sobre el régimen previsional. Recordó que ATE ya había reclamado, tanto a la actual gestión como a la anterior, un debate sobre la estructura productiva de la provincia y propuso gravar a los sectores de mayor capacidad contributiva. Además, advirtió que Entre Ríos ya perdió más de 9.000 puestos de trabajo entre el sector público y el privado, por lo que consideró inconveniente adoptar medidas que profundicen el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

Finalmente, defendió la Caja de Jubilaciones como una política de Estado y reclamó que cualquier reforma preserve los derechos adquiridos. Si bien reconoció la necesidad de abordar el déficit previsional, sostuvo que el Gobierno desestimó las propuestas alternativas presentadas por los gremios y reiteró la disposición del sindicato a seguir participando de una discusión que priorice soluciones estructurales sin trasladar el costo del equilibrio fiscal a los trabajadores activos y pasivos.

UPCN defendió el diálogo y ratificó sus objeciones

Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, defendió la decisión de participar en el debate de la reforma previsional y rechazó las críticas recibidas por esa postura. Sostuvo que el gremio nunca acompañó el proyecto del Gobierno, sino que optó por intervenir en la discusión para defender los derechos de los trabajadores. “Representar a los trabajadores implica sentarse a discutir. Quienes sostuvieron que la ley no debía tocarse, en los hechos abandonaron esa discusión”, afirmó.

La dirigente remarcó que el rechazo a la reforma fue expresado desde el inicio del proceso, pero consideró que, frente a una decisión política ya tomada por el Ejecutivo, la obligación era intentar introducir cambios. En ese sentido, aseguró que el proyecto sufrió modificaciones durante el debate y sostuvo que, de haberse aprobado el texto original enviado por el Gobierno, la reforma habría sido mucho más perjudicial para los trabajadores.

Domínguez ratificó que UPCN mantiene diferencias de fondo con la iniciativa. Entre los aspectos cuestionados mencionó la declaración de la emergencia previsional, el nuevo esquema para el cálculo del haber inicial tomando los últimos 15 años de aportes, la redacción de artículos que consideró ambiguos y con potencial para generar litigiosidad, y la falta de incorporación de propuestas presentadas por el gremio, como una comisión de seguimiento y mayores mecanismos de transparencia.

Tras cuestionar el insuficiente tiempo otorgado a las organizaciones sindicales para exponer sus posiciones, la dirigente ratificó la disposición de UPCN de continuar participando de cada instancia de debate. Por último, adelantó que, en caso de aprobarse la reforma, el sindicato realizará un seguimiento de su reglamentación para defender los derechos de los estatales.

Redacción Página Gremial

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El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, que conduce Verónica Berisso y funciona en el Palacio de Educación, será escenario de una jornada de protesta convocada por la Multisectorial de las y los Trabajadores.

La convocatoria fue lanzada este martes en conferencia de prensa de la que participaron dirigentes de la CGT, las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el MST, el Polo Obrero, Barrios de Pie y el MTE, quienes coincidieron en denunciar el impacto del ajuste sobre el empleo, los ingresos y las políticas públicas.

La protesta frente al Ministerio será este miércoles 22 de julio a partir de las 10, concretamente en la esquina de Córdoba y Laprida, de Paraná.

Si bien la jornada se enmarca en la movilización por los jubilados convocada a nivel nacional por CGT y las dos CTA, en la provincia ATE convocó a las y los trabajadores estatales a realizar desde las 9 distintas modalidades de protesta en los lugares de trabajo, como asambleas, concentraciones y retiros, para luego confluir en la actividad central.

Unidad del reclamo

Desde la UTEP, Tamara Berales sostuvo que uno de los principales motivos de la jornada es la finalización del programa Volver al Trabajo, al que definió como el salario social complementario de la economía popular. También cuestionó la falta de convenios para las cooperativas y advirtió sobre el deterioro de las políticas alimentarias en la provincia.

«Venimos sintiendo el ajuste de las distintas políticas del gobierno nacional y del provincial, y eso afectó directamente a la clase trabajadora», denunció.

Por su parte, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, señaló que las políticas de los gobiernos de Javier Milei y Rogelio Frigerio profundizan el deterioro de las condiciones laborales y del Estado.

«El reclamo es claro y genuino frente a una realidad que nos impone más ajuste, más desempleo, más hambre y más destrucción del Estado. Al mismo tiempo, nos movilizamos en defensa de las y los jubilados», expresó.

Empleo, salarios y defensa del Estado

Entre los reclamos de ATE figuran el rechazo a las políticas de ajuste y los despidos en los sectores público y privado, la defensa del salario de las y los trabajadores activos, un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil que cubra el costo de la canasta básica, la defensa de la soberanía y el rechazo a la represión de la protesta social.

Desde la CCC, Arturo Sedano puso el foco en la pérdida de puestos de trabajo en Entre Ríos y reclamó medidas para reactivar la producción y el empleo. Según sostuvo, la provincia atraviesa un proceso de cierre de pymes y despidos que golpea tanto al sector industrial como al comercial.

A su turno, el secretario general de la CGT Paraná, Oscar Barbieri, sumó otros planteos vinculados con la reapertura de paritarias libres, la reactivación de la obra pública y del mercado interno, además de la continuidad del servicio ferroviario entre Paraná, La Picada, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda.

Continuidad del plan de lucha

Los dirigentes adelantaron que la movilización de este miércoles será el punto de partida de un plan de lucha que continuará el 7 de agosto, en el marco de la jornada de San Cayetano bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», y que tendrá una nueva instancia nacional durante octubre con la participación de las centrales sindicales y organizaciones sociales.

Al finalizar la concentración, la Multisectorial entregará a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano un documento con el conjunto de los reclamos. Según explicó Barbieri, el planteo está dirigido tanto al Gobierno provincial como al nacional. «Queremos que todos se hagan cargo. Los trabajadores y jubilados no somos responsables de la crisis«, remarcó.

Redacción Página Gremial

Con información de CGT, ATE, UTEP y APFDigital

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